Debate en la New School sobre el Derecho a la Ciudad.

En 1977 un decreto del gobierno militar reguló los barrios cerrados en la Provincia de Buenos Aires pero ni siquiera mencionó la vivienda popular. Los desarrolladores inmobiliarios compran tierra barata y esperan, sin pagar ningún impuesto, hasta que la inversión pública decuplica su precio, momento en que construyen allí un barrio privado y se apropian de todos los beneficios. Este fenómeno se agravó en los ’90 por la introducción de la soja transgénica, que expandió la frontera agropecuaria e invadió la periferia de las ciudades. Las restricciones en el acceso a un hábitat adecuado o decente han llegado a constituir el más serio problema social. Los sectores de mayores ingresos fueron empujando a los pobres hacia lugares cada vez más alejados y costosos, con grandes déficits sanitarios y constantes inundaciones. El resultado es una terrible fractura social: los ricos encerrados en sus barrios y los pobres recluidos en asentamientos ilegales sobre las peores tierras, ocupadas por la fuerza. La violación de los derechos de esta población incluye informalidad laboral, pobres oportunidades educativas, dificultades de acceso a la justicia, diversas formas de abuso, coerción y violencia, especialmente en el caso de los migrantes pobres. Esta gente suele ser presa de una policía corrupta que controla el tráfico de drogas.

La reapertura en 2001 de los juicios por crímenes de lesa humanidad y las políticas de memoria, verdad y justicia han merecido encomio nacional e internacional. Hasta ahora en esos procesos ha habido 522 condenados y 57 absueltos en juicio, y 250 sobreseídos o con falta de mérito en la instrucción de los procesos. Esta proporción indica que no se trata de tribunales populares que ejercen la venganza sino de procesos regulares, con garantía del debido proceso y el derecho de defensa. Además en los últimos años, como parte de una tendencia regional, ha habido una reconfiguración del rol del Estado, promotor de una agenda progresiva no sólo en términos de derechos humanos sino también en el campo económico-social. La expansión de derechos se manifestó en las nuevas leyes de migraciones, salud mental, tierras indígenas, matrimonio igualitario, educación sexual, identidad de género, medios audiovisuales, entre otras. La asignación universal por hijo es cobrada por 3,6 millones de chicos de hasta 18 años y la cobertura previsional alcanza al 97 por ciento de la población en edad jubilatoria. Todo esto implicó una mayor presión impositiva, que a su vez provocó respuestas hostiles de sectores poderosos y presiones desestabilizadoras.

Los principales desafíos actuales residen en los desarrollos inmobiliarios y la especulación con las tierras urbanas y rurales, la expansión de la frontera agropecuaria, los agronegocios, las industrias extractivas y el daño ambiental, que exacerban las desigualdades sociales y afectan en especial a los sectores urbanos de bajos ingresos, los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.

El aumento del costo de la tierra debido a la reactivación de las obras públicas y el incremento de los precios de las viviendas urbanas empeoran las oportunidades de acceso al hábitat para una gran parte de la población.

En la última década numerosas organizaciones sociales se movilizaron para fortalecer la capacidad estatal de regular los mercados, implementar mecanismos para una distribución más justa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización, de modo de reducir los actuales niveles de desigualdad y articular esfuerzos entre organizaciones y entidades públicas responsables de las políticas de hábitat. El CELS participa en estas actividades mediante una compleja estrategia, que ha evolucionado desde la exigibilidad legal de los derechos hacia la investigación, la acción colectiva con otras organizaciones, el litigio estratégico, la difusión y capacitación.

No se trata sólo de promover la construcción de más unidades de vivienda porque a menos que se cambien las reglas del juego, esto producirá un mayor déficit urbano. El enfoque del problema debe ser político, ya que la ciudad es la mayor construcción colectiva y democrática en la que se produce y se expresa la política. Las profundas desigualdades en el acceso a un hábitat decente son la evidencia empírica de un proceso que reduce ese complejo producto cultural y colectivo que es la ciudad a una mera mercancía. Los mecanismos de mercado no pueden garantizar el uso equitativo y sustentable de la propiedad y la reproducción de la ciudad.

