La posibilidad de que el ex camarista de Mendoza Otilio Romano consiga la prisión domiciliaria encendió una señal de alerta en el juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, donde se lo juzga junto con los ex jueces Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, además de una treintena de ex policías y militares. Un especialista del Cuerpo Médico Forense dictaminó a favor del ex juez, famoso por haber estado prófugo cerca de dos años, que ahora reclama cumplir la detención en el confort de su casa con el argumento de que tiene diabetes y ya cumplió 71 años. El perito Florencio Casavilla sostuvo que en el penal de San Felipe, donde se encuentra alojado, no están dadas las condiciones apropiadas para atender su enfermedad y, sin que nadie le pregunte, descartó también el penal de Ezeiza.

Romano está detenido en un pabellón especial para acusados de delitos de lesa humanidad. Según un informe de la Procuración Penitenciaria local todos los detenidos allí tienen cama con colchón y frazada, baño en las celdas, que suelen permanecer abiertas –lo que les permite circular por los pasillos– y el lugar tiene buenas condiciones de higiene, excepto en la cocina. Algunos presos tienen televisor, biblioteca y libros. Para los mayores de 60 años, hay médicos que supervisan a la mañana, a la tarde y a la noche. De todos modos, los internos tienen permitido llevar sus profesionales privados. Para los diabéticos hay una dieta especial, y en las visitas les pueden llevar su comida, si quieren. El médico forense, sin embargo, opinó que el lugar no ofrece condiciones adecuadas para la diabetes de Romano.

La decisión de conceder o no el pedido de prisión domiciliaria al ex juez será del Tribunal Oral Federal No 1 de Mendoza, que lo está juzgando por su participación primaria en un centenar de delitos de lesa humanidad, y debatirá el asunto esta semana, mientras siguen declarando testigos. El beneficio está previsto después de los 70 años, pero la ley no obliga a los jueces a otorgarlo y hay factores específicos que permiten rechazarlo, como el peligro de fuga o de que el imputado obstaculice la investigación. Es uno de los temas clave, cantados en este caso, que planteó la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) cuando el tribunal le pidió opinión la semana pasada. Romano se fugó a Chile en septiembre de 2011, y allí intentó que le dieran asilo. Se escapó justo en la antesala de su juicio político. Y, de hecho, fue destituido en ausencia. Pero era evidente que su mayor motivo de preocupación era el juicio penal. En el país vecino vivió de parabienes en una playa exclusiva, con mínimas restricciones. La extradición habilitó que ahora esté en el banquillo.

El MEDH advirtió que Romano “ha sido un prófugo que antes amenazó a funcionarios” cuya “integridad se ha tenido que resguardar” y “ha tratado por todos los medios de entorpecer y dilatar”. Todavía “restan testigos que declaren sobre este y otros acusados”, advierte la presentación de la querella. Por eso se pregunta de qué modo puede el tribunal “asegurar que víctimas y pruebas no serán amenazadas si ya lo hizo con personas con más poder como jueces y fiscales” –en alusión a Walter Bento y Omar Palermo– y cómo puede garantizar “que no se profugará nuevamente”. “Es una persona peligrosa y lo ha demostrado con sus actos no sólo con sus expresiones”, enfatiza. “Fue la persona más poderosa de la Justicia federal en dictadura y en democracia. Tiene los medios y la personalidad para eludir el proceso penal”, dijo el Pablo Salinas a Página/12.

El informe del médico forense, señala el MEDH, no dice que Romano tiene una enfermedad terminal, que es una de las situaciones previstas para conceder la prisión domiciliaria. Tampoco especifica las dificultades o falencias en la atención de su problema de salud. El informe es “infundado”, concluye. El especialista del Cuerpo Médico “no dijo que Romano debe ser liberado”, sino que el lugar “no cumple con requisitos adecuados de detención”. Pero aun así, señala la entidad, habría que liberar a todos los presos comunes que hagan planteos similares. “La situación de los detenidos por lesa humanidad en Mendoza es un privilegio en relación con las inhumanas condiciones de detención en que se encuentra el resto de la población penal”, señala el escrito, que acota que –en todo caso– todos los detenidos deberían estar como los represores. Y, si realmente las condiciones de detención son inapropiadas para un diabético, el tribunal debería buscar un penal adecuado que permita asegurar el tratamiento y seguimiento de la patología.

El fiscal Dante Vega también se opone a la detención domiciliaria de Romano y pidió que se cite a declarar al médico Casavilla para que explique en función de qué elementos sostiene que el penal de San Felipe no es apto y que tampoco lo sería el de Ezeiza. Es “escueta”, dice, la información de su dictamen. Quiere que explique, además, las “razones clínicas”. Otra citación que requirió es la del titular del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Orellana. El MEDH le pidió al tribunal que en todo caso se consulte a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia para que especifique cuál es la cárcel que tiene condiciones para alojar a Romano. Entre los jueces Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade habría discrepancias sobre ese planteo.

Además de su paso por el Poder Judicial en dictadura, Romano y Miret fueron integrantes de la Cámara Federal de Mendoza durante el período democrático y hasta hace cinco años. En sus últimos tiempos de ejercicio participaron de múltiples maniobras para proteger a represores o alivianar su situación judicial, según ha denunciado el MEDH. Esa conducta fue la punta del ovillo que llevó a analizar que había una coherencia con la que habían tenido en la última dictadura. Luego, cuando tuvieron las primeras imputaciones judiciales, al igual que otros colegas suyos, comenzaron a protegerse entre ellos en los expedientes. El abogado Salinas teme que haya una retroceso en las causas que se refieren a la participación de funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado en Cuyo y señala con preocupación que el presidente del Tribunal 1, Piña, es uno de los que atenuó –como camarista subrogante– la imputación contra el ex juez Hipólito Saá y el ex fiscal Eduardo Allende en una causa por complicidad con crímenes de la última dictadura. En el caso del ex juez Carlos Pereyra González, que era secretario de Allende y estaba acusado como partícipe primario del homicidio de Graciela Fiochetti, después de ser torturada, le cambió la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena máxima de dos años de cárcel. El homicidio prevé de 8 a 25 años de cárcel.

La protección corporativa ha sido una constante entre jueces de San Luis y Mendoza, de ahí que la opinión de un forense favorable a Romano y la discusión que se dará estos días preocupen a las víctimas del juicio a los jueces, que están en pleno desarrollo, donde se los acusa de haber omitido investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos que tenían ante sus ojos.