Por considerar que fueron responsables de dieciséis casos de homicidios, tres tentativas y torturas, la querella de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el ex cabo Carlos Marandino, cuatro de los cinco acusados por los fusilamientos sucedidos en esa ciudad el 22 de agosto de 1972. Para Jorge Bautista, quien en la época de los hechos actuó como juez ad hoc de instrucción militar, el equipo jurídico compuesto por las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Daiana Fusca y el chubutense Eduardo Hualpa solicitó la pena de dos años de cárcel por encubridor de los delitos. A más de 40 años de los hechos, los abogados consideraron los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Para el momento en el que se producen los hechos de la causa se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentenciaron los abogados de la querella ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que comenzó en mayo de este año, en Rawson, a juzgar la masacre. Además, pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue denegada por la Justicia de Estados Unidos, donde reside desde 1974, y la investigación del médico Lisandro Lois –quien firmó los certificados de defunción de algunas de las víctimas de los fusilamientos– por “encubridor”.

Varsky concluyó ayer el alegato de la primera querella del juicio, que reclamó la misma pena para cuatro de los cinco acusados: “Todos como coautores funcionales de los delitos de homicidio, tentativa en tres casos, y torturas. Cada uno cumplió una función en el plan de asesinato”, explicó Varsky a este diario.

Según el análisis de los abogados, acorde con las pruebas expuestas en el debate –los testimonios de los testigos que declararon, los de los tres sobrevivientes aportados en diferentes registros y documentos varios–, “está claro que Sosa, Del Real y Marandino dispararon”. A Paccagnini se lo acusa “en base a una autoría mediata: por ser el jefe de la base; por ser el primero en ingresar al lugar de los hechos inmediatamente después de ocurridos los fusilamientos y también como responsable de las torturas que recibieron los presos en la base entre el 16 de agosto –cuando se entregan en el aeropuerto de Trelew tras la fuga trunca– y el 22 y de sus condiciones de detención allí”.

A Bautista lo acusaron de encubridor de los asesinatos y pidieron por ese delito dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que es la pena que el Código Penal de aquellos años establece –se toma la pena más benigna–. No obstante apuntaron que su cargo también es de lesa humanidad porque “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad alcanza no sólo a esos hechos per se, sino también a las autoridades del Estado que toleren su perpetuación”, explicó la abogada.

La querella de los familiares de las víctimas había comenzado a fundamentar su pedido el lunes. Esa primera parte del alegato, un repaso detallado de lo ocurrido durante el debate judicial, sirvió para contextualizar los asesinatos, “abrazar” el pedido de condena y otorgarle sentido: “La normativa represiva, las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas que seguían los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y las enseñanzas de la Escuela Francesa; la creación de un fuero antisubversivo y el Camarón –la Cámara Nacional en lo Penal, que tenía jurisdicción en todo el país para tratar exclusivamente casos de militantes políticos–, una fuerte represión a la población civil, la práctica sistemática de torturas, detenciones arbitrarias y las primeras desapariciones forzadas de personas”, enumeró en diálogo con Página/12 Varsky.

Ayer, al final del alegato concluyó que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’”. Según entendió el equipo de letrados, ese plan, “por su magnitud, características y sistematicidad” es razón “suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

Según los registros, Bravo reside en Estados Unidos desde 1974. A principios de 2008, el Estado argentino solicitó su extradición en el marco de la investigación de los fusilamientos de Trelew. La corte de Florida la denegó. Ayer, las abogadas del CELS y Hualpa solicitaron al Tribunal su deportación “en tanto quedó acreditado en el juicio que es uno de los autores del plan de asesinar a los militantes y que ni la Justicia militar, con Bautista a cargo de la instrucción militar, ni la Cámara Federal, el Camarón, avanzaron hace 40 años en investigar sobre los responsables de la masacre”.

Por último, el alegato pide que la Justicia investigue a Lisandro Lois, quien fue médico de la base y firmó los certificados de defunción de las víctimas que sobrevivieron en un primer momento al tiroteo, pero que luego mueren –es el caso de Pedro Bonet–. “A esas personas nadie les dio asistencia. Pedimos que se lo investigue por encubrimiento.” Lois fue, años más tarde, jefe de Sanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.