Un importante conjunto de organizaciones sociales constituyeron en 2004 el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires. Este Foro, del que forma parte el CELS, redactó en forma participativa 17 proyectos de ley. Esto incluyó años de encuentros y talleres con centenares de organizaciones de barrios e instituciones intermedias. El interés de numerosos legisladores provinciales permitió en 2012 la sanción de la ley de justo acceso al hábitat, superando una firme oposición de sectores muy poderosos. La ley reconoce el derecho de todos los bonaerenses a un lugar apropiado para vivir, en condiciones que favorezcan su plena integración, e incorporó principios básicos para el fortalecimiento de la capacidad de intervención estatal en la dinámica urbana y el mercado de propiedades, que tradicionalmente excluyeron de una ciudad más justa a vastos sectores de ingresos bajos y medios. Después de su sanción pasó un año hasta que fue publicada en el Boletín Oficial, sin lo cual no podía entrar en vigencia, y otros ocho meses hasta la instalación del Consejo Provincial de Hábitat creado por la ley. Esto sólo fue posible gracias a una histórica manifestación y la celebración de una asamblea popular dentro de la Legislatura. El poder del mercado inmobiliario explica las resistencias del propio Ejecutivo bonaerense a su aplicación efectiva. La experiencia del CELS, en este y en otros campos, es que la sanción de una ley sólo constituye un primer paso y que para lograr su real aplicación es imprescindible mucho trabajo de organización de sus beneficiarios.

Como parte de esa movilización se creó el espacio multisectorial HABITAR AREGENTINA, integrado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores. Además de apoyar la sanción de la ley bonaerense esta original iniciativa redactó otros cinco anteproyectos legislativos: de planeamiento territorial, de vivienda y producción social de hábitat, de regularización de la propiedad de la tierra, de desalojo y de regulación de alquileres. También presentó una serie de propuestas políticas, agrupadas en un documento titulado Consenso Nacional por un Hábitat Decente. Sus dos vectores estructurales son la incorporación de un verdadero enfoque de derechos a las políticas de hábitat y la comprensión de la situación del hábitat rural y urbano como problemas específicos pero interrelacionados. Esto se expresa a su vez en diversas metas, como la necesidad de políticas públicas para regular y redistribuir la riqueza en el mercado de propiedades, la regulación de los alquileres, la producción social del hábitat, la seguridad en la posesión y la regularización de las tierras urbanas y rurales, la democratización de los procedimientos en casos de desalojos y relocalizaciones y el acceso a los servicios básicos y el equipamiento social.

Este año se realizó un evento masivo en el cine Gaumont de la Capital, que se llenó de gente venida de todo el país, donde debatieron los asesores técnicos de los precandidatos presidenciales; dos en Córdoba con la presencia de los candidatos a la intendencia de la ciudad y a la gobernación provincial y otros en Tucumán, Ushuaia, Río Grande y Resistencia. La evaluación del debate y de la batalla política contra la desigualdad, en la Argentina y parte de Latinoamérica, muestra la necesidad de producir sustanciales cambios legislativos pero también su insuficiencia para proteger los derechos de los habitantes. Los planes de vivienda sólo producen transformaciones sustentables si se vinculan con políticas sociales que manejen con los mismos criterios la redistribución y la administración de tierras. Esto no puede lograrse sin una batalla política que sólo es posible librar mediante la construcción de un espacio compartido de acciones públicas, que incluya a diferentes actores sociales y políticos. El rol en esta acción colectiva de los organismos defensores de los derechos humanos puede ser decisivo para modificar la relación de fuerzas.

