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Es viernes bien entrada la noche. La ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, tuvo un debut sin anestesia: en su primer día, los incidentes con los estudiantes de la UBA frente al Congreso, el segundo –que a esa hora no había terminado–, los conflictos policiales en Catamarca y Neuquén. Pese a las turbulencias, no está eléctrica, sino tranquila y cálida. Tal vez su paso por Kosovo durante un año –donde patrullaba a niños serbios pasando por territorios de la mayoría albanesa– o su participación en Haití, o el tsunami en Indonesia, la formaron en la calma ante situaciones vertiginosas. En la mesa una foto con un bebé en brazos –uno de sus hijos, de cinco y siete años, a los que ya hizo hinchas de Independiente– y otra con la Presidenta tomándole juramento. “La idea es muy clara: ejercer plenamente el control político de las fuerzas de seguridad. Esto significa una seguridad democrática, que construya ciudadanía, más derechos cívicos, sociales y políticos, participación de los ciudadanos. Noso-tros tenemos una parte operativa, en la que han visto trabajar al secretario de Seguridad, Sergio Berni, lo que se traduce en estar en la calle, controlando, conduciendo, interviniendo. Las instrucciones de la Presidenta son profundizar las cuestiones de seguridad con la gente en cada barrio: qué está pasando, dónde están las fallas, si la ubicación de los policías es la que debe ser, si hay cámaras suficientes, qué pasó con la víctima de un delito y qué pasó con la investigación de ese delito.”

Lo urgente

–Veo que a esta hora sigue de cerca los conflictos con las policías provinciales...

–Sí, por supuesto. Claramente es una cuestión salarial, potenciada por una negociación en Córdoba que produjo un efecto repetición en otras provincias. Estamos siguiendo todo al milímetro y a todas las horas del día. En Catamarca y en Neuquén están los prefectos y los gendarmes listos para intervenir. La responsabilidad en cada caso es del gobernador y todos tienen que estar atentos ante cada rumor o alarma. En Córdoba está claro que hubo una respuesta tardía de la gobernación y eso produjo el efecto repetición, sobre todo por una negociación hecha también en forma tardía. Ahora bien, quiero dejar en claro que nosotros estamos a favor de jerarquizar el trabajo de los policías, en especial de las fuerzas provinciales. Usted piense que yo ya estuve en este ministerio, a cargo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, de manera que conozco bien lo que se hizo. En el último año y medio se trabajó mucho en el bienestar del personal policial. Pero hay que profundizar ese trabajo: hay que avanzar en el terreno de la vivienda para los policías, los chequeos médicos, la infraestructura hospitalaria, el turismo. Nosotros mejoramos mucho el Hospital Churruca. Y el otro camino es el de jerarquizar a través de la formación, pero no dando un cursito de un día, sino verdaderas capacitaciones en cómo preservar la escena del crimen, la tecnología, las huellas, los sistemas interconectados para verificar los antecedentes, todo lo que tiene que ver con los avances científicos en materia de seguridad. Igualmente, le reitero: hoy por hoy, estamos muy atentos: cada gobernador debe seguir de cerca las alarmas, las situaciones de riesgo con los conflictos policiales, y nosotros tenemos los efectivos para intervenir en esas situaciones de riesgo.

–¿Qué significa profundizar el modelo de seguridad democrática?

–Reitero el concepto: construir ciudadanía, que todos tengamos derechos cívicos, sociales y políticos. Esto pasa, en primer lugar, por el hecho de que los funcionarios políticos somos los que tenemos que estar en la calle. Hay una manifestación, hay un operativo policial, tiene que haber un funcionario político a cargo. Y tenemos que trabajar en el territorio. Esto significa intervenir en las cuarenta mesas de participación ciudadana que hay en la Capital Federal y definir a partir de ese intercambio con los vecinos dónde es la parada del efectivo en esa zona, cómo fueron los eventos delictivos. Hay que ir y habar con la víctima, saber qué pasó, qué hizo la comisaría, revisar la gestión y la investigación. Este control político sobre las fuerzas de seguridad no está en manos de la comisaría sino nuestra.

–Se diría que la fuente principal de preocupación del ciudadano son los hechos más chicos: el robo en una esquina y, sobre todo, la entrada en las casas o departamentos.

–Hemos desarticulado algunas bandas organizadas que se dedicaban a ese delito, al que llaman entraderas. Acá vamos a retomar el trabajo con los encargados. En algunos casos con aparatos de radios y en otros con botones conectados directamente al 911. En el monitoreo del 911 se impuso que toda llamada debe atenderse antes de los veinte segundos. Y de inmediato tenemos un control de la forma en la que se actuó: qué se hizo, cuándo se llegó, cómo fue la intervención. Y en especial prestamos atención a los lugares más vulnerables, los barrios del Sur de la Capital Federal, lo que llamamos el operativo Cinturón Sur, la presencia de la Gendarmería. Hay un fuerte compromiso en esas zonas. Todo lo completamos con la actuación de Desarrollo Social, es decir el abordaje de los problemas sociales en el barrio. Hemos establecido que haya referentes del barrio que tengan el teléfono de los funcionarios del ministerio para estar atentos. Intervinimos, por ejemplo, las peleas de Los Larvas y Los Ramones en la Villa 31 con lo que llamamos policías de proximidad. Estamos atentos a lo que ocurre con los duomos de cámaras.

–¿Son realmente útiles las cámaras?

–Son una herramienta. Aisladas tienen menos utilidad, pero si eso está combinado con patrulleros inteligentes, con GPS en esos patrulleros que nos permiten controlar el recorrido e incluso los recorridos de patrullaje. Hoy tenemos un sistema que el Ministerio sabe dentro de las seis horas si un patrullero se salió del recorrido, si no cumplió con lo que debía. Y estamos a punto de instalar 800 cámaras más.

–Se ha hablado mucho del delito y los menores.

–Mire, nosotros trabajamos mucho en eso y vamos a seguir haciéndolo. Son aproximadamente 3000 los menores apresados. No se llevan más a las comisarías, sino a un Centro de Atención, el Inchausti, que queda en la calle Perón 2048. Ahí son revisados por médicos, se les toman las huellas cuando corresponde, se verifica si están intoxicados. En esto trabaja Desarrollo Social. En total, no pueden estar allí más de 12 horas. No hay maltratado, interviene sólo personal especializado. Y luego el juez decide qué se hace con ese menor: a veces lo devuelve a la familia, otras ordena su internación en un instituto. Depende del juez.

La experiencia

–¿Cómo se relaciona su paso por Kosovo, el tsunami en Indonesia, Haití con su tarea como ministra?

–Bueno, de entrada debo decir que todo eso tiene que ver con mi formación. El acento en esas experiencias estuvo en la inclusión social, pero también en cómo negociar, tomar decisiones, la planificación estratégica. Usted piense que en Kosovo había que planificar la forma en la cual llevar chicos de la minoría serbia por la zona albanesa. Era un verdadero peligro de muerte. Y no sólo eso: se trataba de situaciones en las que una chispa podía producir un estallido de consecuencias imprevisibles. Creo que me ayudó a tener fortalezas en cuestiones como la intervención, la gestión, la negociación y la no violencia.

El teléfono suena. Llegan informes de las provincias, de los conflictos con las policías. La ministra se recuesta en el sillón. Durmió poco en las últimas 48 horas y se preparaba para otra noche larga.

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