Una caricatura podría ilustrar la situación de la Procuración General así: Mauricio Macri muestra los colmillos sedientos y afilados mientras enfoca a Alejandra Gils Carbó y le grita “te tenés que ir, renunciá ya”, sin explicaciones; ella permanece aferrada a su sillón, en una imagen de turbulencia, con la ley en la mano que dice que tiene un cargo vitalicio; otra mujer, la jueza suprema Elena Highton de Nolasco, se asoma desde las alturas del sistema judicial y avisa que si alguien quiere sacar a la jefa de los fiscales de su cargo sólo podrá con un juicio político. Detrás de escena, se entrevé un personaje nuevo, el futuro ministro de Justicia. Se llama Germán Garavano y en la Ciudad de Buenos Aires había ocupado, con el macrismo, un cargo equivalente al de Gils Carbó, cerca de quien también trabajó hace años. Garavano no contradice públicamente al presidente electo, pero empezó a tejer reuniones en las que se dice “abierto al diálogo”. Por lo pronto, le gustaría impulsar un cambio en la ley para que el cargo de procurador sea limitado en el tiempo, planteo que –de concretarse– traerá toda una discusión sobre su retroactividad. Aun así, como todas las ideas de reformas legislativas que Cambiemos podría plantear, no será fácil su aprobación en el Senado. En el terreno judicial, también mencionan una reformulación del Consejo de la Magistratura, otra del Servicio Penitenciario Federal y –entre otras cosas– una re-redacción del proyecto de Código Penal que mezcle el de la comisión liderada por Raúl Zaffaroni y el de Sergio Massa. Los nombramientos en la Corte son otro de los grandes temas en puerta.

Existen razones para que la Procuración sea hoy un territorio codiciado y de disputa política. Ya no es lo que era hace algunos años, cuando sus funciones casi se reducían a actuar como fiscal ante la Corte, sino que es una vasta estructura con áreas especializadas en asuntos de alta incidencia (narcocriminalidad, trata de personas, violencia institucional, lavado de activos, violencia de género, derechos humanos, delitos informáticos, entre otras). Hay una política criminal que se intenta replicar, además, a través de las fiscalías federales en todo el país. A esto hay que sumarle que si se comienza a implementar el Código Procesal Penal acusatorio, aprobado el año pasado, las fiscalías pasarán a tener el dominio de la investigación en las causas penales y los jueces actuarán como garantes. No sólo implica un cambio de concepción y de cultura sobre el lugar que les toca a cada quien en un expediente, también coloca a los fiscales en una función de contrapeso respecto del “estado policial”, cuando las fuerzas de seguridad estarán todas (la de Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas federales) bajo el dominio del gobierno macrista que apunta a fomentarlo incluso con una agencia contra el crimen organizado. Esto muestra que el pedido de Macri para que renuncie Gils Carbó no tiene que ver exclusivamente con su supuesta afinidad al kirchnerismo en sus políticas, decisiones y en la selección de fiscales sino con un modelo. Hasta ahora no se ha escuchado al futuro ministro pedir lo mismo. Garavano tiene viejas coincidencias laborales con Gils Carbó, incluso en 1997 ella terminó trabajando en la Procuración, con Nicolás Becerra, en un lugar que estaba por ocupar él cuando le surgió una posibilidad de irse a investigar a España. Con los años ella fue designada fiscal de la Cámara Comercial. El, fue juez contravencional en la Ciudad y luego fiscal general, hasta 2014. A diferencia del sistema que rige para la Procuración nacional, que encabeza desde agosto de 2012, el fiscal general porteño tiene cargo limitado por siete años y no interviene en las designaciones de los fiscales, que hace el Consejo de la Magistratura local. Ese es el esquema que Garavano quisiera –explican sus allegados– llevar a nivel nacional: un jefe de fiscales con cargo limitado en el tiempo y atribuciones acotadas. Hoy es la ley de Ministerio Público la que dice que el procurador es vitalicio y habría que modificar. En el escenario actual se hace difícil pensar que Cambiemos consiga los votos, al menos en el Senado. Y suponiendo que se aprobara, estaría en duda que afecte Gils Carbó, por haber sido designada antes (como Carlos Fayt respecto de la reforma por la edad jubilatoria).

