Antes de caer en desgracia, Appiani y Olivera eran socios en el estudio jurídico Prepaga Legal SRL. Como abogados, se ofrecieron para representar a quiosqueros porteños tras la sanción de una ordenanza que imponía restricciones horarias para la venta de alcohol; y promocionaban sus servicios entre los ahorristas afectados por el corralito para litigar ante las casas matrices de los bancos extranjeros que tenían filiales en el país. También se presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidiendo indemnización para “los hijos de los muertos por la subversión”, y promovieron causas para investigar las muertes de militares, como forma de contrarrestar los Juicios por la Verdad. En el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, ambos lograron que la Justicia dejara sin efecto un recorte salarial a militares en actividad. Entonces, Appiani y Olivera les ofrecieron a sus clientes que les dieran sus bonos de actualización salarial y ellos los cambiarían por dinero. Pero los amparistas no vieron un centavo. Guillermo Quintana, otro represor procesado en Paraná, contó en su indagatoria que “a unos cuantos camaradas (Appiani) les hizo firmar un poder para representarlos y no vieron un peso, los estafó a todos”. El año pasado, estando en prisión, Appiani adelantó sus intenciones de demandar al Estado nacional y a varios funcionarios judiciales, “a efectos de obtener una reparación de los daños y perjuicios por la excesiva e ilegal prolongación de la prisión preventiva”, puesto que lleva más de cuatro años sin condena, en parte por sus constantes chicanas dilatorias. En su escrito pedía la producción de una serie de pruebas de manera anticipada, algo que fue rechazado en sucesivas instancias.