En vísperas de la consulta impulsada por Gran Bretaña entre los habitantes de las islas Malvinas acerca de su opinión sobre la soberanía del Atlántico Sur, la embajadora argentina en Londres recordó ayer que el referendo “no está supervisado por las Naciones Unidas y no será considerado” por ese organismo internacional, cuyas resoluciones apuntan a una solución negociada de la disputa. Entre hoy y mañana, alrededor de 1650 isleños están habilitados para votar si desean o no que el archipiélago continúe formando parte del Reino Unido bajo el status de territorio de ultramar. Las autoridades argentinas, respaldadas por el Mercosur y la Unasur, rechazan la validez de la votación, argumentando que la población malvinense es en su origen británica y ha sido implantada, por lo que el caso no se encuadra bajo el principio del derecho a la libre determinación de los pueblos sino que se trata de un caso de colonialismo, en coincidencia con lo establecido por la ONU en múltiples resoluciones.

“Los habitantes que viven en Malvinas tienen derechos civiles y derechos políticos, pero no tienen el derecho de dirimir la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido”, afirmó Castro, quien insistió en el carácter “ilegal” del proceso que se llevará a cabo entre hoy y mañana, de diez de la mañana a seis de la tarde, según el horario de las islas (el mismo que el territorio continental argentino), en cuatro puestos de votación.

Para la diplomática, el resultado del referéndum “no tendrá ningún efecto desde el punto de vista de la legislación internacional” porque “votan sólo ciudadanos británicos para que digan si quieren que el territorio en el que habitan sea británico”. Castro también destacó que “no hay ninguna duda de la creciente militarización de las islas Malvinas” y sostuvo que las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía del Atlántico Sur “están siendo reclamadas por toda la comunidad internacional.”

En el mismo sentido, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el senador kirchnerista Daniel Filmus, calificó el referendo como “una nueva acción política de naturaleza publicitaria pergeñada por el Reino Unido”. Este miércoles el Senado realizará una sesión especial para tratar una declaración de rechazo al plebiscito kelper. “Debemos denunciar la trampa que esconde la apariencia de ‘participación popular’ en el caso de un pueblo implantado. Esta maniobra publicitaria no tiene ninguna validez para la legislación del derecho internacional”, aseveró el representante de la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de resolución, que lleva las firmas de los senadores oficialistas Filmus y Miguel Angel Pichetto (Río Negro), el radical Ernesto Sanz (Mendoza) y los hombres del Frente Amplio Progresista Rubén Giustiniani (Santa Fe) y Jaime Linares (provincia de Buenos Aires), señala que la consulta “no tiene ningún sustento ni validación en el Derecho Internacional ya que es contraria a toda Resolución emanada de la Asamblea General y de las del Comité de Descolonización de Naciones Unidas”.

Mientras tanto, la diplomacia británica permanece activa tratando de dotar de legitimidad a la maniobra, y en estos días, algunas embajadas británicas en la región difundieron en un lugar destacado de sus páginas oficiales de Internet datos sobre el referéndum en las islas Malvinas y permiten la descarga de un libelo digital con la historia del archipiélago y sus habitantes, que “luchan por conservar su soberanía”. El embajador de Londres en Perú, James Dauris, fue aún más lejos y declaró que los kelpers “están hastiados del hostigamiento del actual gobierno de Argentina, con su insistencia de que es gente que no tiene voz y que no debería tener voto sobre lo que ocurre al lugar que ellos, sus padres, y generaciones antes que ellos, llaman y han llamado su hogar”.