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“El poder del video se extiende con pocos contrapoderes a la vista (...). Más profundamente, produce también efectos sobre la misma morfología del sistema institucional. Desde este punto de vista, aparece claramente otra faz de la TV: ser un coproductor del proceso político. No sólo escenifica sino que también puede operar.”

Devórame otra vez.

Oscar Landi, 1992.

“Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia (...) que frecuentemente o, mejor, generalmente el resultado final de una acción política guarda una relación absolutamente inadecuada y, frecuentemente, incluso paradójica con su sentido originario. Eso no permite, sin embargo, prescindir de ese sentido.”

La política como vocación,

Max Weber.

Un grupo de fiscales, casi todos desprestigiados, lanzó la convocatoria a la marcha del 18-F. Se dice a su favor que tienen años de experiencia, lo que disimula que fueron compadres del menemismo. Con tanto rodaje, algún ingenuo podría preguntarse por qué no ascendieron en el generoso escalafón de Tribunales. Para quienes anidan en Comodoro Py una explicación es que son más poderosos con ese rango y lugar que en un cargo superior. Otra es que su versación jurídica, su capacidad intelectual y sus antecedentes los hacen poco competitivos para concursos medianamente serios.

Como fuera, la movilización, todo lo indica, trascenderá largamente la capacidad de convocatoria de personajes desconocidos para el gran público, lo que les conviene (a los fiscales referidos, se entiende). Los medios dominantes la han transformado en una causa justa, una cruzada.

Los partidos opositores con más votos se sumaron, con subterfugios como “marcha apolítica”, “ir sin banderas”, pero caminarán con aire contrito detrás de los funcionarios judiciales haciendo rostro y reclamando cámara. Estarán calladitos, interinamente: ya hablarán en días y semanas ulteriores en la generosa plataforma de la Corpo y sus satélites.

Hace rato que las clases medias o altas le han encontrado el gusto y el manejo a “la calle”. La aparición de Juan Carlos Blumberg supo ser un momento augural. La brega contra las retenciones móviles fue otra. La ocupación del espacio público habilita ventajas políticas, en particular en la etapa kirchnerista: la del miércoles será una nueva ocasión. Conjeturar más, en la previa, es aventurado o hasta timbero.

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Pe(s)cadores a río revuelto: Varios de los políticos, no todos, que estarán a la zaga de los fiscales (y viven a la zaga de Clarín), carecen de antecedentes como manifestantes por algo vinculado al atentado contra la AMIA. Los que fueron menemistas porque los salpica o concierne el único encubrimiento comprobado. Fue piloteado por el ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano. La causa respectiva llegará a juicio oral, se espera que en el próximo invierno, a once años de la masacre.

El jefe de Gobierno Mauricio Macri fue hospitalario con Jorge “Fino” Palacios, uno de los procesados en ese expediente. Lo conchabó como jefe de la Policía Metropolitana, en su momento fundacional. El líder de PRO se “justificó” luego diciendo que se lo había recomendado la CIA. En fin... Por ahí, a los “servicios” gringos no les importaba la conducta de Palacios, para un político argentino debía ser relevante. Con la designación, Macri se granjeó el repudio de las organizaciones de familiares de víctimas de la AMIA. Son luchadores que integran y enaltecen a la colectividad judía, aunque la Vulgata atribuye esa condición sólo a la dirigencia de la DAIA y la AMIA, cómplice del ocultamiento con Menem y altiva hoy.

El diputado Sergio Massa, presidenciable del Frente Renovador (FR), procuró un momento de fama postulándose como querellante en las causas vinculadas al atentado a la AMIA. Massa es abogado, recibido hace poco en una universidad privada. Un cliente reconocido, rico y poderoso seguramente no se diploma como premio al estudio sino como reciprocidad por el pago. Así que puede concedérsele que sea un ignorante del derecho. Tiene abogados con mejor formación alrededor, podrían haberle explicado que su movida era una payasada, cuyo rechazo distraería al juzgado de labores más acuciantes.

