Guillermo Wierzba * y María Sol Rivas **

(In)Justicia global

La contrarrevolución neoconservadora del último cuarto de siglo pasado no se constituyó sólo en la modificación de la lógica de la economía y las finanzas globales. Fue completada y promovida por las reformas políticas, institucionales y legales en los países periféricos y también en los centrales. El fallo de la Justicia estadounidense respecto de los fondos buitre está anclado en el dispositivo jurídico generado en esa época y entroncado con la financiarización de la economía global.

Entre los cambios a la normativa jurídica que se impusieron en los años ’70, se destaca el abandono de la doctrina absoluta del derecho que dotaba a los Estados de total inmunidad y su reemplazo por una restrictiva, basada en la teoría de la doble personalidad del Estado. Esta distingue dos esferas, una definida por actos soberanos sujetos a inmunidad y otra que iguala a las naciones con los sujetos privados, quedando desprovistas de esa protección, en la que se encuentran comprendidos los actos mercantiles. Este paradigma provocó un avance progresivo de normas que recortaron crecientemente la esfera en que se respetaba la inmunidad soberana. En 1972 la Comunidad Europea, en 1976 los Estados Unidos y en 1978 Gran Bretaña adoptan legislaciones que funcionalizan los marcos jurídicos a la globalización financiera. Al mismo tiempo, en los temas de deudas soberanas, bajo la excusa de la seguridad jurídica, se promovió que en los contratos de emisión de deuda se incluya la renuncia a la inmunidad soberana, adoptando las jurisdicciones de países centrales. La facultad de esa opción se convirtió en la práctica en condicionalidad para el acceso al endeudamiento. Pero estas exigencias de los países centrales se pudieron concretar por la existencia de agentes internos que construyeron también en la periferia la institucionalidad de la inserción pasiva en el neoliberalismo. En el Cono Sur de América latina, la reconversión adquirió una velocidad y profundidad intensas de la mano de dictaduras terroristas y represivas.

En la Argentina, como señala Raúl Dellatorre en Página/12 del 16.06.14, fue durante el terrorismo de Estado, durante la gestión del ministro Martínez de Hoz, cuando se realizó la reforma legal que admitió la renuncia a la inmunidad soberana. El primer antecedente lo constituyó la sanción, en 1976, de la Ley 21.305, que luego fue ratificada en los 54 tratados bilaterales de inversión firmados entre 1992 y 2002 y en las sucesivas emisiones de bonos. Estas reformas en el centro y la periferia permitieron que en el caso de los fondos buitre fuera prácticamente anulado el legítimo derecho de inmunidad soberana en los pleitos que se sucedieron en materia de deuda pública. En los ’90, la Justicia estadounidense rechaza, también, aplicar a esos fondos la disposición legal que prohíbe comprar, en el Estado de Nueva York, documentos de crédito vencidos con el propósito de llevarlos a juicio. El fundamento utilizado fue que ése no era su objetivo primordial sino secundario al cobro. Arbitrario criterio para operaciones sobre títulos cuyo precio era típicamente de default.

Aunque el principio del Derecho establece que una parte no puede desistir de un derecho si se afectan cuestiones de índole pública o moral, la “Justicia” neoliberal tampoco ha hecho lugar a determinar, con este fundamento, la nulidad de las cláusulas de desistimiento sobre la inmunidad soberana en los contratos de deuda asumidos por naciones.

Así, la globalización financiera no sólo ha operado en función de limitar la soberanía nacional respecto de la autonomía en las políticas comerciales y monetarias, sino que también ha avanzado en la generación de ámbitos de “Justicia” global de facto situados en los países centrales (como Estados Unidos y Gran Bretaña), lugares en los que la historia reciente muestra fallos que favorecen abrumadoramente a los financistas, especuladores y lobistas; que son los agentes activos junto a otros –como las calificadoras de riesgo– del predominio del capitalismo financiero. En realidad, la renuncia a la jurisdicción ha significado, más que un cambio de tribunal, un acto de avenimiento al predominio del interés financiero sobre el bien público. El imperio de esta lógica deviene en que siempre deben ganar los financistas especuladores y perder quienes litiguen contra ellos, sin mediaciones, consideraciones de Estado ni razonamientos de equilibrio.

* Director del Cefid-AR.
** Investigadora del Cefid-AR.

Andrés Musacchio *

Otra dimensión de la carroña

El rechazo de la Corte Suprema estadounidense a tomar el proceso de los fondos buitre contra Argentina levantó una gran polvareda, que vuelve a poner sobre el tapete la negra etapa neoliberal de la historia argentina. Entre las fuentes de la turbulencia se destaca la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que obliga a extender las ventajas que se concedan a los bonistas que no ingresaron al canje a todos los que sí lo hicieron. La cláusula vence a fin de año. Después de trece años de espera y a sólo cinco meses de un cambio sustancial de la mesa para negociar, una mesa que daría más flexibilidad a la Argentina, es necesario preguntarse por qué la avidez por acelerar ahora algo que en poco tiempo se simplifica. Queda claro que la cuestión es absolutamente política. No se trata de guita; no es (solo) la inmoralidad del dinero en acción, sino un ataque a un tipo de políticas que más allá de algunos arduos problemas, mostró la viabilidad de una alternativa distinta del capitalismo financiero.

