Una semana antes de la represión en el Hospital Borda comenzaron las indagatorias a los policías acusados de haber matado a dos personas y herido de bala a otras durante el desalojo del parque Indoamericano en diciembre de 2010. Los imputados por las muertes revisten en la Policía Metropolitana. También hay federales implicados. Son 45 agentes en total. Ante el engorro de exhibirle cuatro horas de filmación a cada uno como parte de la prueba, la fiscalía organizó dos proyecciones colectivas, cual función de cine, una para cada fuerza. El jueves, cuando le tocó a la Metropolitana, la lista de ausentes resultó reveladora: por lo menos dos policías no fueron porque estaban heridos producto de su participación en el salvaje operativo de desalojo para demoler el taller protegido del Borda; otro estaba custodiando la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri. El dato confirma una sospecha extendida: la administración PRO no tiene prurito en seguir mandando a “resolver” conflictos sociales o similares a los mismos uniformados que actuaron en Villa Soldati (y que ahora muestra como víctimas) o de reciclarlos en puestos clave.

Uno de los jefes policiales imputados por los homicidios del Indoamericano, el inspector Diego Castillo, sinceró la lógica de la Metropolitana en su indagatoria de la semana pasada, cuando se jactó de que la participación en “el desalojo en la autopista Illia, en el de parque Centenario y en el de la Sala Alberdi del Teatro San Martín” les dio a él y su grupo toda la experiencia que no tenían hace dos años cuando les tocó intervenir en el predio de Soldati. En todos los casos que citó hubo gases y disparos de balas de goma a mansalva y distancia corta. En la Sala Alberdi hubo heridos con munición de plomo. Las pericias de los proyectiles que mataron en el Indoamericano, a las que accedió Página/12, ratifican un modus operandi: la policía no dispara para disuadir, hacia el piso u otra superficie, sino que apunta al cuerpo, a las zonas vitales.

Las pruebas recolectadas en todo este tiempo por el fiscal Sandro Abraldes en la investigación de los hechos del Indoamericano seguramente aportarán un parámetro de cómo opera la Metropolitana al juez o jueza que concentre la pesquisa de la represión en el Borda, todavía desperdigada en distintos juzgados ante la diversidad de denuncias por delitos varios (desde apremios, vejaciones hasta incumplimiento de deberes). A diferencia de los otros conflictos, sólo en el Indoamericano hubo muertos: Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña fallecieron por obra de disparos similares, del mismo tipo de proyectil de doce milímetros, de escopeta de munición múltiple, que podría ser una de las que usa la policía, en extremos opuestos del parque. Ninguna de las dos víctimas estaba atacando a nadie ni participaba de la ocupación de tierras. La chica, de 28 años, estaba mirando el avance policial cerca de la autopista Cámpora y Castañares. El chico, de 22 años, estaba caminando muy cerca de la entrada a la Villa 20, debajo del puente de Escalada.

Abraldes determinó por filmaciones y testigos que los asesinatos coincidieron con la presencia en ambos lugares del grupo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). En los mismos puntos resultaron heridas de bala otras seis personas. Los policías fueron imputados por homicidio en agresión, una figura que se usa cuando no se puede especificar quién fue el tirador pero sí se sabe de qué grupo salió el disparo. A pesar de las evidencias, en febrero de 2012 el juez Eliseo Otero sobreseyó a todo el mundo, pero la Cámara del Crimen anuló esa decisión y cambió el caso de magistrado. El juzgado de Mónica Berdion de Crudo empezó finalmente a tomar las 45 indagatorias.

Coincidencias

Frente al problema de tener que mostrarles cuatro horas de imágenes de las cámaras de Soldati y algunas de la televisión a los imputados, la fiscalía gestionó el auditorio de la Procuración General de la Nación para que fueran todos los policías juntos: los 33 de la Metropolitana un día, los 12 de la Federal otro. Cuando fue el turno de los primeros hubo tres ausentes. Los abogados de la fuerza se presentaron para explicar el faltazo (la asistencia era obligatoria) y evitar que los mandaran a buscar por la fuerza pública. Uno de ellos es el oficial mayor Sergio Villagra, quien fue mencionado por Macri en la conferencia de prensa post represión como el hombre que peleaba por salvar un ojo. En esa rueda ante los medios el jefe de Gobierno justificó el despliegue policial violento en el desalojo de los talleres del Borda. Del mismo modo avaló en 2010 la expulsión de los ocupantes del Indoamericano con el argumento de que todo era culpa de “la inmigración descontrolada”.

Otro de los policías ausentes a la proyección se llama Daniel Gutiérrez, según allegados a la causa. A diferencia de Villagra no aparece en el listado de heridos del Borda a la que accedió este diario, pero los abogados de la Metropolitana notificaron a la Justicia que tiene una lesión en la rodilla. También dijeron que otro de los policías imputados, Matías Bailate, faltó porque está asignado a la custodia de la Jefatura de Gobierno porteño. Como es evidente, no hubo grandes modificaciones en la estructura y comportamiento de la Metropolitana después del Indoamericano. A nivel nacional, en cambio, se creó entonces el Ministerio de Seguridad, que comenzó a dar una dirección política a la Federal.

