La simple caracterización de “consultora líder” y la pertenencia a una organización vinculada al PRO que persigue “el involucramiento de ‘talentos’ del mundo empresario” en asuntos públicos son para el gobierno de Mauricio Macri condiciones suficientes para burlar la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y obsequiar un negocio millonario sin licitación a una empresa privada. El nuevo ejemplo que confirma la regla es la contratación directa de McKinsey Argentina SRL por parte de la Subsecretaría de Transporte, con la misión de evaluar y proponer modernizar los “sistemas de señalización luminosa”, léase los semáforos. El socio de la firma que explicaría la confianza para entregar 1,7 millones de pesos por mes durante un semestre es Francisco Ortega, licenciado en administración de empresas egresado de la UCA que integra junto con el ministro de Educación Esteban Bullrich y el propio subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, el Consejo de Administración de G25, la ONG que busca “detectar talentos del ámbito privado” y “fomentar en ellos la vocación por lo público”.

“Guillo” Dietrich, también egresado de la UCA pero como licenciado en Economía, no terminó de decidir qué inciso del artículo 18 de la Ley de Compras (referido a contrataciones directas) debe aplicar para justificar la adjudicación a McKinsey. El 10 de agosto, en la resolución por la que llamó a la contratación, invocó el “Inc. 4”, que refiere a “obras, bienes o servicios (...) cuya ejecución sólo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan”. El funcionario adujo que la Dirección General de Tránsito y Transporte pidió que se contrate a la empresa de Ortega “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito”, pero no explicó por qué se descartó a otras consultoras y/o universidades con la misma capacidad para llevar adelante esa tarea.

El 26 de agosto, al adjudicar el negocio, Dietrich dejó de lado esa explicación y se inclinó por el “inciso 5” del mismo artículo, que permite evitar la licitación pública “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 28 de agosto, señala que en el expediente “se recibió una única propuesta correspondiente a la empresa McKinsey Argentina SRL”, que recibirá 9,9 millones de pesos por un “servicio de consultoría para la evaluación del estado actual, propuesta de modernización y elaboración de anteproyecto técnico para el llamado a Licitación de las Obras y Actualización Tecnológica de los Sistemas de Señalización Luminosa”.

No menos llamativo que la duda de Dietrich es un comentario en el primer pliego de la contratación, que la subsecretaría olvidó borrar cuando lo cargó en la web y que derivó en un segundo llamado. “Esto me parece que no va en esto (sic) pero desconozco las características de la consultora”, apuntó alguien que revisaba el texto, consciente del armado a medida.

Los 9,9 millones de pesos que McKinsey Argentina SRL recibirá para un trabajo de 22 semanas prorrogables por otras once implican 1,7 millones de pesos por mes. Si la empresa utiliza los seis consultores que el pliego fija como piso mínimo, cada uno embolsará 283 pesos cada treinta días. Nada mal para fomentar la “vocación por lo público”.