Los cómplices económicos

Los juicios por crímenes de lesa humanidad llegaron a convertirse en parte del contrato social de los argentinos y, en consecuencia, sin retroceso posible, como lo definió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Hasta hoy se han pronunciado 522 condenas y 57 absoluciones y otros 250 imputados fueron sobreseídos o no se encontró mérito para llevarlos a juicio. Esta es una prueba contundente de que no se trata de vengativos tribunales populares sino de procesos regulares con todas las garantías de defensa. En 2012, el ex dictador Jorge Videla se confesó con un par de periodistas. Les dijo que entre 7 y 8000 detenidos desaparecidos habían sido asesinados, que los empresarios les pedían que mataran a diez mil más, que la jerarquía católica fue amistosa y que los capellanes actuaron como colaboradores voluntarios de la represión. Por eso, cada vez más tiende a abandonarse la expresión “dictadura militar”, por términos más abarcadores que reflejen la realidad de un bloque integrado también por políticos, empresarios y eclesiásticos. Hay empresarios procesados por la desaparición de sus trabajadores, víctimas que demandan a los bancos que financiaron a la dictadura, acciones en los tribunales laborales por hechos ocurridos en los lugares de trabajo, la investigación estatal sobre el caso Papel Prensa y la creación de unidades investigativas de los crímenes de lesa humanidad en dos instituciones tan improbables como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.

El tribunal militar internacional de Nuremberg dijo que los empresarios que cooperaron con el régimen nazi no podían ser considerados inocentes “si sabían lo que estaban haciendo”. Pero luego de la inmediata posguerra el derecho internacional quitó la vista de los actores no estatales, porque el paradigma prevaleciente era que sólo el Estado puede violar los derechos humanos. Además, y el comienzo de la Guerra Fría dio lugar a nuevas alianzas que relegaron al olvido a las responsabilidades pasadas. Algo parecido ocurrió en la Argentina en 1984. El gobierno de Raúl Alfonsín era débil y la influencia del neoliberalismo en todo el mundo aconsejaba que la justicia transicional se limitara a la protección de los derechos políticos y civiles. Pero al concluir la Guerra fría, la comunidad internacional se inclinó a aplicar las normas de derechos humanos a las empresas y en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el Informe Ruggie, que fija los principios a seguirse en materia de empresas y derechos humanos.

El Terrorismo de Estado descansó en un plan político y económico que tuvo ganadores y perdedores. La represión de los trabajadores produjo una profunda redistribución del ingreso en su contra, así como la reformulación, concentración y achicamiento del sector industrial. La militarización de las grandes fábricas y la represión sistemática para disciplinar a los trabajadores y sus representantes implicó la participación activa de las empresas, que se beneficiaron en gran medida por la restricción de los derechos laborales. Los abogados del pequeño Colegio de la City de Buenos Aires y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) redactaron en la década de 1970 la enmienda al Código Procesal Civil y Comercial que decretó la dictadura entre sus primeros actos para permitir que los árbitros extranjeros prevalecieran sobre la jurisdicción nacional. En la década de 1990 las mismas personas intervinieron en las políticas de desregulación y privatización, y hasta el presente representan a empresas extrajeras que litigan contra el Estado Nacional ante el sistema internacional de arbitraje, en perjuicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los argentinos. En 2014, el fiscal Federico Delgado, uno de los autores del libro, promovió una investigación sobre la responsabilidad del FMI como cómplice del terrorismo de Estado, y el Congreso incluyó una cláusula única en el mundo en el Nuevo Código Civil y Comercial: la imprescriptibilidad de las acciones civiles por crímenes de lesa humanidad. El mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión nacional investigadora de la complicidad económica, que ahora debe tratar el Senado. La oposición de varias organizaciones patronales muestra la continuidad política desde entonces hasta el presente. En su carta abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh caracterizó la restauración oligárquica con una frase del presidente de la Sociedad Rural: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. A casi cuarenta años del golpe, este simple objetivo sigue siendo un programa de acción.