Como explicó este diario el domingo pasado, la Policía Metropolitana está conformada por un núcleo de 900 agentes que ingresaron con su creación, en 2009, reclutados por el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, procesado por encubrir el atentado a la AMIA y por hacer espionaje justamente en los inicios de la policía porteña. Venían de la Federal, y también se incorporaron efectivos que provenían de las Fuerzas Armadas.

No existe dirección política del accionar de esta fuerza, que actúa con autonomía, y los funcionarios solo aparecen en escena para justificar los hechos consumados. En el Indoamericano alternaron balas de plomo y de goma, que dispararon directo a los cuerpos. En la avanzada policial por la ocupación de la Sala Alberdi del Teatro San Martín, hubo tres heridos con postas de plomo. En la protesta de vecinos que se oponían pacíficamente al vallado del parque Centenario, volaron balas de goma a corta distancia –contrariando los protocolos policiales que dicen que se deben disparar a un mínimo de 50 metros– y hubo heridos. El corte de vecinos en la autopista Illia el año pasado también fue desalojado a los tiros.

En el Borda, las imágenes muestran a policías metropolitanos disparando con saña sus escopetas a corta distancia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que encabeza Alicia Pierini, denunció el uso “irracional” e “indiscriminado” de la fuerza por parte de la Metropolitana, la falta de medidas de resguardo de los pacientes del Borda (hay decenas de heridos) y le reclamó al gobierno de Macri la lista del personal policial que participó del procedimiento. De esa lista, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, sólo dio a conocer hasta ahora los nombres de los policías que sufrieron heridas por la violencia que ellos mismos desataron para liberar el taller protegido 19 y tirarlo abajo, en plan de construir un centro cívico. A juzgar por los dichos del inspector Castillo en su indagatoria por el Indoamericano, no sería raro que haya más nombres que se repitan.

Pericias que definen

Una de las pruebas que sostienen los llamados a indagatoria por el Indoamericano es el informe pericial balístico final que hicieron expertos de Gendarmería y peritos de parte, sobre los proyectiles que mataron a Chura Puña (al impactar en el tórax) y Salgueiro (que le perforó el estómago). Además de que confirma que ambos eran de plomo y de características similares, en las conclusiones dice que “no presentaron residuos adheridos a la superficie, cuya composición química pueda atribuirse a un impacto o rebote previo al ingreso en las víctimas”. Esto significa que los disparos no fueron al piso, ni a una pared, ni respondieron a ninguna supuesta técnica disuasiva sino que fueron directo a los cuerpos de las víctimas.

A la vez del estudio queda claro que por el tipo de proyectil es prácticamente imposible determinar cuál fue el arma de origen –aunque quedó establecido que pueden ser escopetas policiales– algo que todo indica que saben bien los policías que integran los grupos de elite como la DOEM. El documento, está firmado por el comandante Hugo Iseas (División Balística), el segundo comandante Daniel Converso (División Análisis Instrumental), la alférez primera María Silvina Lastretti y los peritos Silvia Bufalini y Alejandro Romano.

Palabra de policía

Así como las pericias pintan cómo opera la Policía Metropolitana, lo mismo surge de las primeras indagatorias por el Indoamericano. El comisario mayor Ricardo Ferrón dijo orgulloso ante la jueza Silvia Ramond (en reemplazo de Berdion de Crudo) que había estado al mando del grupo de la Metropolitana responsabilizado por las muertes en Soldati. Relató que fue él quien entró al frente de sus hombres, avanzando en la primera línea, y que el inspector Castillo –su segundo– iba atrás. Ferrón dijo que sus disparos fueron para “anticiparse” a la resistencia de las familias que ocupaban el predio. El ruido de las detonaciones, según su explicación, se usó como “defensa eventual” de los policías. Ferrón se formó en la Policía Federal, tiene 36 años de servicio, y sostuvo al declarar que las unidades antidisturbios no están programadas para ir a matar. “La historia nos respalda”, descolocó el comisario a quienes lo interrogaban.

Ferrón y Castillo hablaron de que su gente efectúa disparos “persuasivos”. No usaron la palabra “disuasivo”. Según Castillo hubo por lo menos 400 tiros “persuasivos”, se supone que destinados a que la gente abandonara las tierras que ocupaba. La cifra se basa en el faltante de cartuchos (en rigor más de 500) y pedido de reposición que detectó la fiscalía en una inspección en la fuerza. Los policías imputados insisten en que los disparos apuntaban al piso, o a chapas de las casillas que levantaba la gente en el lugar. Los muertos y heridos lo desmienten. Un oficial que declaró el viernes, Daniel Balor, aportó un dato llamativo: dijo que el desalojo del parque se planificó desde al menos un día antes de que se firmara la orden para efectuarlo. Ferrón dijo que él y sus hombres hacen un trabajo “quirúrgico”.

Los hechos visibles son demostraciones de brutalidad, donde la regla es despejar el lugar, sin negociación, diálogo ni comprensión de las problemáticas en juego. Valga un ejemplo: un paciente del Borda, que ni siquiera estaba en el taller, recibió 21 balazos de goma en todo el cuerpo, la mayoría en la espalda.