Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.

Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.

Un gigantesco oximoron

La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.

Fiscales y jueces

Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.

Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.