En el que fue quizá el más desafiante y explícito de todos sus discursos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, eligió hablar de dos temas siempre convocantes para la tribuna: la “inseguridad” y el “narcotráfico”. Lo hizo, precisó, porque forman parte de los que considera como los “problemas reales del ciudadano común” que merecen ser incluidos en la “agenda pública”. En ese terreno, advirtió que hacen falta “políticas concretas y coordinadas para mejorar los niveles de seguridad de la población”. “Todavía estamos esperando que tengamos políticas de Estado claras” para “combatir el narcotráfico”, agregó a modo de reclamo. Con la mística de la prédica política, Lorenzetti les habló así a jueces de todo el país que lo escuchaban en el acto inaugural de la IV Conferencia Nacional de Jueces, en el antiguo Hotel Provincial de Mar del Plata. A ellos no les mencionó la aprobación del Código Civil, cuya redacción de base fue coordinada por él mismo, pero en una rueda de prensa consideró que “es un gran avance” y que “la mayoría de los temas han sido muy discutidos y no hay grandes dificultades” (ver recuadro).

El discurso de Lorenzetti duró 46 minutos, a lo largo de los cuales no titubeó. Es un rasgo suyo de siempre hablar de corrido, pausado y mirando fijo al público casi sin mirar el papel. También lo es repetir todos los años frases y conceptos. Por ejemplo, que hacen falta “políticas de Estado” y “reglas” claras. O celebrar al Poder Judicial “unido y concentrado”. Y defender su carácter contramayoritario por ser el que se encarga de contrarrestar a los poderes mayoritarios, al poder político, al cual pone en tela de juicio una y otra vez casi sin nombrarlo. Así es que dice que quienes toman decisiones judiciales no se deben enfocar en los problemas y discusiones “de poder” sino en los asuntos de ese universo que se rotula como “la gente”. Del mismo modo, no habla directamente del Gobierno ni de partidos políticos, pero es evidente cuando alude a ellos. En esta ocasión, excluyó los juicios de lesa humanidad del temario.

Lo que sí nombró por primera vez de manera explícita e insistente, al inicio de su exposición, fue “la inseguridad”. “Si uno escucha las conversaciones comunes de la gente no hay nadie que no hable de la inseguridad, todos los ciudadanos de la argentina están preocupados, y más allá de que uno pueda tener distintas opiniones es una preocupación”, buscó empatía. En esa línea, añadió con cierta ironía que, aunque pueda ser “interesante” y “atractiva” “la discusión entre el garantismo y aquellos que se oponen y prefieren la mano dura”, “la vida real pasa por otro lado”. En un año donde la discusión sobre la reforma del Código Penal (cuya redacción encabezó el juez supremo Raúl Zaffaroni) y el endurecimiento de las penas estuvo sobre el tapete, el comentario no pasó inadvertido. Lorenzetti afirmó que se puede tener “un régimen de seguridad razonable con respeto de los derechos”, pero que falta “un ámbito donde se coordinen políticas de seguridad en beneficio de la gente”. En lo que atañe a los jueces, quienes –aclaró– actúan una vez cometido el delito “debemos establecer reglas claras” para que “los delitos no se repitan”.

En otro gran capítulo que abordó Lorenzetti –justo en días en que se reabre la discusión sobre la ley de estupefacientes– incluyó la drogadicción y el narcotráfico. Primero intentó despegar a la Corte de la idea de despenalización, y dijo que el fallo “Arriola” (que declaró inconstitucional el consumo de drogas cuando no afecte a otros) sólo se refirió al “derecho de actuar libremente si no perjudica a terceros”. Pero dijo que “en ese fallo” el tribunal “exhortó a combatir el narcotráfico”. “Y todavía estamos esperando que tengamos políticas claras y concretas para que esto suceda.” Defendió a su corporación al decir que “los jueces federales han trabajado muchísimo en distintos lugares del país”.

El planteo pareció una alusión al debate que se reabrió estos días a partir de que el titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, dijo que habilitaría el consumo de todo tipo de drogas, algo que luego matizó, y se refirió a un proyecto para modificar la ley. “No se puede hacer ninguna afirmación a la ligera, tenemos que ser cuidadosos”, reprochó Lorenzetti. “El Estado le dice a un ciudadano, ‘usted tiene prohibido fumar’ y luego le dice ‘usted puede tomar cocaína en este lugar”, ejemplificó. “Una cosa es trabajar socialmente, otra ir apresuradamente sobre caminos que no sabemos cuál es su final”, y agregó “hay que escuchar a la población cómo se sufre con este tema en todo el país. El incremento de la drogadicción es un problema”, generalizó. “A los jueces y juezas les incumbe el combate del narcotráfico, pero necesitamos políticas de estado claras”, insistió.

Lorenzetti iba cambiando pasando de temas, como quien toma examen y en cada punto anuncia “bochado”. Plantó que “ni la drogadicción ni la inseguridad” “se van a solucionar si no tenemos una sociedad con un mínimo de igualdad, sin que haya excluidos”. En cada subtítulo iba intentando mostrar todo lo que hace el Poder Judicial ante vacíos que deja el Estado, en materia derechos económicos, vivienda, educación, alimentación. Rechazó “la igualdad basada en subsidios”, que asoció con las situaciones de emergencia, y alentó “la igualdad de derechos”. Recordó el fallo supremo sobre la pesificación de los depósitos y señaló que la seguridad jurídica no es un asunto solo de los empresarios sino “del que le bajan el salario o le cambian la tasa de un préstamo o le cambian las condiciones de compra de una vivienda”.

En días en que él mismo fue criticado públicamente por Elisa Carrió por el Código Civil, Lorenze-tti dijo que “la libertad de expresión y la crítica en el debate público tiene como contracara la defensa del honor y la prohibición de la discriminación”. Cuestionó la “difamación” y la práctica del “agravio”, así como la “censura” con la difusión de imágenes de periodistas, que calificó de “peligrosos”.

Cerca del final, llegó el tema que la familia judicial repite en todos sus encuentros: el de su “independencia judicial”, que es presentado siempre como si el poder político los presionara. “Es algo que reclamamos y defendemos”, anunció Lorenzetti, aunque esta vez dejó abierto el concepto y clamó por que “el juez o jueza pueda desempeñarse con libertad, de acuerdo al caso”, sin injerencia ajena. Esta discusión, la de los condicionamientos de distintas corporaciones sobre los jueces, fue lo que disparó la fundación de Justicia Legítima.

Cada vez que habla desde la cúspide, Lorenzetti deja flotando la duda sobre qué quiere, cuál será su objetivo. ¿Mandar desde la Corte? ¿Ser presidente? ¿Servir a la población? El habló del momento actual como de “crisis”, propia de un ciclo donde el Poder Judicial “define su identidad” y todos los caminos conducen a él como “la última garantía que tienen los ciudadanos”.