En cualquier caso, es dudoso que muchos de los que caminen detrás del “corralito” de los fiscales-vanguardia hayan estado en movilizaciones por el atentado a la AMIA, durante largos 20 años. Ni hablar de las conmovedoras jornadas de Memoria Activa frente a Tribunales. Su interés es repentino, su archivo los expone.

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La imputación cantada: El fiscal Gerardo Pollicita marcharía el miércoles si no estuviera designado en el expediente que trajina la denuncia de Nisman por encubrimiento. Nadie puede imaginar que sea imparcial respecto del Gobierno al que aborrece política e ideológicamente. Le cupo dictaminar sobre la denuncia, más allá de su corazoncito tenía jugada única. Archivarla de movida es inusual y en esta coyuntura lo lapidaría ante sus aliados, opositores fervorosos todos. Presentó un requerimiento, en dialecto jurídico, que equivale a instar que se investiguen los hechos denunciados. Matizó un poco los planteos de Nisman, atento a las críticas demoledoras que recibió. No pidió indagatorias para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni para el canciller Héctor Timerman, otra exorbitancia de la denuncia. El expediente se pondrá en marcha, propuso medidas de prueba y secreto del sumario, que aspira a socavar con filtraciones a Clarín, algunas ya concretadas.

Los medios opositores se arrobaron con el uso de la palabra “imputada” como sinónimo de “procesada”. No hay tal, para un procesamiento harán falta pruebas y no relatos salvajes. Es una falacia en un bosque de muchas, otra artimaña.

El juez federal Daniel Rafecas adelantó su regreso de las vacaciones: estará a cargo de la causa desde el primer día hábil de la semana, el miércoles ya famoso. Aunque sus piezas principales fueron difundidas, seguramente las repasará en el papel.

Conforme al caduco Código Procesal vigente, tan endiosado por la oposición, el juez puede hacerse cargo de la instrucción o dejarla en las (poco recomendables en este caso) manos del fiscal. Rafecas no adelantó qué hará pero baqueanos de tribunales predicen o intuyen que lo tomará a su cargo. Derivar el caso Ciccone al fiscal Carlos Rívolo le causó muchos quebraderos de cabeza, sería torpe tropezar con una piedra parecida.

Rafecas no es un juez promedio de Comodoro Py. Proviene de otra camada que la banda de la servilleta, tan de moda en los quinchos VIP. Es estudioso y profesional. Investigó al ex presidente radical Fernando de la Rúa contra quien armó un caso muy consistente que fue demolido sin fundamentos sólidos por un tribunal oral compuesto en parte por un juez procesista y otro boina blanca.

También investigó al vicepresidente kirchnerista Amado Boudou. Esa osadía dual, en base a sus convicciones (opinables como todo), le valió ser objeto de una ofensiva bipartidista para destituirlo en el Consejo de la Magistratura. La respectiva denuncia sigue abierta y estuvo a un tris de ser uno de los últimos contubernios bipartidistas.

Rafecas es un profundo conocedor de la cultura judía y un estudioso del Holocausto. Publicó un excelente libro, Historia de la solución final. Tal saber ni es necesario ni suficiente para juzgar el pleito que arde como brasa en sus manos. Pero habla de una postura ideológica valorable, ajena a un montón de pescadores en el río revuelto. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota, sin ir más lejos, metió una pata descomunal hablando de lo que no sabe ni le importó hasta hace unas horas.

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Asociaciones lícitas: El viernes pasado se habló en esta columna de la causa que investiga la muerte dudosa y violenta de Nisman. El cronista prefiere remitirse a ella que repetirse, por consideración al espacio y a los lectores habituales. Baste decir que su avance existe aunque es lento. De momento, solo el pícaro Maximiliano Rusconi, abogado del opaco informático Diego Lagomarsino, puso miguelitos en el pavimento. La derecha política mediática y judicial promueve que el expediente sea derivado a Comodoro Py, donde juega de local. Una porción atendible de las críticas a la fiscal Viviana Fein reconoce esa finalidad.

