No hizo falta más debate y nadie habló de tratamiento exprés. Diputados oficialistas y opositores acordaron que el tema se había discutido lo suficiente, que las posiciones estaban tomadas y los legisladores pasaron directamente a la votación ya pasada la medianoche del miércoles. Con 131 votos a favor, el kirchnerismo y sus aliados convirtieron en ley el último de los seis proyectos que el gobierno envió al Parlamento para “democratizar la Justicia”: el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial por concurso público. Decepcionados por un resultado “cantado”, más de una veintena de diputados opositores ya habían abandonado el recinto y sólo 86 se mantuvieron en sus bancas para el rechazo.

De esta manera, el oficialismo cumplió el objetivo de convertir en leyes las seis iniciativas que conformaban una batería de medidas con que el Ejecutivo se propuso avanzar en la democratización del Poder Judicial. La última ley aprobada ayer, la que impone el ingreso democrático y por concurso al Poder Judicial, era uno de los proyectos menos controvertidos, aunque la oposición igual decidió rechazarlo en bloque como parte de un “paquete” con el que –aseguran– el Gobierno apunta a controlar la Justicia.

El kirchnerismo ya había convertido en leyes los tres proyectos más controvertidos. La reforma del Consejo de la Magistratura y la elección popular de los consejeros por los magistrados, los abogados y los académicos, aunque el texto original del proyecto también sufrió modificaciones a sugerencia de la Corte Suprema, que fueron aceptadas por el Ejecutivo. Las otras dos iniciativas más polémicas fueron la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, Civil y Comercial y Laboral. Todas ellas fueron impugnadas ante la Justicia por la mayoría de los partidos opositores (ver página 13).

Las otras tres desataron menos controversias, aunque tampoco cosecharon el apoyo opositor. Una de ellas establece la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los jueces. Otra, que también se difunda a través de Internet de las resoluciones y sentencias de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del fuero federal.

La última ley que se aprobó en la madrugada del jueves en Diputados propone “regular el ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público”. Los concursos deberán realizarse “respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”.

En tanto, la autoridad de aplicación “debe establecer un programa de examen, identificar el material, publicar sus contenidos vía web juntamente con el llamado a concurso, tomar los exámenes y efectuar las evaluaciones pertinentes”, de acuerdo con lo que establece la nueva normativa. Así como el cupo obligatorio del 4 por ciento de los cargos a cubrir “para personas con discapacidad” que reúnan los requisitos necesarios establecidos para cada puesto.

La nueva ley también establece que no podrán ingresar al Poder Judicial de la Nación ni al Ministerio Público de la Nación quienes hayan actuado (como establece el artículo 36 de la Constitución) por “la fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”, aun cuando se hubiera beneficiado con un indulto o con la condonación de la pena. Tampoco los que hayan sido condenados por delitos dolosos en los últimos cinco años y contra la administración pública, o si estuviera inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos.