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“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.

Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados.

Reflejos

Ya desde el lunes, cuando se conocieron las primeras censantías, los despedidos mostraron reflejos más rápidos que los gremios. En la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, apenas les informaron que quedarían fuera, los cesanteados se pusieron de acuerdo en no dejar de ir a trabajar. Cuando comenzaron a impedirles el ingreso en la puerta, organizaron una permanencia en el hall, llamaron a un escribano y documentaron lo sucedido. Luego amenazaron con armar una concentración: apelaron a los recursos tradicionalmente usados ante despidos, y consiguieron que el mismo día en que advirtieron que harían una protesta en la calle, se abriera una negociación, en la que los representaron los sindicatos.

“Estamos con ellos, queremos que nos defiendan, pero lo que nos decían no nos terminaba de convencer. Por ejemplo, el martes nos plantearon que había que esperar, que tenían una reunión con las autoridades para el viernes. ¡Nosotros no podíamos esperar tanto..! Y pasó algo piola, que fue que la mayoría de los trabajadores empezamos a pedir que circulara la información y todo el mundo accionó. Creo que eso nos sirvió a todos, también a los gremios, para poder presionar”, cuenta Lorena Moreno, una de las cesanteadas de Jefatura de Gabinete.

El manual de Cambiemos para echar estatales muestra tres pasos: el primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es armar alguna instancia de “revisión” con la promesa de enmendar eventuales errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses, plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo. En La Plata, como se sabe, el intendente macrista Garro directamente reprimió las protestas con la Policía Bonaerense.

El sostén de este esquema es el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. Macri pidió expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, tras recordar a su equipo que la ley de regulación de empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.

El mandatario justificó la “revisión del empleo público” con el argumento de que se debe controlar la “idoneidad” del personal a fin de tener un Estado eficiente.

Relación de fuerzas

La ejecución de los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, obvió los controles de idoneidad e incluso los de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de asistencia.

Dos casos lo ilustran: Michetti, en el Senado, anuló todas las designaciones firmadas por su antecesor Amado Boudou en 2015 y dejó sin trabajo a 2035 personas. A al día siguiente, la vicepresidenta se enteró de que en ese paquete había dejado en la calle a más de 50 discapacitados, que habían sido tomados en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a emplear a un 4 por ciento de discapacitados, y tuvo que rever su medida. Es decir, que ni siquiera sabía a quién estaba despidiendo: sólo tuvo en cuenta el número, el achique del gasto. En Quilmes, el intendente Martiniano Molina siguió un esquema idéntico y echó a mil personas, nombradas durante el último año de gestión de su antecesor Francisco Gutiérrez.

“Yo no recuerdo una transición tan traumática” para los empleados públicos, apunta Norberto Di Próspero, secretario de la Asociación de Personal Legislativo (APL). “Hace 32 años que trabajo en el Congreso, entré en el 84, con la recuperación de la democracia, y la única vez que hubo algo tan duro fue en el 89/90, cuando Eduardo Duhalde fue presidente del Senado y echó a mil personas. En todas las otras transiciones, la planta política se va con los legisladores salientes y la permanente queda, porque su trabajo es servir el café, limpiar el piso, hacer de taquígrafo, hacer tareas técnicas o contables. En cambio, acá ya antes de asumir Michetti dijo que había dos mil ñoquis y después echó a ese número. Al ñoqui lo sacás con un control; Cambiemos lo que quiere es otra cosa, imponer una política, la del Estado chico... lo que ya conocemos de otra década.”

Tras retrotraer los despidos de los discapacitados, en el Senado se abrió una negociación con los gremios por el resto de los cesanteados. Lo mismo sucedió en otros ámbitos. El modo en que se van resolviendo los despidos está ligado a la relación de fuerzas y no a la legitimidad o injusticia de la medida.

La Inspección General de Justicia (IGJ) es otro ejemplo de cómo la capacidad de los empleados de dar una pulseada o no define el escenario. “El mismo día que entró, el nuevo responsable dio de baja a 150 personas que tenían contratos de planta transitoria”, contó a Página/12 uno de los afectados del organismo. Los trabajadores pararon la atención en la mesa de entradas del organismo, con lo que bloquearon toda actividad de la IGJ. “Esa misma tarde nos dieron la prórroga de tres meses y la apertura de negociaciones.” La extensión de los contratos por tres meses está dentro de lo previsto en el decreto de Macri, pero al parecer sólo se implementa si es forzada por medidas gremiales.

En la Afsca, la intervención tampoco hizo control de eficiencia o ausentismo para los despidos. En el organismo que presidía Martín Sabbatella había un centenar de trabajadores afiliados a su partido, Nuevo Encuentro. Los militantes aportaban a NE por planilla, un mecanismo que permite que el empleador, con la autorización del empleado, transfiera directamente a la organización una cuota al partido. El sistema es el mismo que el de la afiliación a un sindicato. “La intervención tomó la lista de los aportantes por planilla y despidió a todos”, resumió Fernando Torrillate, ex funcionario de la Afsca. Una parte eran cargos políticos, que iban a irse junto con Sabbatella, pero otra parte son empleados que cumplían funciones técnicas: secretarias, fotógrafos, encargados de relevar contenidos de los medios.

Precarizados

La pelea contra los despidos se está dando mucho más en el terreno de la lucha gremial y no en los tribunales. La razón de que haya protestas –concentraciones, tomas de edificios, denuncias por las redes– pero pocas presentaciones judiciales obedece a los niveles de precarización preexistentes dentro del empleo público. “En el Estado hay 95 mil trabajadores precarios, y de ellos no menos de 25 mil son contratos basura: con universidades u organismos internacionales, cuentapropistas, contratos de locación de obra y servicio... son situaciones de endeblez legal. Por eso, iniciar acciones legales en muchos de estos casos es llevar al compañero a un callejón sin salida”, considera Hugo Godoy, titular de ATE.

“¿Qué derechos jurídicos puede tener una persona si trabajaba para el Estado pero contratado por una universidad?”, agregó el dirigente, que criticó las irregularidades de estos modos de contratación de la gestión kirchnerista. Para Godoy, la precarización dentro del Estado “fue injustificable: si uno mira el presupuesto del año pasado, hubo fondos para 45 mil cargos que no fueron efectivizados. Es decir que no hubiera alcanzado para dar cobertura a los 90 mil precarizados, pero a la mitad sí”.

Un balance al cierre de la semana, según los datos dados por ATE, daba los siguientes números:

2000 despedidos en el Senado

730 en el Centro Cultural Kirchner

200 en Agricultura

110 en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización

40 en Planificación Federal

50 en Trabajo

135 en la Afsca

16 en Cultura

12 en Desarrollo Social

En los municipios del conurbano: más de 7000 entre las intendencias de Quilmes (900), Lanús (1200), La Plata (4500), Brandsen, Escobar, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Madariaga, Moreno, Pila, Suipacha y San Pedro.

Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.