El Tribunal de Apelaciones de París examinó el miércoles el pedido de extradición a la Argentina de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal acusado de delitos de lesa humanidad en la ESMA durante la última dictadura. Sandoval, que tiene doble ciudadanía franco-argentina, se presentó como un “perseguido político”, víctima de un complot del que participarían funcionarios, jueces, periodistas y organismos de derechos humanos, y sugirió que no es la persona que participó del secuestro del detenido-desaparecido Hernán Abriata, a pesar de que existen testimonios desde 1984 que lo ubican encabezando ese operativo. Mientras el juez federal Sergio Torres había pedido la extradición para indagarlo por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad contra más de 600 personas entre 1976 y 1979, la fiscalía francesa sugirió que se lo juzgue sólo por el caso de Hernán Abriata. El tribunal anunciará su veredicto el próximo 28 de mayo.

Sandoval era en 1976 subinspector de la Policía Federal y estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”. En 1984, sobrevivientes de la ESMA mencionaron ante la Conadep a un tal “Churrasco” como “agente operativo” del GT 3.3. Del mismo año datan los testimonios sobre el secuestro de Abriata que mencionan a un tal “Sandoval”. En 2008 Página/12 informó que el alias “Churrasco” pertenecía a Sandoval y el Poder Judicial comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de extradición del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA.

Sandoval reside en París desde 1984 y obtuvo la nacionalidad francesa en 1994. El miércoles, en una audiencia en la que por primera vez se debatió el fondo del caso, el ex policía se explayó para intentar refutar la acusación en su contra y no dudó en declararse “víctima de violaciones de derechos humanos” y de “persecución política” desde la Argentina. Dijo ser víctima de una “venganza” inexplicable y acusó a políticos, magistrados, periodistas y organismos de derechos humanos de atacarlo con “mentiras y desinformación”. “Soy objeto de una caza al hombre, cuyo verdadero móvil ignoro”, dijo en una confusa intervención de una hora y media, durante la cual reivindicó sus contactos con grupos armados colombianos y una intervención, con mandato de la cancillería francesa, en las discusiones destinadas a liberar a la entonces rehén Ingrid Betancourt.

La abogada del Estado argentino, Sophie Thonon, desmenuzó los testimonios que acusan a Sandoval y afirmó que “no hay dudas sobre su identidad”, pero recalcó que no corresponde a la Justicia francesa sino a la argentina juzgar los hechos. “¿Va Francia a convertirse en refugio de los grandes criminales de la segunda mitad del siglo XX?”, planteó ante el tribunal, tras recordar el caso del criminal nazi Klaus Barbie, extraditado de Bolivia a Francia. Luego enfatizó “el deber de los Estados de la ONU” de hacer que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados en los países en los que fueron cometidos. Numerosos miembros de organizaciones de derechos humanos asistieron a la audiencia y enarbolaron pancartas con la foto de Abriata, gritando “¡Hernán Abriata, presente!”.

En el mismo momento en que se realizaba la audiencia en París, unas veinte personas, en su mayoría familiares de desaparecidos, se concentraron frente a la embajada de Francia en Buenos Aires para pedir la extradición. Laura Abriata, hermana del Hernán, declaró que “con todos los datos y pruebas que hemos aportado a la Justicia francesa tenemos la convicción de que se pronunciarán a favor de la extradición de este genocida y nuestra expectativa es que lo veremos respondiendo a la Justicia de Argentina, donde tiene que pagar sus crímenes”. Carlos Losa, amigo de Abriata e integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), estimó que “el pueblo y el gobierno de Francia no permitirán que se siga dando asilo a un represor, a uno de los autores de un genocidio”.

La fiscalía que interviene en el caso pidió que se conceda la extradición, pero sólo para juzgarlo por el caso Abriata, en el que existen pruebas directas de su participación. El juez Torres, que instruye la causa ESMA, pretende indagarlo por delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1979 contra un total de 602 víctimas, de las cuales 349 están desaparecidas. Los jueces de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dictaminarán sobre la demanda de extradición el próximo 28 de mayo. Esa decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, situación que prolongaría el procedimiento por varios meses.