El oficialismo consiguió ayer en la Cámara de Diputados los dictámenes de mayoría de los seis proyectos complementarios para la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en la Justicia nacional y federal. Las iniciativas llegarán el miércoles al recinto de la Cámara baja, donde el FpV cuenta con los votos necesarios para transformarlas en ley. De esa manera, el nuevo CPP que reemplaza el actual sistema inquisitivo por el acusatorio, donde los fiscales –y ya no los jueces– tendrán a cargo la instrucción en el marco de la oralidad del proceso, comenzaría a regir el 1º de marzo de 2016 en la Justicia Nacional Penal Ordinaria de la Capital Federal. Luego, de manera gradual, se irá extendiendo –bajo monitoreo parlamentario– al resto la Justicia federal.

El debate en la Cámara baja incluyó los seis proyectos de ley complementarios del CPP que ya tienen media sanción del Senado: Implementación del Código Procesal Penal de la Nación; Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa; Modificaciones al Código Penal sobre extinción de la acción (del anterior Código de Procedimiento) y Régimen de subrogancias.

La discusión legislativa arrancó al mediodía y concluyó cerca de las seis de la tarde, en un periplo que incluyó primero a la Comisión de Justicia –que preside Graciela Giannettasio–, luego se amplió con los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, para terminar en un plenario que incorporó a la Comisión de Presupuesto en aquellos proyectos que requieren fondos del Estado nacional.

Los principales cuestionamientos de la oposición volvieron a centrarse en las atribuciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público le concede a la Procuración General en la designación de fiscales. “Se le otorga un cúmulo de atribuciones que no se contrapesa ni balancea con ningún tipo de control interno y externo”, se quejó el diputado radical y ex fiscal Manuel Garrido, quien integró la comisión bicameral que analizó los proyectos. La macrista Patricia Bullrich, que preside la Comisión de Legislación Penal, embistió en la misma dirección: “Se está legislando en base a una institución, no una persona”, dijo, en alusión a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Y pidió “más controles para quien esté al frente de esa institución” con el fin de “avanzar en un sistema de mayor democratización”.

La oposición también se abroqueló en contra del proyecto que establece que los jueces subrogantes serán designados por el Consejo de la Magistratura y sus nombramientos se extenderán por seis años. “El sistema nuevo que se implementa tiene una extraordinaria practicidad y responde a la constante existencia de vacantes que hace que el servicio de Justicia se vea demorado por la falta de titulares”, sostuvo el oficialista tucumano Alfredo Dato.

“El proyecto es inconstitucional ya que no respeta el procedimiento de designación de jueces establecido por la Constitución, así como tampoco los fallos de la Corte Suprema, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que permite al Consejo de la Magistratura designar jueces sin acuerdo del Senado”, replicó Garrido, cuyo partido, la UCR, rechaza junto al resto de la oposición parlamentaria cualquier designación del Ejecutivo para ocupar la vacante que la renuncia de Raúl Zaffaroni dejó en la Corte Suprema.

Al sumarse al plenario, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Roberto Feletti, precisó que la implementación del nuevo CPP demandará al Estado un total de 867,4 millones de pesos anuales, de los cuales 655,5 millones irán al Ministerio Público Fiscal que incorporará 2154 nuevos cargos, ya que los fiscales serán ahora quienes llevarán adelante las investigaciones judiciales.

Tampoco faltó un contrapunto con el macrismo. El diputado PRO Pablo Tonelli se quejó porque la implementación del nuevo Código “claramente viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. El camporista porteño Juan Cabandié le recordó que la Legislatura porteña todavía no aprobó el traspaso de una serie de delitos a la Justicia de la Ciudad, como parte del tercer acuerdo firmado entre la Nación y la Capital. Tonelli reconoció la “demora” y se la atribuyó a que la Nación “no traspasa los recursos económicos”. “Quieren la jurisdicción pero no quieren hacerse cargo de los gastos”, se quejaban por los bajo los diputados oficialistas que recordaban que todas las provincias mantienen presupuestariamente los sistemas judiciales locales.

Oficialismo y oposición volverán a reproducir el debate el miércoles en el recinto de la Cámara baja. El FpV cuenta con los votos necesarios para convertir en ley los proyectos para implementar el nuevo CPP. Los distintos bloques de la oposición –UCR, PRO, CC y el FAP– presentarán por separado dictámenes de minoría en casi todos los proyectos, aunque algunos votarían a favor en general algunas de las iniciativas. El FIT votará en contra porque considera que el CPP consagra la precarización laboral en la Justicia “de la mano del presidente de la Corte Suprema”, como sostuvo Néstor Pitrola. El massismo votaría también en contra, aunque llamó la atención que ninguno de sus diputados participara ayer del debate.