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Los representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal apoyaron el sistema acusatorio propuesto en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. En el mismo sentido, se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al apuntar que los aspectos que analizaron hasta ahora de la iniciativa resultan “interesantes” ante la necesidad de una reforma a nivel nacional y federal, tal como indicó a Página/12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del organismo. Sin embargo, señaló la “preocupación” por los artículos del proyecto referidos a la deportación de extranjeros y a la consideración de la “conmoción social” para dictar la prisión preventiva.

Los fiscales y defensores de todo el país, junto al ministro Julio Alak, anunciaron que el jueves 30 se presentarán en el Senado para participar de la reunión de la Comisión de Legislación Penal, que analiza el proyecto del Ejecutivo. Allí expondrán las distintas experiencias recogidas en cada una de las jurisdicciones en las que ya rige el régimen acusatorio.

Durante el encuentro, Alak subrayó que “el actual proceso inquisitivo es lento y dificulta las investigaciones conjuntas dentro del país, porque a nivel federal investiga el juez y en las provincias lo hacen los fiscales, igual que en el resto del mundo”. Los representantes de los organismos que nuclean a los fiscales, asesores generales y procuradores de todo el país destacaron la propuesta oficial de trasladar la función de investigación a los fiscales, al tiempo que los jueces mantienen el poder de decisión sobre todas las resoluciones judiciales, tales como imputaciones, procesamientos, prisiones preventivas, elevaciones a juicio y, por supuesto, la determinación de inocencia o culpabilidad de los acusados.

En diálogo con Página/12, Litvachky aclaró que un proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal es de gran magnitud y que por eso “aún lo están estudiando” en el CELS. Pero anticipó que, más allá del acierto de la reforma, también serán claves de la mejora del sistema penal las leyes orgánicas de la estructura judicial, para no repetir los inconvenientes que tuvo en la práctica el sistema acusatorio cuando fue implementado en la provincia de Buenos Aires.

“Hay dos cuestiones puntuales que nos generan preocupación y dudas como para que sean discutidas en el Congreso. La primera tiene que ver con la referencia a la conmoción social como forma de aplicación automática de la prisión preventiva, porque es un parámetro de raigambre complicada y vinculado con la agenda mediática que relaciona la seguridad con la cuestión penal”, dijo la abogada. A su criterio, la prisión preventiva no puede ser definida por otros elementos que no tengan que ver con la posibilidad de que una persona se fugue o vaya a entorpecer la investigación penal. “La regla es la libertad, la cárcel es la última ratio”, agregó.

En tanto, sobre la incorporación de la flagrancia como determinante para la expulsión de extranjeros, la letrada del CELS señaló que esto “vuelve a vincular a los migrantes con el delito, y además vuelve a plantear dudas sobre cómo será en la práctica, son incentivos que se ponen en las leyes, pero en la práctica terminan funcionando en forma muy tergiversada”, sobre todo por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.