Cristina Kirchner terminará de develar el misterio de su paquete de proyectos para democratizar el Poder Judicial mañana a la hora del té, en un acto en el Museo del Bicentenario al que están invitados referentes de todo el arco político, además de jueces y fiscales de distintas corrientes. Aunque ya había adelantado los títulos de sus propuestas ante la Asamblea Legislativa, ahora la Presidenta presentará los textos que enviará al Congreso con la expectativa de que se conviertan en leyes. Por el momento, los detalles permanecen en secreto, aunque todo indica que los ejes de la reforma anunciada se mantendrían: la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura junto con cambios en su composición y la creación de nuevas Cámaras de Casación Penal como tercera instancia en donde no existe. Podrían sumarse normas y medidas reglamentarias para limitar las medidas cautelares, otra para la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces, el monitoreo de su labor y el ingreso abierto a los tribunales.

Desde que en la apertura de sesiones la Presidenta anticipó su apuesta a generar un cambio en el sistema judicial, un equipo del entorno del secretario legal y técnico Carlos Zannini y del secretario de Justicia, Julián Alvarez, trabaja en la letra chica de los proyectos. También hubo aportes colaterales del Ministerio de Justicia, aunque ni el titular de esa cartera, Julio Alak, conoce los textos, o eso dicen cerca de él. Aun así, el ministro se ocupó de llamar personalmente para invitar a la presentación, que se iba a hacer la última semana, pero se pospuso ante la gravedad de las inundaciones.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que cada tanto entra en sintonía pacífica con el Gobierno, prometió su presencia y les dijo a sus colegas supremos que vayan también, según informaron sus colaboradores a Página/12. Así como fue convocado el elenco estable del naciente movimiento “Justicia legítima”, también fue invitada la Asociación de Magistrados, que el mes pasado anticipó sus críticas a la iniciativa presidencial. Su titular, Luis Cabral, supuestamente irá.

Los proyectos

Un primer pantallazo de los dos grandes proyectos que seguramente se presentarán permite prever que podría haber un aumento de facultades a favor del Consejo de la Magistratura (en detrimento de la Corte) y un intento por invertir la ecuación que ha dado una capacidad obstructiva notoria a los radicales en ese organismo. A la vez, otras medidas podrían leerse a favor del máximo tribunal y su perfil de tribunal constitucional. “Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, fue una de las frases con las que Cristina Kirchner resumió, el 1º de marzo, el espíritu de su iniciativa. En esa línea, cuestionó el modo en que se eligen los integrantes del Consejo de la Magistratura, responsables de la selección y sanción de jueces: la corporación de abogados vota a los consejeros abogados, la de jueces a los jueces. ¡Ni los jueces ni los abogados tienen coronita!”, se quejó, y dijo que el eje de su propuesta era que a los consejeros los vote el pueblo.

Parte de las dudas que el proyecto de ley de reforma del Consejo deberá despejar –y que hasta ayer a última hora seguían siendo un enigma– se refieren a cómo se implementará la votación de consejeros. ¿Será con las elecciones nacionales? ¿Será con las de este año? ¿Será en comicios especiales? ¿Los candidatos se presentarán con partidos políticos? ¿Incluso los jueces podrán hacerlo? ¿No es contradictorio con su función y su supuesta imparcialidad? El mandato de los consejeros actuales vence en noviembre de 2014, pero nadie descarta que una modificación legislativa provoque una renovación este año.

El Consejo tiene trece miembros, de los cuales seis son legisladores (cuatro oficialistas, dos opositores, a quienes obviamente sí elige el pueblo), hay un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. El académico hasta ahora siempre fue elegido dentro de la comunidad del Derecho, algo que la Constitución no exige. Por eso la Presidenta sugirió que una forma de dotar al organismo de una mayor representación ciudadana es incluir como delegados del ámbito académico o científico personalidades de otras especialidades que podrían ser desde un médico, un contador, un psicólogo hasta un economista o un ingeniero. Esto hace suponer que el proyecto de ley podría modificar también el número de integrantes del Consejo.

Según algunas versiones, la propuesta podría incluir una reglamentación que devuelva al Consejo la administración de los recursos y el presupuesto del Poder Judicial, ahora bajo mayor manejo de la Corte. También abarcará alguna regulación para garantizar la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces (en la actualidad presentan ante el Consejo una pública y una reservada). La apertura de ingreso al Poder Judicial, para que deje de ser fruto de prácticas nepotistas (de familiares y amigos), es tema de disputa entre el Consejo y la Corte, ya que ambos consideran que pueden regularlo. Es factible que alguna de las normas en confección lo dirima. Igual que el sistema para monitorear el trabajo de los jueces.

La Corte podría salir ganando si prospera el proyecto de crear tres nuevas Cámaras de Casación: en lo Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; y Previsional y Laboral. Sería una forma de favorecer que los jueces supremos se concentren en la tarea de hacer “control de constitucionalidad” casi por excelencia en lugar de dispersarse en miles de recursos judiciales que recibe.

Los críticos de la idea de multiplicar las casaciones acusan al Gobierno de querer poner jueces propios en fueros sensibles y que este sistema prolongará los procesos judiciales. Los críticos de la elección popular de consejeros, como la Asociación de Magistrados y el Colegio Público de Abogados, dicen que es un método inconstitucional porque los consejeros son “representantes de” determinados estamentos y por ende deben ser elegidos por sus representados. De todos modos, estos planteos sólo podrán adquirir algún sustento una vez que se conozca el detalle de los proyectos.

En relación con las medidas cautelares, se apuntaría a limitar su extensión en el tiempo y a evitar que puedan restringir o paralizar acciones de gobierno. Eso incluiría impedir embargos sobre el Estado, teniendo en cuenta que siempre es solvente y siempre podrá garantizar un resarcimiento. Las regulaciones específicas sobre responsabilidad patrimonial del Estado serán llevadas más adelante a una ley que complemente el nuevo Código Civil, una vez que se apruebe, explican en el Gobierno.

Asistencia imperfecta

En el ámbito legislativo, las invitaciones al acto de mañana llegaron a diputados y senadores de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras. La mayoría de los opositores ya anuncian –con excusas o convicciones– que no asistirán. La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quizá la más frontal, le mandó una carta al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, diciendo: “No puedo avalar proyectos cuya intención, entiendo, es la destrucción de la poca Justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial”. El senador radical Mario Cimadevilla, que además es consejero, anunció que tampoco irá y que no cree “en nada del oficialismo que apunte a democratizar la Justicia, sólo quieren jueces adictos”. Ricardo Gil Lavedra señaló: “No me parece que sea un acto de gran trascendencia institucional como para ir, lo que no quiere decir que yo no crea que hay que hacer cambios en la Justicia. Lo vamos a discutir en el Congreso y listo”.

Los proyectos del Poder Ejecutivo podrían entrar por el Senado. Para el kirchnerismo es especialmente importante en relación con el de reforma del Consejo, que requiere mayoría absoluta, más complicada en Diputados, donde el Frente para la Victoria necesita establecer alianzas para llegar los 129 votos. Como sea, aún suponiendo que el debate parlamentario no sea muy largo, llevará mucho tiempo, incluso años, lo que en el Poder Judicial no es sólo cuestión de formas, reglas y estructuras sino de costumbres y cultura.