Se ha insistido hasta el hartazgo en que si el canje de la deuda argentina cae, cualquier reestructuración futura será muy dificultosa. Sin embargo, el problema es más grande. El mundo viene preparándose para reestructurar las deudas de muchos países ahogados por el peso de sus pasivos en el marco de una crisis internacional que, a esta altura, ha superado a sus antecesoras con holgura. Pero el problema no está en la deuda y sus reestructuraciones, sino en la crisis misma, fiel reflejo de un tipo de capitalismo que funciona mal y no tiene chances de recuperarse sin un giro radical.

Las lecciones de la crisis del ’30

Uno de los problemas que desvelaron a muchos economistas entre las dos grandes guerras mundiales fue cómo reconstruir una economía productiva y con empleo creciente, evitando burbujas especulativas que truncaran los esfuerzos de la sociedad. Central en Keynes, esta cuestión sobrevoló las discusiones de Bretton Woods en 1944. El nuevo orden internacional que comenzó a plasmarse allí incluyó la venia explícita a la regulación de los flujos internacionales de capital, buscando detener la movilidad del capital financiero. Las restricciones se generalizaron en el mundo occidental, especialmente en los países desarrollados considerados campeones del liberalismo. En síntesis, los controles frenaban la competencia internacional por captar dinero e inversiones entre los emplazamientos posibles. De esa manera podían elevarse salarios y estándares laborales al interior de las naciones, mientras la autonomía relativa de los mercados monetarios aseguraba una política expansiva.

Una nueva crisis desde finales de los ’60 y el paulatino opacamiento del “socialismo real” dieron paso en los ’70 a un golpe de timón. Rotos los acuerdos de Bretton Woods por parte de los Estados Unidos en 1971, se abrió paso una liberalización financiera que se inició en 1974 en Estados Unidos y Suiza y se expandió a prácticamente todo el mundo en los veinte años siguientes. La liberalización subordinó la dinámica económica a las lógicas del capital financiero y disparó una espuria competencia por atraer o retener capitales. Costos laborales o fiscales altos para las empresas significaban que el capital podía migrar, extorsionando a Estado y trabajadores a amoldar sus pretensiones a los que ofrecían emplazamientos competidores.

También abrió la puerta a burbujas especulativas cada vez más audaces, que despegaban las ganancias financieras de la riqueza creada e impulsaba crisis periódicas. La llave de la especulación era el endeudamiento público y privado y las crisis transcurrían invariablemente por el mismo sendero: rescate del sector privado con ayuda internacional para el Estado, que asumía las deudas privadas; negociaciones con el Estado que profundizaban las políticas neoliberales y abrían nuevas oportunidades de negocios para los recién rescatados; finalmente, se sucedía una nueva burbuja de endeudamiento especulativo con su correspondiente crisis.

Los organismos internacionales, especialmente el FMI, pasaron entonces de ser un garante de la estabilidad de corto plazo de las finanzas internacionales –tal su mandato en Bretton Woods– a un gerente del manejo de las burbujas financieras y las crisis. La misión era recauchutar a los países malheridos y volver a ponerlos en la ruta, pero ahora con un mercado laboral más flexible, un Estado más austero y un sistema legal más poroso, con mayor “competitividad”.

La piedra en el zapato

La crisis de los países latinoamericanos a finales de los ’90 puede considerarse como terminal. Finalmente, las sociedades locales manifestaron su hartazgo y forzaron a un giro en las políticas. Curiosamente quedó expuesto que un proceso expansivo necesitaba menos atraer capitales y mucho más retener los propios. Lejos de la prometida explosión de recursos, el neoliberalismo había provocado una sangría atroz y la tarea prioritaria era frenarla de raíz. Sin programas de desarrollo estructurales definidos, se fueron imponiendo procesos de crecimiento endógenos que trataban de recrear algunas de las condiciones de la posguerra. No todas, por supuesto, porque el mundo ha cambiado sustancialmente y de aquella receta varios ingredientes ya no sirven.

Uno de los pilares de las nuevas políticas fue el cuestionamiento a las lógicas de la deuda externa. La reestructuración de las deudas, el pago completo de los pasivos con el FMI y nuevas condiciones para los acreedores mejoraron el perfil de las cuentas corrientes y oxigenaron las economías nacionales. El relativo aislamiento de los mercados financieros internacionales, lejos de la catástrofe, contribuyó a una evidente mejoría. Y probablemente ahí este la clave de lo ocurrido estos días. Se busca mostrar que tal camino es inviable y conduce al abismo. Si la región tiene éxito se abre una impredecible caja de Pandora.

La reacción de los buitres y sus socios es posible por la falta de un marco legal internacional del mercado financiero. Operativamente, la ausencia de un proceso reglamentado de insolvencia le da poder de veto a una minoría no cooperativa. Pero que se sostiene en la falta total de normas relativas a las condiciones generales de los flujos financieros especulativos, que desestabilizan potencialmente cualquier salida de la crisis internacional. Exactamente lo que desvelaba a los economistas de la posguerra.

El caso argentino pone sobre el tapete esa discusión y las reacciones son esperables. No importan los 1300 millones ni los cinco meses, sino cerrar las puertas al cambio. Pero también está claro que las condiciones políticas y económicas se han deteriorado tanto incluso en las regiones centrales, que el statu quo resulta insostenible. Por eso, Argentina cosechó algunos tímidos apoyos, otrora impensables, como el de Anne Osborn Krueger o el FMI, e incluso de bancos transnacionales que notan que la falta de reglas puede tornar aún más inmanejables las finanzas globales. Por supuesto, las soluciones de cada actor son diferentes. Pero el caso argentino dispara una pulseada política en la que se debate la gobernanza internacional. En esa dimensión, eminentemente política, deben moverse nuestras autoridades para trazar su estrategia.

* Idehesi/UBA-Conicet.