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La mayor discreción del fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes no borra su pasado. Simplemente lo saca del primer plano. Pero su papel central en la organización de la marcha del 18 fue confirmado ayer en una entrevista que el fiscal Guillermo Marijuán concedió a La Nación.

Desde el primer momento Marijuán, el candidato de Sergio Massa a la Procuración General si viera cumplido su deseo de remover a Alejandra Gils Carbó, fue el más cuidadoso de los organizadores. No habló de magnicidio ni de muertos que se tiran unos a otros como Moldes, que como si no fuera un fiscal hizo declaraciones con sujeto tácito. Marijuán se limitó a repetir que el 18 habrá un homenaje al fiscal Alberto Nisman y que la marcha “no es contra nadie”.

Entrevistado por el periodista Diego Sehinkman, Marijuán contó su versión sobre el inicio del movimiento que encabeza. Fue cuando un fiscal redactó una denuncia contra Fernando Esteche, jefe de Quebracho, “porque había manifestado públicamente que habría hecho algún tipo de negociación con el Poder Ejecutivo para acordar los términos de la pena que eventualmente le iban a imponer en una causa que él tenía acá en trámite”. El periodista le preguntó si los fiscales firmaron “por el malestar que les producía que alguien dijera que las cosas se arreglaban directo con el Ejecutivo, salteando al Poder Judicial”. Marijuán respondió que sí. “Firmamos tres o cuatro y después fueron firmando otros, entre ellos el fiscal de Cámara, el doctor Moldes”. La denuncia se sorteó, le tocó a Marijuán, los fiscales volvieron a reunirse y allí fue, según su relato, que ese grupo quedó en convocar a una marcha.

El homenaje a Moldes con una cita especial en el reportaje no parece ser en vano. De perfil público muy bajo y fluidas relaciones con directores de la Secretaría de Inteligencia desde los tiempos de Hugo Anzorreguy, Moldes es conocido en Tribunales por su habilidad como operador sigiloso que siempre se cuidó de no dar expresiones públicas ni de que manifestaciones suyas en privado se hicieran públicas.

Antes de ser fiscal fue secretario de Población con José Luis Manzano de ministro del Interior. Colaboradores suyos de aquel momento contaron a Página/12, con pedido de reserva de identidad, que a veces Moldes los citaba en lugares abiertos para conversar mientras caminaban. Uno de esos lugares podía ser la propia Plaza de Mayo, centro neurálgico de la Casa Rosada, la Secretaría de Inteligencia del Estado y varios ministerios. Las charlas no eran filosóficas. Versaban, por ejemplo, sobre las irregularidades de la inmigración china, un fenómeno que no parecía irritar a Moldes. Más bien lo contrario. Una parte de su equipo estaba deslumbrado frente a las posibilidades recaudatorias ofrecidas por la mafia que manejaba las migraciones.

En 1992 Gustavo Druetta, actual sociólogo y un ex oficial del Ejército que pidió la baja en 1970 después de ser hostigado por sus jefes cuando prometió que no participaría en ninguna represión social, relató en Página/12 sus problemas con Moldes por el ingreso irregular a la Argentina de Monzer al-Kassar, un comerciante de productos lícitos e ilícitos que operaba de manera lícita e ilícita, con el ingenio suficiente para decir que, por caso, vendía armas a los cazadores africanos. Nacido en 1945 en la ciudad siria de Nebek, cerca de Damasco, Al-Kassar terminó condenado a 30 años de prisión por la Justicia norteamericana. Años después sería inmortalizado por una crónica de The New Yorker con este título: “El traficante”. Traficante de artículos varios y de información de Inteligencia con valor global.

A mediados de octubre de 1991, Druetta se hizo cargo de la Dirección de Migraciones. Duró poco, sobre todo porque descubrió y denunció presuntas maniobras cometidas por quien apodó Capitán Garfio. Monzer al-Kassar había sido ayudado con una entrada limpia a la Argentina en 1990 y la obtención de documentos verdaderos por un grupo de seineldinistas y masseristas del gobierno de Menem, encabezado por el capitán retirado Aurelio Martínez. Luego obtuvo la ciudadanía. El juez federal mendocino Gerardo Rodríguez dijo en 1992 a Página/12, entrevistado por el periodista Román Lejtman, que le dio la ciudadanía a Monzer al-Kassar porque no había recibido ningún escrito con objeciones.

Druetta descubrió un dato clave: en el expediente administrativo que habilitaba la residencia de Al-Kassar por dos años faltaba el informe de Interpol. Solo había una declaración unilateral de Al-Kassar declarándose intachable. Cuando saltó el escándalo en Mendoza y la propia Justicia mendocina investigó la concesión graciosa, el Grupo Moldes le pidió a Druetta que no enviara nada al juez interviniente sino que dejara los papeles en Migraciones. Druetta mandó una copia de todo a Mendoza por correo privado.

Al verse acorralado por el Grupo Moldes, Druetta decidió renunciar y hacerlo directamente ante Carlos Menem, a quien encontró el 19 de mayo de 1992 a la salida del programa de televisión de Bernardo Neustadt.

Consultado ahora para esta nota, Druetta dijo que “ya afuera de la Dirección Nacional de Migraciones, Moldes me hizo una demanda por injurias y calumnias mientras continuaba como secretario de Población y yo sin trabajo”. Añadió: “Me ratifiqué en todas mis denuncias y pedí juicio oral y público. Sus abogados del Ministerio del Interior nunca más aparecieron. Pero fui seguido por autos sospechosos algún tiempo mientras él terminó premiado con una fiscalía federal”.

El aporte de Druetta busca claridad informativa y no tiene una intención política detrás, como queda claro por este comentario: “Sin perjuicio de mi opinión sobre el hecho que ha vuelto a enlutar a la República, quiero recordar episodios significativos de este siniestro personaje premiado por el poder menemista y acomodado con el poder kirchnerista, que ahora irá por el que venga”.

Movedizo, cuando ya era fiscal Moldes intervino en la denuncia contra Al-Kassar.

El domingo pasado este diario recordó la actuación de otro de los convocantes de la marcha, el fiscal general número dos ante la Casación, Raúl Plee. Según Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, no sólo no acusó sino que ni siquiera se presentó al juicio.

En una columna de opinión publicada en Página/12, Litvachky, experta en seguridad y justicia del CELS, informó sobre el tropiezo que sufrieron los querellantes de Memoria Activa en una causa a cargo del juez Ariel Lijo relacionada con la voladura de la AMIA. El hecho ocurrió “ante el sobreseimiento de un grupo de imputados”. Entonces “la querella apeló la decisión, pero fue nuevamente abandonada por los fiscales”. Dijo Litvachky que “quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones” y señaló que, como jefe de la Unidad Amia, Nisman “sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez”. Según Litvachky, Nisman explicó que no había apelado porque “carecía de autorización para hacerlo por su cuenta” ya que el fiscal natural de la causa era Moldes.

Cualquier parecido con el Capitán Garfio no es mera coincidencia.

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