A 38 años del golpe de Estado, comenzó ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Mansión Seré, el centro clandestino de la Fuerza Aérea que funcionó en Castelar. Esta vez no sólo están en el banquillo los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, condenados en 2008, sino también ex miembros de los grupos de tareas. Uno a uno debieron pasar al frente para dar sus datos y, sin excepciones, se negaron a hacer uso de su derecho a declarar. “Sentí una satisfacción inmensa de verlos ahí. Es como que las caras de miedo cambiaron de bando. Estuve meses adentro escuchando el ‘hablá, hijo de puta, hablá’, y ahora sí vamos a hablar”, dijo Guillermo Fernández, uno de los sobrevivientes que logró fugarse del centro de detención en 1978.

Agrupaciones gremiales, sociales y organismos de derechos humanos acompañaron desde temprano a sobrevivientes y familiares de víctimas que se concentraron en la puerta del tribunal.

“Exigimos cárcel común a todos los genocidas y que se abran los archivos que aún se esconden para que podamos saber toda la verdad sobre los desaparecidos”, afirmó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Los acusados llegaron en un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense y se ubicaron en el sector derecho de la sala. Además de Comes y Mariani se distinguía por su silla de ruedas el brigadier Miguel Angel Ossés, que en 2008 declaró como testigo y cumple arresto domiciliario. Separados de los familiares por una fila de penitenciarios se ubicaron el ex comisario de la Policía Bonaerense Néstor Rubén Oubiña, el ex cabo primero Felipe Ramón Sosa y el ex cabo (y auxiliar de la Fuerza Aérea) Héctor Oscar Seisdedos. También los ex cabos Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis, ambos de la Fuerza Aérea, presos en Marcos Paz.

“Scali era particularmente perverso, sádico, gozaba con el sufrimiento ajeno y te lo hacía saber”, recuerda Fernández, y cuenta que ayer el torturador agachaba la cabeza y no podía sostener la mirada. “El suyo fue un caso particular: supimos su nombre cuando trajeron detenido a Jorge Infantino, que había sido amigo del barrio, jugaban al fútbol, y a quien el hecho de conocerlo le costó la vida”, relata. “Pienso que en ningún momento se imaginaron que llegaría este momento. Vivieron gozando de impunidad después de haber hecho todo lo que querían, tenían incorporada esa impunidad. Tengo la sensación de que no esperaban que les cayera esta espada de Damocles y aún están sorprendidos, sin reacción”, reflexiona.

El tribunal que preside Gonzalo Díaz Cabral e integran Alfredo Ruiz Paz y María Claudia Morgese Martín juzga a los ocho represores por los delitos que padecieron 97 víctimas, no sólo en Mansión Seré, sino también en otros centros de detención de la subzona militar 16, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército e incluía localidades de la zona oeste del conurbano como Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y Moreno. Los delitos que se investigan son privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos y homicidios, en un circuito represivo que también abarca a la Primera Brigada Aérea de El Palomar (de donde partían los vuelos de la muerte que Rodolfo Walsh denunció en 1977), la VII Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ª de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Morón (seccional Castelar).

María Cristina Guerra, otra sobreviviente, dijo que al igual que en 2008 “daré testimonio de 18 días de horror, escuchando los gritos desgarradores de las torturas y la perversión de los victimarios”.

Martín Sabbatella, titular de la Afsca y ex intendente de Morón, asistió a la audiencia y señaló que el juicio “demuestra la operatoria de un circuito represivo conformado por la Fuerza Aérea y la Policía Bonaerense” y celebró la posibilidad de poder iniciar un proceso “con más acusados y por más víctimas” que hace seis años, cuando sólo se juzgaron doce casos.