Sturzenegger (Banco Central), Buryaile (Agricultura) y Aranguren (Energía). Los nombramientos despejan las dudas sobre la opción elegida.

Una megadevaluación que no podría llevar al dólar a menos de 15 pesos, para satisfacer a los exportadores y permitir que se liquiden las operaciones demoradas. Un tarifazo por eliminación de los subsidios a los servicios eléctricos para una amplia franja de la población. La búsqueda urgente de crédito financiero externo para fortalecer la posición de cambio antes de abrir el mercado a la venta de dólares a importadores y público en general. Así, aceleradamente y con un enfoque que favorecerá claramente a un sector empresario en desmedro del mercado doméstico, se prepara la primera batería de medidas que el macrismo aplicaría apenas asuma. En el camino, la devaluación anunciada ya provocó aumentos de precios internos que provocó el primer impacto sobre el poder adquisitivo de la población. Pese a las recomendaciones de moderación de parte de su propio equipo, el futuro gobierno parece no tener alternativas de gradualismo, preso de sus propias palabras.

Las expectativas con respecto al equipo económico quedaron despejadas. Finalmente, Alfonso Prat-Gay estará al mando del Palacio de Hacienda, en un ministerio renombrado. Federico Sturzenegger en el Banco Central y Carlos Melconian en el Nación lo acompañarán. A Agricultura va un integrante de la Mesa de Enlace, Ricardo Buryaile, un defensor a ultranza de la megadevaluación para “sacar del pozo al campo”. Entre las distintas variantes que se le ofrecían a Macri, optó por la “línea dura”. Prat-Gay y Melconian son los que expresan con mayor crudeza la necesidad de “sinceramiento” de precios y de la situación fiscal, inmejorable eufemismo para no mencionar las palabras “Inflación”, “tarifazo” ni “ajustazo”.

A la flamante cartera de Energía y Minería va Juan José Aranguren, otra expresión sin tapujos de la convicción de que los usuarios (que prefieren llamar “clientes”) deberán pagar el gas o la electricidad por lo que cuesta producirlos, y no en función del derecho social a su uso. En buen romance, multiplicar por tres o por cinco la tarifa subsidiada que pagan hogares y empresas. El “premio” por esa política sería un ahorro de 240 mil millones de pesos en subsidios, si se eliminaran por completo. Por consideración a los abonados se permitiría que ese aumento sea escalonado, y hasta se reconocerían excepciones para hogares pobres y jubilados con haber mínimo, a los que se les mantendría el subsidio.

Las opciones moderadas o “gradualistas” fueron dejadas de lado a la hora de decidir los nombramientos en áreas claves. Y sus recomendaciones empiezan a quedar a un costado en los hechos. Javier González Fraga, ex banquero central, radical y mentor, en algún sentido, de Martín Lousteau, opinaba hace menos de un mes que “devaluar más de un 25 por ciento (es decir, llevar el dólar a más de 12 pesos) es peligroso, sería inmoral, porque volvería a castigar al salario como en devaluaciones anteriores, y políticamente suicida”. Macri, evidentemente, no tomó el consejo y optó por lo que recomendaron Prat-Gay y Melconian.

Lo que a estas horas se redefine en las filas macristas es la gradualidad de las medidas, pero no la profundidad del ajuste. El argumento de que “no se sabe cuánto hay en las reservas” está resultando útil para justificar que no se eliminarán todas las restricciones cambiarias de una vez, el 11 de diciembre, como se prometiera. Lo impracticable de la medida se justifica, ahora, con el supuesto “ocultamiento” por parte de las actuales autoridades de datos claves. El objetivo inmediato deberá ser, entonces, obtener divisas, y no hay otra vía tan inmediata como lograr que los exportadores liquiden en las primeras dos semanas. ¿Aceptarían liquidar si le ofrecen un dólar de 13 o 13,50, después que el propio Prat-Gay y hasta Macri le hablaron de 15 o 16? Es decir, sabiendo que si el 11 de diciembre la divisa cotiza a menos de 14, será sólo por pocas semanas, tras la cuales treparía a más de 15.

La respuesta a esa pregunta la dio el propio ministro de Agricultura, que en una entrevista por Radio Nacional (en el programa A cara lavada) justificó, esta semana, la postergación de la liquidación de granos por parte de los productores. “Ustedes no entienden la lógica de los negocios”, le tiró a los integrantes de la mesa de periodistas que lo entrevistaba. Explicó que si los tres candidatos (Macri, Scioli y Massa) habían prometido bajar las retenciones, ¿quién iba a liquidar ahora si después del 10 de diciembre lo haría con un descuento menor? No mencionó que uno de esos tres candidatos prometió, además, una devaluación de más del 50 por ciento. Siguiendo la misma lógica que tan didáctico explicó Buryaile, ¿quién va a liquidar las exportaciones con una devaluación del 30 por ciento, si sabe que en pocas semanas será del 50 por ciento o más?

La lógica de los negocios, que no por casualidad es la misma con la que razonan Prat-Gay y Melconian, indica que la devaluación inicial deberá responder a las expectativas de los exportadores. Ello posibilitaría el ingreso de parte de las liquidaciones postergadas e iniciar el proceso de paulatino levantamiento de las demás restricciones. En la táctica del nuevo equipo económico, el segundo paso inmediato sería la obtención de algún crédito externo, tarea en la cual ya estarían trabajando dos colaboradores inmediatos de Prat-Gay: Pedro Lacoste y Luis Caputo. Si se cumple con éxito la apertura de estas dos vías de ingreso de divisas, el paso siguiente sería habilitar el mercado cambiario a la venta de dólares para las operaciones de importaciones relegadas, que se estiman en unos ocho mil millones de dólares. Recién en la etapa siguiente –recomiendan los técnicos a los que Macri les delegó la tarea–, se abriría el mercado a la venta libre de divisas al público sin restricciones de cantidad.

Ese es el horizonte de estabilidad que imaginan los mentores del plan: un dólar suficientemente alto como para desalentar especulaciones, exportadores satisfechos y liquidando sus ventas, importadores recuperando gradualmente su regularidad de pagos al exterior (y con menor demanda para nuevas operaciones, con un mercado interno menos comprador por la elevación de precios de los productos importados) y un sector externo brindando un flujo intenso de financiación en dólares, por un lado, y la entrada de inversiones que imaginan hoy demoradas por el “atraso cambiario”. Es el “país feliz” del que habló Macri en la campaña.

La contracara sería un mercado interno deprimido, que ya a esa altura habrá transferido a los precios finales el brutal impacto de la devaluación, tarifas de servicios públicos que se habrán elevado para una franja amplia de la población y un posible freno a las inversiones internas por el previsible debilitamiento del consumo. La caída del salario real sería importante, lo cual beneficiaría a quienes miden sus costos laborales en dólares, porque venden en moneda fuerte. Será cuestión de tiempo que ese debilitamiento del mercado interno se traduzca en caída de horas trabajadas (las extras primero, recorte de jornadas después) y, luego, pérdidas de empleo. La discusión paritaria del año próximo se daría (se prevé que no se suspendan, salvo que medie alguna fórmula de acuerdo empresario sindical que anda circulando) en un contexto muy diferente al de años anteriores.

Es la foto típica posdevaluación: un sector satisfecho, con márgenes de renta engrosados y con perspectivas de ver crecer sus negocios. En otro plano, una franja de población que ve recortadas sus posibilidades de consumo, en la que renace el temor a la pérdida del empleo y ve al futuro con inseguridad. No será la grieta sobre la que tanto se insistió en campaña, pero hay una fractura social y económica e perspectiva detrás de este plan y estas medidas.