Con la mira puesta en la Justicia a la que recurrió el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, en busca de una salida al conflicto, los docentes bonaerenses cumplieron ayer su decimotercer día de paro y cruzaron acusaciones con el gobierno de Daniel Scioli acerca que quién es responsable de que las clases aún no hayan empezado en las escuelas públicas provinciales. “Jamás cerramos el diálogo, pero lo que notamos de parte de ellos es una intransigencia total”, les reprochó a los maestros el jefe de Gabinete de la provincia, Alberto Pérez. “Hay una cerrazón respecto del tema de modificar la propuesta salarial”, retrucó el titular de Suteba, Roberto Baradel. Los sueldos de los docentes empezaron a ser liquidados con la primera cuota del aumento del 30,9 por ciento que la administración sciolista dispuso por decreto.

Tras quejarse de la “intransigencia total” de los gremios docentes y de recordar que “ellos empezaron pidiendo un 35 por ciento de aumento hace un mes y no se han movido de ahí”, Pérez defendió la liquidación de los sueldos de marzo con el aumento decretado por Scioli sin acuerdo de los sindicatos. “Hemos mostrado voluntad de diálogo siempre. Ni queremos descontar los días, ni queremos sacarles la personería, ni queremos cerrar por decreto, queremos que haya clases y queremos acordar”, afirmó.

En la línea que marcó el propio Daniel Scioli en la conferencia de anteayer, en la que anunció que daba por concluida la negociación con los docentes, Pérez afirmó que detrás del conflicto salarial “hay una intencionalidad política”. De ese asunto habló también el jefe de Gabinete nacional, a quien en su habitual conferencia de prensa le consultaron si desde la administración bonaerense se aludía al gobierno nacional. “De ninguna manera. No es ésa la referencia política que hace el gobernador Scioli”, respondió en forma categórica Capitanich y reclamó a los gremios que “recuperen la capacidad de diálogo” para que comiencen las clases en las escuelas públicas de la provincia.

Sin embargo, los gremios docentes bonaerenses, en paro desde el comienzo del ciclo lectivo, se mantienen firmes en su posición de no retornar a las aulas y responsabilizan al gobierno de Scioli por la situación. “Nos preocupa que no haya flexibilidad en encontrar mecanismos de solución de este conflicto”, declaró ayer Baradel y advirtió que en la administración bonaerense “hay una cerrazón respecto del tema de modificar la propuesta salarial”.

El secretario general de Suteba también salió al cruce de las acusaciones sobre el “trasfondo político” de la huelga y aseguró que la única intención detrás de la protesta es que “los docentes cobren un salario digno”. “Estamos en una situación que es compleja y todos tenemos que pensar cómo se sale de ella”, indicó el gremialista.

Las expectativas del gobierno de Scioli están puestas en el desgaste de los maestros ante la sumatoria de días de paro y en el pronunciamiento que pueda surgir de la Justicia a partir de la presentación que ayer concretó Bonicatto. Con el argumento de que la huelga afecta “el derecho de los niños a la educación”, el defensor del Pueblo bonaerense presentó una acción de amparo para que “empiecen las clases”.

En tanto, la administración sciolista empezó ayer mismo –según anunció el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango– “el proceso de liquidación” de los salarios docentes de marzo con el incremento salarial dispuesto por Scioli. El primer tramo de ese aumento es del 21,9 por ciento.

Cuartango también precisó que los días de huelga “van a ser descontados con el pago de abril, en el mes de mayo” y reconoció que la suba del 30,9 que en total ofreció el gobierno bonaerense no alcanza a todos los maestros, tal como critican los sindicatos. “La oferta, es cierto, beneficia más a los sectores más postergados”, justificó el funcionario provincial.

Por su parte, la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, llamó a “parar la pelota, reflexionar y mirar para adelante” para “construir algo más tranquilo”. De la agresión que sufrió anteayer a la salida de la fallida mediación con los docentes en la Defensoría del Pueblo dijo que es un hecho de “violencia hacia las instituciones” y “hacia la democracia”.

A la polémica por la medida de fuerza y la agresión a Batakis se sumó el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien aseguró que “los chicos tienen que volver a las aulas” y repudió las agresiones que sufrieron el jueves los funcionarios bonaerenses al salir de la Defensoría del Pueblo. “No hay lugar para la violencia en momentos donde los únicos privilegiados deben ser los niños”, indicó.

La directora de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucía, afirmó que se evalúa promover “una ley de emergencia para cubrir el servicio” si los docentes continúan con la medida de fuerza. “No entendemos la posición intransigente de los dirigentes gremiales”, sostuvo la funcionaria sciolista y defendió también el incremento otorgado. “Va para todos los maestros que venían más rezagados respecto de los profesores”, remarcó.