El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pasó a retiro a siete comisarios generales que tenían responsabilidad en las áreas por las que –se presume– pasaron en su fuga los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Si bien en el comunicado oficial no se hizo alusión al tema, en el gobierno bonaerense se estudia presentar denuncias penales contra algunos de esos oficiales. Hasta ayer, no estaban definidos sus reemplazos. El presidente Mauricio Macri afirmó: “Estamos muy lejos del profesionalismo que tenemos que tener para encarar estos temas. Estamos dando los primeros pasos en un camino que será muy largo”.

La primera purga de la Bonaerense desde la llegada de la gobernadora María Eugenia Vidal se informó a través de un escueto comunicado. En el texto no se dio ningún motivo para la decisión, simplemente se indicó que Ritondo “dispuso el pase a retiro activo de siete comisarios generales que integraban la cúpula de la Policía Bonaerense y estaban a cargo de las Superintendencias de Seguridad, Seguridad Vial y Suministro”.

Los siete comisarios generales separados de sus cargos son Miguel Angel Maccario, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de San Martín-Tres de Febrero; Oscar Terminiello, superintendente de Seguridad Interior Centro; Gabriel Lamónico, superintendente de Seguridad Interior Sur; Miguel Angel Alanís, superintendente de Seguridad Oeste; Claudio Blanco, a cargo de la Superintendencia de Seguridad; Claudio López, director provincial de Suministro, y Rubén Lobos, responsable de la Superintendencia de Seguridad Vial. El jefe de la Bonaerense seguirá siendo Pablo Bressi.

Consultados por la razón, fuentes del Ministerio de Seguridad adujeron una reorganización de la fuerza. Sin embargo, otros funcionarios del PRO dejaron en claro que hay una sospecha sobre la complicidad de los separados y las facilidades que tuvieron los tres presos para mantenerse prófugos por dos semanas. En el Ministerio de Seguridad estaban reuniendo evidencias que podrían terminar en una denuncia penal en las próximas semanas. Por ahora, se muestran cautelosos y no acusan a nadie. Ritondo no había definido aún los reemplazos, ya que algunas áreas podrían ser modificadas o unificadas. La reestructuración que comenzó ayer Ritondo continuará con las DDI. En pleno operativo de recaptura, el ministro de Seguridad bonaerense ya había pasado a retiro a Daniel Cantarini, jefe de la DDI de Quilmes. Es probable que haya más modificaciones.

En tanto, Ritondo solicitó al Poder Judicial federal, bonaerense y de Santa Fe que le provean información sobre los eventuales testigos que hubieran aportado información útil sobre el paradero de los tres ex prófugos. El funcionario busca averiguar “si corresponde hacer efectivo el pago de monto alguno, en concepto de recompensa pública que oportunamente fuera ofrecida mediante la Resolución Nº12 del 27 de diciembre de 2015”.

La recompensa ascendía a dos millones de pesos, lo mismo que pasará a ser la que se ofrece por información sobre otro prófugo en la causa por el crimen de General Rodríguez: Ibar Esteban Pérez Corradi. Vidal dio la orden ayer de aumentarla al máximo posible. Macri, además, indicó que el Gobierno nacional creará un área específica para la captura de prófugos.

En una conferencia de prensa, Macri hizo su balance del operativo de recaptura, después del papelón del anuncio temprano de la detención de los tres prófugos, sobre el que terminó tuiteando el Presidente. “Lo valioso es aprender de todas las cosas malas de estos 13 días para corregirlas. Nosotros cometemos errores porque no somos infalibles, pero tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores”, afirmó. De todas formas, advirtió que “se ha abierto un sumario porque quiero saber con precisión lo que pasó durante todo el proceso de búsqueda, especialmente desde que la AFI dio con precisión el lugar en el que estaban los tres prófugos. Se investigará todo lo que se hizo con la Policía de Santa Fe, Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal. Lo que pasó el sábado es parte del sumario y cuando tenga la información será pública, como corresponde”.

“Hay que construir fuerzas de seguridad confiables y profesionales, no sólo en las fuerzas federales”, afirmó el presidente, quien admitió la falta de coordinación entre las distintas policías: “El propio jefe de la Policía Federal (Román Di Santo) dijo, cuando fue convocado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que hacía muchos años que no dialogaban con la Policía Bonaerense”. El mandatario aprovechó para culpar al Gobierno anterior por lo sucedido: “En esta década que pasó el narcotráfico ha crecido mucho por la inacción, la incapacidad y la complicidad del gobierno kirchnerista. Todos los gobernadores en la reunión en la quinta de Olivos admitieron que hubo un decaimiento en sus propias fuerzas policiales. Pero lo bueno es que hay una mayoría sana sobre la cual nos pudimos apoyar para lograr la captura de los prófugos”.