Jorge Humberto Appiani es amigo personal y socio del prófugo Jorge Antonio Olivera, con quien defendió a Guillermo Suárez Mason y a Emilio Eduardo Massera, entre otros represores, y al criminal de guerra nazi Erich Priebke. A raíz de la fuga de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los fondos de un fideicomiso que ambos habían constituido en 2008 –estando Olivera prófugo– para recibir dinero proveniente del patrocinio de otros represores que enfrentaban juicios por violaciones a los derechos humanos y la representación de militares en actividad que reclamaban al Estado una actualización salarial. Hasta el 31 de diciembre de 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía 9.457.804 pesos; pero había cambiado de nombre y de titulares estando detenidos Appiani y Olivera.

El titular de la UIF, José Sbattella, aseguró que “tanto el escape como la vida de los genocidas prófugos” se habría financiado a través del fideicomiso SJ2. En una entrevista con Página/12, explicó que “hay una persona que es la que les arma el sistema y se llama Orlando Pepe, que ahora tiene las cuentas congeladas”. A partir de una denuncia promovida por el propio Sbattella, se investiga el rol que cumplieron algunas empresas que oficiaron como administradoras del fideicomiso tras la detención de los represores. En esa causa, Appiani –y Pepe– está imputado por una posible defraudación por administración fraudulenta y estaba citado a prestar declaración indagatoria para el 8 de mayo pasado, pero el juez federal Leandro Ríos no hizo lugar a su traslado porque debía contestar la vista en la causa Area Paraná, en el ejercicio de su autodefensa.