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La causa por la ex Ciccone Calcográfica transcurre por andariveles muy distintos de los ruidos mediáticos y de parte de lo que se reflejó ayer en el debate en el Senado. Hoy por hoy, ni para el fiscal Jorge Di Lello ni para el juez Ariel Lijo el nombre de Amado Boudou aparece en el expediente con algún protagonismo; su firma en el dictamen sobre un plan de pagos de la AFIP es evaluada como “razonable” y ni siquiera aparecieron los anunciados videos, fotos o declaraciones ante escribano que demostrarían una relación entre el vicepresidente y el titular de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele, también apoderado del fondo que rescató la empresa, The Old Fund.

- Para la causa judicial, el punto nodal del momento tiene que ver con lo que fue el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica. La quiebra había sido pedida por la AFIP y el levantamiento también fue pedido por la AFIP dos meses más tarde, en septiembre de 2010. El juez quiere saber por qué la AFIP pidió que se levante la quiebra si en ese momento Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone, no había firmado aún la aceptación de un plan de pago por su deuda. Antes de fin de mes esto será respondido ante Lijo por uno de los principales funcionarios de la AFIP, Guillermo Michel.

- Cuando la AFIP pidió la quiebra, manifestó que el Estado quería quedarse con la empresa para imprimir billetes en la órbita de la Casa de Moneda. El juez Javier Cosentino se la entregó a Boldt, la empresa que maneja gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires. La familia Ciccone afirma que en ese momento advirtió que iba a perder la compañía y contrató a Vandenbroele, que ya había trabajado para ellos en 2004 cuando la firma entró en concurso de acreedores. Su objetivo fue recuperar la empresa.

- El camino para recuperar las máquinas fue el levantamiento de la quiebra. Según la familia Ciccone, fueron ellos los protagonistas de la iniciativa para levantar la quiebra, aunque parece clave el rol de The Old Fund, cuyos accionistas no se conocen. El titular del fondo es Vandenbroele y él dice que representa a los Ciccone, aunque consiguió los capitales “entre sus personas conocidas”. Aquí está parte de la pesquisa de Di Lello y Lijo.

- Una vez levantada la quiebra, la AFIP le pidió un dictamen al Ministerio de Economía, entonces a cargo de Boudou. El dictamen tenía que ver con un plan de pagos en que se condonaban intereses y multas. Boudou contestó que la AFIP debía preservar su función, que es la de recaudar, pero que el interés del Estado era preservar las fuentes de trabajo y una empresa estratégica. Hoy por hoy, en Tribunales consideran que ese dictamen es razonable.

- La AFIP es seguro que va a decir que el resultado está a la vista: no se le había podido cobrar nunca a Ciccone y, en cambio, con el levantamiento de la quiebra y un plan de pagos, ya se le cobraron unos siete millones de pesos. Esto es lo que tendrán que evaluar el fiscal y el juez.

- El otro punto clave del expediente está en los movimientos de fondos. Se calcula que The Old Fund aportó unos 50 millones de pesos para reactivar la ex Ciccone. Di Lello y Lijo están esperando los informes de la Unidad de Información Financiera para saber si el origen de los fondos fue legítimo.

- Uno de los hechos de mayor impacto mediático y que impulsó la causa fue la declaración de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz: sostuvo que él le manejaba negocios a Boudou y que se conocían de la juventud. Tanto el vice como Vandenbroele dicen no conocerse, algo que ni siquiera necesitaban afirmar. Quienes acusaron a Boudou prometieron fotos, videos, testigos y pruebas. En seis meses no apareció nada nítido. Se dijo que el fiscal tenía el video de un almuerzo entre Boudou y Vandenbroele en el Palacio Duhau. No existe tal video: el jefe de Seguridad del Duhau declaró que las imágenes de las cámaras de seguridad se borran cada 30 días. Se dijo que en la fiscalía se entregó una foto de Boudou y Vandenbroele. También resultó falso. A esta altura en la fiscalía y en el juzgado dicen que ni siquiera interesa: lo que importa es si los funcionarios actuaron correctamente y si hubo o no lavado de dinero.