El gobierno nacional está decidido a llevar a cabo la primera elección mediante el voto popular de miembros del Consejo de la Magistratura este año en paralelo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán en agosto y los comicios legislativos previstos para octubre. Así aseguraron a Página/12 fuentes kirchneristas en respuesta a la voluntad manifiesta de distintos sectores de la oposición de impugnar judicialmente el proyecto de ley de reforma de ese órgano que esta semana el oficialismo buscará convertir en ley en el Senado.

En la Casa Rosada ya están trabajando sobre los distintos escenarios legales que pueden presentarse luego de que se promulgue la nueva norma y hasta el 12 de agosto, cuando se llevarán a cabo las PASO, y todas las hipótesis apuntan a que la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia a través del mecanismo de per saltum. “Excepto que haya un fallo adverso de la Corte respecto de la cuestión de fondo, va a seguir todo tal y como se prevé en el texto que aprobaron los diputados”, ratificaron a este diario fuentes kirchneristas.

Oficialismo y oposición coinciden en un punto: luego de que la Cámara alta sancione este miércoles (o el jueves por la madrugada) el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, tal como dan por sentado todos los poroteos, sobrevendrá una “lluvia de recursos” judiciales para detener, en todo o en sus partes más sensibles, los efectos de la norma. Y que uno o más jueces de primera instancia darán lugar a alguno de estos planteos, beneficiando a los demandantes con una medida cautelar.

A partir de aquí difieren las versiones. En la bancada oficialista aseguran que la nueva ley que reglamenta este tipo de recursos cuando se aplican dentro del fuero contencioso administrativo protegerán al texto de la suspensión de sus efectos. La lectura opositora reza que también aquella ley es inconstitucional, y se prevé que algún magistrado decida que el tema debe resolverse siguiendo el procedimiento que se utilizaba hasta la sanción de la nueva ley.

De una u otra forma, alguna de las dos partes acabará por recurrir ante la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de per saltum, reglamentado el año pasado para casos “de gravedad institucional”. La realización de los comicios entraría en esa clasificación, por lo que los siete jueces podrían aceptar avocarse a dictar sentencia sobre la cuestión sin esperar a que la causa transite todas las instancias previas. Al menos, así lo anticipó el viernes el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a miembros de la Cámara Electoral, en una reunión que mantuvieron en el Palacio de Tribunales.

Las PASO, seguro

Otras versiones esta semana indicaban que los recursos interpuestos por la oposición contra la elección de consejeros por voto popular podrían arrastrar, en caso de que prosperaran, a todo el andamiaje de primarias establecido por la reforma electoral de 2010, postergándolas o suspendiéndolas, si es que el Ejecutivo no realiza la convocatoria al menos 90 días antes de los comicios, fecha que se vence el 13 de este mes.

Desde la Dirección Nacional Electoral desmienten que exista esa posibilidad: a diferencia de lo previsto en las provincias y en otros países, en Argentina la fecha de los comicios y por ende el calendario electoral está establecido por ley y no puede cambiarse más que por decisión del Congreso. “La convocatoria a elecciones a través de un decreto del Poder Ejecutivo nacional es un acto formal que se realiza por tradición pero que no pone en marcha por sí mismo ningún mecanismo”, por lo que el proceso se llevará a cabo de una forma u otra.

Sin llegar tan lejos, algunos opositores sostienen que de impugnarse judicialmente la nueva ley de Consejo de la Magistratura antes de que se convoque a las elecciones de consejeros podría congelar la iniciativa hasta después de la fecha límite para el llamado a comicios, evitando que el nuevo mecanismo se aplique este año. Sin embargo, el dictamen que se votará el miércoles incluye una disposición temporaria, el artículo 30, que dispone que la mera promulgación de la norma “importa la convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (...) debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso”.