Ocho años pasaron desde que empezaron a recolectarse las pruebas, se realizaron allanamientos y se tomaron declaraciones indagatorias en el marco de la causa que señala al ex titular de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre y a los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero como miembros de una asociación ilícita dedicada al espionaje. En la misma investigación, el empresario Néstor Ick, el general retirado Daniel Raimundes y los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard son acusados de encubridores. Tal como adelantó Página/12 el domingo pasado, los imputados ahora enfrentan el pedido de elevación a juicio que la semana pasada realizó el fiscal Fernando Domínguez. “Se verificó una sociedad delictiva de carácter estable y permanente”, sostuvo el fiscal en el escrito, donde también pidió la ampliación de indagatorias para una “oportuna extracción de testimonios” que permita continuar la investigación.

La causa se inició en 2006 y, luego de dos años de haber interceptado correos y escuchado teléfonos, en junio de 2008 comenzaron los allanamientos simultáneos en las viviendas de los sospechados. Allí se secuestró material informático y la documentación que llevó a los investigadores a separar a los acusados en dos grupos.

El primero lo integran aquellos que supuestamente conformaron el emprendimiento ilícito. A la cabeza sitúan a Yofre, mientras que Velázquez y Carpintero son calificados de “brazos técnicos y operativos”. Los tres imputados fueron parte de la SIDE y, según aparece en la causa, integraban una organización clandestina de espionaje gracias a los conocimientos específicos en informática y la experiencia suficiente en el área que poseían.

En el documento al que tuvo acceso este diario, la empresa ilícita se habría dedicado “a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información” política, social, militar y económica que sustrajeron “por métodos de piratería informática” de correos electrónicos de funcionarios nacionales y diplomáticos entre agosto de 2006 y junio de 2008.

Según señala el fiscal en el escrito, Carpintero y Velázquez habrían interceptado las cuentas de correo electrónico de funcionarios que van desde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (senadora nacional al momento del inicio de la investigación), el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el entonces canciller Jorge Taiana y el actual, Héctor Timerman, junto a otros funcionarios vinculados con áreas de relaciones exteriores del Gobierno.

Se obtuvieron datos de la agenda presidencial cuando Néstor Kirchner era jefe de Estado, el programa tentativo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial de diciembre de 2007, correos electrónicos de Jorge Argüello –ex embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas–, reuniones con representantes de otros países relativas a las islas Malvinas. Toda esa información era luego cargada en direcciones de correo empleadas por la organización, según lo que describe el fiscal.

Esos datos, remarca Domínguez, “debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores” del país, pero a través de las cuentas creadas por la empresa ilícita, Yofre se los habría enviado a Raimundes, Ick, García (en ese momento director del diario Ambito Financiero), Alderete (del portal Seprin), Mainhard (de Urgente 24) y Pagni.

Ellos integran el segundo grupo, el de los “clientes” que lograron tener acceso a los datos de los funcionarios públicos y por eso están acusados de encubrimiento agravado. Por ejemplo, en el caso de Pagni y según lo relata el fiscal, Yofre le habría remitido los correos obtenidos de Isidro Bounine y Fabián Gutiérrez, en ese momento secretarios privados de Kirchner. Contenían información sobre la “realidad del sector agropecuario y medidas adoptadas”. “Los cargó el 4 de agosto de 2007, desde una computadora instalada en su domicilio” en una cuenta de correo receptáculo “empleada conjuntamente con Pagni para tales fines, [email protected]”. “Tras ello, puso en conocimiento de Pagni de los correos electrónicos remitidos a través de un llamado telefónico que efectuó, oportunidad en la que refirió si ya había escrito sobre el campo y que tendría que haber consultado a Ronaldo, lo cual Pagni queda en hacer”, asegura Domínguez.

Hasta el momento, los acusados negaron los cargos durante las declaraciones tomadas a lo largo de la causa. En el caso de los periodistas, además, argumentaron que desconocían el origen ilícito de la información que luego utilizaban para sus notas o columnas en los medios. De todos, igualmente, el fiscal pidió ampliar los testimonios, algo que también deberá resolver el juez junto con el pedido de elevación a juicio.