La procuradora Alejandra Gils Carbó, que sigue en el medallero de los protagonistas demonizados, designó un conjunto de fiscales para reemplazar a Nisman en la unidad AMIA. El trabajo colectivo es una virtud de la medida. Evitar la concentración de poder en un solo fiscal viene en combo. Queda raro hablar de poder cuando se analiza a “la Justicia” pero resulta que existe.

Los nombrados son funcionarios con buenos desempeños previos. Se cuestiona que dos pertenecen a Justicia Legítima, que se parangona con una asociación ilícita. No lo es, para nada, su presunto pecado es promover un debate dentro del críptico Poder Judicial. Seamos amplios: ni siquiera la Asociación de Magistrados equivale a una banda, aunque pululen en ella jueces truchos, ultra clarinistas y fiscales de mala fama.

Activar la causa principal sobre el atentado es una misión peliaguda que ronda con lo imposible. Tras décadas de ocultamientos, todos previos al memorándum con Irán, sería una labor ciclópea hallar nuevas evidencias o desentrañar la maraña de embustes y encubrimientos. De cualquier forma, debe hacerse el intento porque el delito es imprescriptible y el Estado no puede darse por vencido.

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A judicializar, a judicializar: Fiscales desconocidos por casi toda la ciudadanía aspiran a ser vanguardia de una muchedumbre, que jamás podrían congregar en circunstancias normales.

Dirigentes opositores, se prevé, serán seguidos por mucha “gente”, en cantidad que ya ni tratan de interpelar en sus actos de campaña.

Si el oficialismo, cuando se pone optimista, aspira a sacar el cuarenta por ciento de los votos es un dato que hay muchos ciudadanos adversarios al Gobierno. Es presumible que la marcha del 18-F les habilite un canal para transmitir su espíritu opositor, su malestar, su bronca o su odio, que pueden mezclarse en dosis surtidas. Forma parte del juego democrático al fin. Sería más redondo si cada cual sincerara sus premisas y pertenencias, aboliendo el odio. En la coyuntura, es mucho pedir.

Los medios son actores protagónicos, ya lo dijo Landi en una de las citas que encabeza esta nota. Lo señaló hace añares, en la prehistoria del poder mediático. Clarín tiene demandas concretas para el próximo gobierno. Abolir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es prioritaria. Abortar las investigaciones sobre la adquisición de Papel Prensa, otra. La cereza del postre sería recuperar el manejo de la transmisión de fútbol por tevé. Y van por más.

Los dirigentes opositores podrán darse un baño de multitudes que no se dan maña para atraer a actos proselitistas.

La expresión “judicializar la política” es habitual en muchas latitudes, cada cual puede explicarla a su sazón. Para el cronista, vale la pena parafrasear lo que escribió el sociólogo francés Pierre Rosenvallon en el libro La contrademocracia: “El ciudadano se ve tentado de encontrar en los tribunales lo que ha desesperado de obtener por la elección”. En criollo: pescar vía Comodoro Py lo que no se consigue en las urnas.

Parangones con los ex presidentes Isabel Perón o Richard Nixon, pedidos de juicio político son modos equívocos de llamar a una destitución irregular. El juicio político en regla es imposible porque lo impide la conformación del Congreso, decidida por el pueblo soberano. Es una señal interesante, digna de mención.

Una oposición cuya mejor oferta es derogaciones de leyes a granel o alianzas con las corporaciones aduce que tiene ganadas las elecciones de octubre. Si así fuera, le compete custodiar su patrimonio... si le falta le cabe laburar para construirlo.

Los antagonismos son válidos y hasta deseables. El odio que se incuba y promueve es mal humus para el sistema político. A más de tres décadas de la recuperación de la democracia, sería deseable que la competencia electoral fuera para los líderes políticos el juego que mejor saben y más le gusta. Sería deseable.

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