Viernes, 26 de septiembre de 2014 | Hoy
EL PAíS › EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU VOTARA HOY UNA RESOLUCION PRESENTADA POR LA ARGENTINA
En una sesión que se realizará hoy en la sede de Ginebra, el organismo debatirá un proyecto, que presentará el canciller Timerman, que condena el accionar de los fondos buitre. Complementa la resolución del pasado 9 de septiembre.
La Argentina busca dar un nuevo paso para aislar a los fondos buitre en el escenario internacional: hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, debatirá y someterá a votación un proyecto de resolución, presentado por el canciller Héctor Timerman, condenando este tipo de accionar especulativo. Así, el Gobierno espera complementar la decisión aprobada el 9 de septiembre en la Asamblea General de la ONU para crear un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, tema que también será tratado en la próxima reunión del G-20, continuando con la avanzada en los ámbitos económicos y diplomáticos contra los fondos especulativos que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en paralelo al conflicto judicial que se dirime en los tribunales de Nueva York.
La resolución que se votará hoy en Suiza lleva por título “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los fondos buitre” y busca “condenar el accionar de los fondos buitre y la especulación financiera”, informó ayer Timerman antes de viajar rumbo a Ginebra para encabezar el debate. Para el canciller, la presentación ante el máximo organismo en materia de derechos humanos de la ONU tiene sustento en que “aparte de los motivos económicos que tienen con su accionar, los fondos buitre no les permiten a los países cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos al desviar fondos que son necesarios para cubrir temas de educación, salud y desarrollo económico”, como consecuencia de los fallos favorables que obtienen en ciertos juzgados.
La resolución será considerada por los 47 miembros del Consejo, y el canciller anticipó que espera “un respaldo demostrativo de que el problema de los fondos buitre son un problema que excede a la Argentina, ya que está afectando a muchos países en América latina, el Caribe, Africa y Asia”, de la misma forma que se logró el apoyo de más de 140 países en la Asamblea General de la ONU ante la propuesta de establecer un marco regulatorio legal para las reestructuraciones de deuda soberana, a pesar de la oposición de Estados Unidos, Alemania y otras grandes potencias.
“Los derechos humanos son un tema por el que la Argentina ha sido siempre reconocida por su liderazgo en todo el mundo, y creemos que es hora de que los países expresen su desagrado y su preocupación por la especulación financiera y la protección que reciben los fondos buitre en distintas esferas judiciales para su accionar”, agregó Timerman. “Estamos seguros de que vamos a conseguir un amplio respaldo, hemos estado trabajando para lograrlo y así es como esperamos que se les responda a los fondos buitre y a quienes los protegen. Mañana en la votación veremos quiénes están en contra del accionar de los fondos buitre y quiénes protegen el accionar de éstos”, concluyó.
La resolución también prevé que “el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas prepare un informe sobre los efectos del accionar de los fondos buitre en los países en desarrollo”, que “no son solamente económicos”, sino que “tienen que ver con la política, con los derechos humanos, con los derechos sociales y con el desarrollo económico” de cada Estado “para lograr una vida digna”, explicó el canciller. “La Argentina quiere en ese sentido también liderar, como ha liderado en los históricos juicios por violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia en el país, y también quiere dejar constancia y condenar el accionar de los fondos buitre por vulnerar los derechos sociales, civiles, económicos y políticos en los países donde actúan”, dijo por último el ministro de Relaciones Exteriores.
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