Garavano puede jactarse, al día de hoy, de no haber entrado en la lista de los escrachados –por problemas judiciales– del futuro gabinete de ministros de Macri. En el mundillo judicial es conocido como un académico ideológicamente conservador, vinculado a Fores, una organización que defendió la permanencia de los jueces de la dictadura, fundador de la ONG Unidos por la Justicia, que financiaba Francisco de Narváez, y también relacionado con la embajada de Estados Unidos. A la vez, es reconocido como alguien con conocimientos en reformas y procedimientos, “un técnico” es la expresión que se repite, incluso en la Procuración General. En algunos despachos de los tribunales federales de Comodoro Py hay quienes lo subestiman y creen que no será un interlocutor para ellos. Más bien creen que lo será Daniel Angelici, el presidente de Boca, fuerte operador judicial del macrismo. Allí hay un sector relacionado con una comisión asesora en seguridad deportiva del club xeneize (los fiscales Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita y Raúl Pleé, así como el juez Ariel Lijo, y también lo fue el ex juez y actual ministro porteño Guillermo Montenegro). En el fondo, en este sector no cae del todo bien el nombre de Garavano quien, en rigor, llegará al cargo después que se bajara el radical Ernesto Sanz, a quien había estado asesorando.

En el plano de la reforma procesal penal que traerá un sistema acusatorio, el futuro ministro de Justicia planea modificaciones a la ley de implementación. Por ejemplo, sostiene que la aplicación de la reforma no debe comenzar por las grandes ciudades sino por las más chicas, por el norte, en Salta, que se ofrece como voluntaria, entre otras razones por el fuerte problema con el narcotráfico, y por el sur, podría ser Tierra del Fuego. Esto, en cierto modo, también posterga modificaciones en los tribunales federales, un reino aparte donde los jueces son amos y señores de sus causas y han ofrecido resistencias fuertes a la reforma. Garavano simpatiza con otra reforma compleja, que nadie ha encarado todavía, que es la de traspasar a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia ordinaria nacional, lo que implicaría una gran reorganización de todo el sistema.

Entre otros grandes tema, Garavano quiere retomar la reforma del Código Penal que nunca se concretó pese a la propuesta de la comisión pluripartidaria que comandó Zaffaroni, pero piensa hacer un mix entre aquel proyecto y el de Massa. El mensaje es que quiere rescatar los dos proyectos y hacer un “código de consenso”, con replanteos en algunas penas mínimas y máximas, endureciéndolas en algunos de los delitos con más prensa, como el narcotráfico y de modo que no implique beneficios justifican cerca del futuro ministro para personas ya condenadas.

El gobierno macrista que quiere modificar el Consejo de la Magistratura, que según la ley vigente desde 2006, tiene 13 integrantes. Plantearán volver a una conformación similar la original, con más presencia de los representantes judiciales, e incluso de la Corte Suprema. Garavano quiere cambiar los sistemas de concursos y hacer, por ejemplo, que todos los exámenes sean orales y se filmen, para que no haya posibilidad de trampa alguna y que sean más rápidos. Es partidario de que ya no se designen legisladores sino representantes de ellos.

Otro rubro, el del Sistema Penitenciario Federal, será posiblemente uno de los que aproveche Garavano para buscar un acercamiento con los organismos de derechos humanos, porque piensa en un esquema donde dejen de ser los agentes penitenciarios los que se ocupen de las cárceles y, en cambio, sean los organismos. Si lo concreta, podría ser revolucionario.

Los pliegos de los candidatos a la Corte será otro de los grandes temas. Garavano, casualmente, es asesor del superior tribunal de Justicia de Córdoba, que integra Domingo Sesin, uno de los candidatos presentados por Cristina Kirchner, junto con Eugenio Sarrabayrouse. En charlas informales dice no tener objeciones académicas hacia ellos. Pero todo se trata de decisiones políticas.