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Las circunstancias que rodearon la vida de Nelson Mandela estuvieron ligadas tanto a la Guerra Fría y la dictadura argentina como a la transición democrática.

La Organización de las Naciones Unidas avanzó en la pelea por la liberación de Mandela y contra el apartheid por la presión creciente de los países que ganaban su independencia y el apoyo popular en los países centrales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos aumentó en intensidad una vez que la mayoría del Africa subsahariana dejó de ser colonia. Y también aumentó en intensidad la reacción contra el movimiento y el asesinato de sus líderes, como Martin Luther King.

Sudáfrica quedó como un bastión frente a los últimos procesos de independencia de las colonias portuguesas (Angola, Mozambique y Guinea Bissau) y en países como Rhodesia y Namibia. Era, a la vez, un bastión de todo tráfico ilegal, desde armas a diamantes, y un punto de triangulación para la ruptura de los acuerdos internacionales y su violación sin dejar rastros.

La lucha fue larga. Lo muestra la propia cronología oficial de la ONU. En 1960 el Consejo de Seguridad instó al gobierno de la Unión Sudafricana a renunciar al apartheid y a la discriminación racial. En 1963, el mismo Consejo pidió que no se vendieran armas y equipos militares a Su-dáfrica. Pero el pedido recién se convirtió en obligatorio el 4 de noviembre de 1977. No es una fecha casual. En ese momento James Carter transitaba su primer año al frente de la Casa Blanca. Luego, durante sus dos presidencias, pero especialmente en la segunda, entre 1985 y 1989, hasta el régimen ultraconservador de Ronald Reagan debió aceptar castigos a Sudáfrica. Otra vez los cruces y los paralelismos: la gran dirigente del movimiento para presionar a los legisladores remisos fue Coretta King, la viuda de Martin Lüther.

La ESMA, también allí

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo al Crimen del Apartheid fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 30 de noviembre de 1973, hace poco más de cuarenta años. Entró en vigor el 18 de julio de 1976. En la Argentina gobernaban desde hacía casi cuatro meses las Fuerzas Armadas. El gobierno de Jorge Videla mantenía excelentes relaciones con Sudáfrica y se ilusionaba con formar una OTAS, una organización de defensa del Atlántico Sur que replicara a la OTAN. La Marina, en particular, tenía un alto compromiso con ese proyecto. Durante la dictadura, varios de sus integrantes, comenzando por el mismo Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta usaron a Sudáfrica como santuario o lugar de negocios. Como la Cancillería, en dictadura las relaciones con Sudáfrica fueron una prolongación más de la inteligencia naval y los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada.

“Después de un gran esfuerzo internacional la ONU decretó el boicot contra Sudáfrica, que abarcaba a empresas que comerciaran con ese país”, dijo a Página/12 Leandro Despouy, exiliado durante el gobierno militar, funcionario de Naciones Unidas como experto y luego funcionario del primer gobierno democrático, el de Raúl Alfonsín. “El régimen sudafricano era simultáneamente colonialista y racista. Racista por el apartheid. Colonialista no por razones internas, sino por la ocupación de Namibia y su apoyo al régimen de Rhodesia. Los expertos de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU tenían un relator especial encargado de verificar el cumplimiento del embargo comercial. El relator confeccionaba anualmente una lista de empresas que habían violado las disposiciones de la ONU. En tiempos de la dictadura, una de las firmas que figuraba en primer lugar era Aerolíneas Argentinas. Hacía escala en Sudáfrica y no cumplía con el boicot.”

No bien Alfonsín asumió el gobierno, el 10 de diciembre de 1983, envió una comunicación a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU anunciando que la Argentina apoyaría la Convención contra la Tortura. Casi al unísono hizo otro anuncio. Cuando la ONU se aprestaba a examinar la cuestión de la discriminación racial, la Argentina avisó que cambiaría su política anterior y ratificaría la Convención contra el apartheid. Era el preámbulo de un giro completo sobre Sudáfrica, porque la Convención estaba muy ligada al boicot. El anuncio lo hizo la actual embajadora en Canadá, Norma Dumont. Hay más señales de continuidad democrática de la Argentina. Otro de los jóvenes diplomáticos de ese momento, en aquel entonces ligado a los nuevos acuerdos económicos con el exterior, Carlos Sersale, es hoy embajador en Sudáfrica.

Así recordó Despouy el vendaval desatado por Dumont cuando cumplió la instrucción del canciller Dante Caputo sobre Sudáfrica: “Cuando ella habló sobre el tema en Ginebra, los lobbyistas prosudafricanos de la Argentina consiguieron que La Nación publicara en primera página un anuncio sobre la inminencia de la ruptura de relaciones con Sudáfrica. La verdad es que buscaban un desmentido. Nosotros no lo desmentimos, porque si lo hacíamos no íbamos a poder romper nunca. Uno de los que presionaron fue Francisco Manrique, que argumentó en la Cancillería ante la diplomática Elsa Kelly en favor de la protección conjunta del Atlántico Sur y la presunta calidad de las inversiones comunes. Kelly le dijo que ésa no era nuestra política. Al poco tiempo rompimos relaciones, lo cual de paso nos abrió una gran influencia en el Movimiento de Países No Alineados y dio legitimidad a nuestro pedido de apoyo para negociar la soberanía de las Malvinas. No es lo mismo pedir apoyo anticolonial si uno respalda a un régimen colonialista que si lo repudia”.

Sabotaje

Despouy aludió a un truco más de los prosudafricanos. Siempre buscaban poner al régimen democrático argentino como situado al margen de la ley. “Mandela fue un gran pacifista. Pero un gran luchador. Siempre, y sobre todo desde que renunció a su condición de miembro de una élite tribal y se reconoció como una ‘lanza de paz’. No era otra cosa que reivindicar la justicia del uso de la fuerza. Fue condenado a muerte muchas veces, ya estando en prisión. Y tras cada condena los emisarios del gobierno sudafricano lo iban a ver para cambiarle la condena, si como trueque aceptaba condenar la lucha armada. Se negaba. Decía que mientras existiera el apartheid su movimiento, el Congreso Nacional Africano, tenía derecho a sabotear el colonialismo y el racismo. Nosotros, como gobierno, no apoyábamos la lucha armada pero sí la decisión del mundo de boicotear al régimen sudafricano y la decisión de Mandela de sabotearlo desde adentro. Por eso, la Argentina democrática ratificó el Protocolo I de 1977, un anexo a las convenciones de Ginebra de 1949.”

El Protocolo protegía a las poblaciones también en caso de conflicto interno y daba a los miembros de una guerrilla con mando central la condición de combatiente y, en consecuencia, en caso de apresamiento, la condición de prisionero de guerra. Decía el artículo 43: “Las fuerzas armadas de una parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades, armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o una autoridad no reconocidos por una parte adversa”.

El Protocolo I fue esencial para completar la liberación africana y garantizar el intercambio de prisioneros.

Pese a los lobbyistas prosudafricanos, la política de la transición democrática sobre la cuestión tuvo apoyo parlamentario amplio, que incluyó no sólo a los radicales del oficialismo, sino a numerosos legisladores peronistas.

“Es que el régimen sudafricano no sólo mataba”, dijo Despouy a Página/12. “Se regía por el Estado de sitio permanente, ciudades cerradas de noche, discapacitados por fracturas producidas después de las siete de la tarde, cuando los racistas querían a la población en su casa, torturas, fusilamientos secretos... Era una esclavitud donde ni siquiera se preservaba la vida del esclavo. Someter al enemigo a la esclavitud es la expresión más descarnada de la explotación del hombre por el hombre.”

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