La Justicia de La Rioja tiene la oportunidad de dar vuelta el sentido de una de las páginas de su historia: casi cuarenta años después de haber mirado para otro lado, definirá esta tarde si los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella son responsables de la muerte del obispo de La Rioja Enrique Angelelli y las heridas graves sufridas por el entonces sacerdote Arturo Pinto en agosto de 1976. En sus alegatos, las partes acusadoras consideraron que las pruebas expuestas durante el juicio oral comprobaron que el accidente de tránsito que sufrieron Angelelli y Pinto la tarde del 4 de agosto de aquel año fue, en realidad, un atentado pergeñado por las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado. Pinto, el Obispado de La Rioja, las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación y la fiscalía solicitaron al Tribunal Oral Federal riojano que condene a los acusados a prisión perpetua a cumplir en cárcel común.

La sentencia, que se conocerá en un nuevo aniversario del asesinato de los curas palotinos –tres sacerdotes y dos seminaristas fueron acribillados el 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas–, cosechó grandes expectativas. Ayer, para esperarla, se realizó una misa y una marcha.

Luego de ocho meses de debate oral y cerca de cien testigos, los jueces José Quiroga, Calos Cascano y Juan Carlos Reynaga –los últimos dos de Córdoba y Catamarca, respectivamente– deben decidir si sentencian o no a Menéndez y al comodoro Estrella. Los magistrados contaron, entre otras pruebas –tal como reveló Página/12–, con varias cartas que, después de casi cuarenta años de mantenerlas guardadas, aportó la Iglesia. En ellas, Angelelli denunciaba ante autoridades eclesiásticas nacionales y vaticanas amenazas y persecuciones. Los documentos son reveladores en cuanto a la situación en la que se encontraba la diócesis de Angelelli y él mismo durante 1976.

Menéndez y Estrella son los únicos dos imputados que llegaron al juicio oral con vida: el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, del Departamento de Informaciones de La Rioja, fallecieron antes de que comenzara el debate.

Las querellas y la fiscalía solicitaron para los acusados las penas de prisión e inhabilitación perpetua y cárcel común. La querella de los organismos públicos de derechos humanos pidió, además, que la Justicia investigue a los integrantes de los Cruzados de la Fe, una agrupación de terratenientes conservadores que atacaron a Angelelli y fomentaban su persecución a través del periódico local El Sol (ver Página/12).

El 4 de agosto de 1976, Angelelli y Pinto regresaban de Chamical a bordo de una camioneta. Habían participado de una misa en homenaje a los curas de aquel pueblo Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, cuyos cuerpos habían sido encontrados acribillados en las cercanías de la ciudad el 18 de julio de ese año, y según aseguró Pinto en el juicio, “Angelelli sabía que lo iban a matar”. Unos días antes habían asesinado al laico Wenceslao Pedernera. Decidieron, aquella tarde, cambiar la ruta de regreso a la capital riojana para no pasar frente a la base aérea de Chamical. Pero no bastó.

Según declaró Pinto en el juicio, un auto blanco se cruzó delante de la camioneta en la que viajaban con Angelelli y la hizo volcar. El obispo salió despedido, Pinto quedó inconsciente. La hipótesis que para las partes acusadoras quedó probada se basa incluso en informes forenses: Angelelli fue “rematado” en el piso con un golpe de un objeto contundente en su cabeza. Entonces, el hecho fue investigado por el juez Rodolfo Vigo, quien según testimonios vertidos en el debate oral fue “instalado” en la Justicia local un mes antes del dudoso accidente y removido pocas semanas después de que se cerrara el caso. Vigo aceptó la versión policial de los hechos: muerte producida por accidente de tránsito. En 1986 la causa resurgió y se encaminaba a desechar la teoría del choque accidental para imputar a integrantes de las Fuerzas Armadas, pero la ley de impunidad que ponía un punto final a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura la neutralizó. La anulación de aquellas normas permitió retomar la marcha. El resultado se conocerá esta tarde.