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En un desesperado intento por mejorar su imagen, el reo Julio César Grassi busca demostrar que su vida está marcada por una austeridad monástica. Una presentación judicial de su abogado a la que tuvo acceso este diario dice sobre el sacerdote condenado: “Vive de la caridad”.

Juan José Díaz señaló en un escrito ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, secretaría 21, que se propone litigar sin gastos.

En transcripción respetuosa de la sintaxis original: “La presente acción se basa en la condición de persona humilde y de escasos muy recursos económicos de su representado, lo que motiva que se encuentra ante la imposibilidad de enfrentar los gastos inherentes al proceso judicial”.

Y agrega el patrocinante del reo: “No se ha celebrado convenio de cuota litis en los términos de la ley de arancel, y que el Sr. Julio César Grassi no es propietario de bien inmueble y/o mueble registrable alguno, ni es titular de cuentas corrientes, cajas de ahorros, inversiones bancarias, títulos o acciones”.

“Otro asimismo”, continúa el escrito, y apunta: “Vive de la caridad, ya que no tiene sueldo ni remuneración alguna como sacerdote católico apostólico romano incardinado en el Obispado de Morón, provincia de Buenos Aires, siendo la actividad que le demanda más tiempo –además de la propia misión sacerdotal– la de administrar la Fundación Felices Los Niños, dedicada al alimento, cobijo, educación y contención de niños carecientes con problemas de familia o con falta de ella”.

En junio de 2009 Grassi fue condenado por abuso sexual reiterado contra un niño que el expediente judicial llama simplemente, para protegerlo, “Gabriel”. La Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires ratificó el fallo pero los defensores de Grassi apelaron ante la Suprema Corte bonaerense. Mientras tanto, Grassi estaba libre. Tal como informó este diario, el 22 de abril último la Sala Uno de la Cámara de Apelaciones de Morón estableció que corresponde “revocar el régimen alternativo a la prisión preventiva” y “proceder a la detención del nombrado”. Los camaristas Fabián Cardozo y Elisabet Miriam Fernández entendieron que Grassi violó las condiciones de libertad restringida de las que gozaba. Según el tribunal, está “acreditado sin hesitación alguna el incumplimiento por parte de Julio César Grassi de su obligación de no referirse públicamente a ninguna de las víctimas ni a cualquier otra persona íntimamente ligada a las mismas”, irregularidad que Grassi habría cometido en una entrevista televisiva.

Cuando comentó a Página/12 la decisión de los camaristas, el abogado Juan Pablo Gallego dijo que “lo que esperamos no- sotros, como querellantes, y lo que esperan las víctimas, no sólo ‘Gabriel’, sino también los otros dos chicos que denunciaron a Grassi y no fueron escuchados por la Justicia, es que el cura vaya preso, porque ya fue condenado dos veces por pedofilia, y es increíble que siga en libertad”. Opinó Gallego que “por un delito menos grave está en la cárcel el arquero Pablo Migliore”.

Sin condena como Grassi, el arquero de San Lorenzo cumple prisión preventiva desde el 31 de marzo por supuesto delito de encubrimiento agravado en favor del barrabrava de Boca Maximiliano Mazzaro.

Debate mundial

En 2009 Grassi fue condenado a 15 años por el delito de corrupción de menores.

Las actuaciones contra el reo argentino se producen en medio de una polémica mundial sobre la pedofilia que recrudeció tras la elección del papa argentino.

El 5 de abril Francisco ordenó a Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que actúe “con decisión contra los casos de abusos sexuales”. También lo instruyó para que actúe en apoyo de quienes en el pasado padecieron “semejantes violencias” incluso cuando haya procesos contra los culpables.

Los escándalos se hicieron más conocidos desde el 2000 y llevaron al punto que en el último cónclave de elección papal el cardenal escocés Keith O’Brien tomó la decisión de no participar porque dijo haber tenido “comportamientos impropios” hacia cuatro sacerdotes.

Después de la inauguración de su pontificado, Jorge Mario Bergoglio nombró a un consejo de ocho cardenales para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia Católica: el italiano Giuseppe Bertello, los latinoamericanos Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, y Francisco Javier Errázuriz Ossa, emérito de Santiago; el alemán Reinhard Marx, arzobispo de Munich; el arzobispo de Bombay, India, Oswald Gracias; George Pell, cardenal de Sydney, Australia; Laurent Monsengwo Pasinya, cardenal de Kinshasha, República Democrática del Congo; y el arzobispo de Boston, Estados Unidos, Sean Patrick O’Malley. El sacerdote y vaticanólogo norteamericano Thomas Reese dijo de él que “tiene un historial muy bueno de limpiar casos de abusos sexuales en las tres diócesis en las que trabajó en Estados Unidos” y que “aparece como un hombre santo en su túnica franciscana”. El cardenal usó el dinero de la arquidiócesis de Boston para compensar a las víctimas de pedofilia abusadas por sacerdotes y para lanzar una campaña pública de advertencia y prevención.

El debate mundial es cada vez más crudo y menos canónico. El domingo 17 de marzo Página/12 publicó que el Obispado de Quilmes fue condenado a pagar 155 mil pesos más los intereses de 10 años a una persona abusada cuando tenía 15 por el sacerdote Rubén Pardo, ya fallecido. El obispo era en ese momento Luis Stockle, que solo amonestó a Pardo por violación del Sexto Mandamiento, el que prohíbe cometer “actos impuros”, y lo trasladó de diócesis.

Castigo

Grassi no perdió aún la condición sacerdotal, al menos por ahora, pero en cambio ganó la de reo. Según la Real Academia Española, reo es “persona que por haber cometido culpa merece castigo”. También “demandado en juicio civil o criminal”. Como adjetivo tiene las acepciones de “acusado” o “culpado”. Como vocablo coloquial de argentinos y uruguayos en referencia a una persona, “antisocial”.

El apoderado de Grassi y encargado de demostrar la extrema pobreza del reo presentó el escrito ante la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento, la misma que saltó a la fama cuando en enero de 2010 falló contra los decretos presidenciales que autorizaban a tomar reservas del Banco Central. En aquel momento el periodista de La Nación Adrián Ventura publicó un retrato de ella en el que describía su ambiente: “Nacida de una madre salteña, su padre cordobés fue un coronel que se retiró en 1973 y que luego prestó servicios para la SIDE en el exterior, y su hermano es un capitán retirado. Por eso pasó su infancia en distintos destinos, fue catequista en varias parroquias y se graduó como abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde también integró el coro”.

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