El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó ayer un pedido de per saltum para que la Corte Suprema intervenga sobre la validez de la ley que limita las medidas cautelares, uno de los seis proyectos que forman parte del paquete de reforma de la Justicia sancionado por el Congreso. El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo in limine de la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre. La magistrada se negó a tratar su planteo porque consideró que no había un caso concreto que afectara a Gil Domínguez. El abogado insistió ahora con el argumento de que existe “gravedad institucional” en el caso, uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum, lo que implica que el expediente sea tratado por la Corte Suprema salteándose una instancia de apelación.