Un cordón de policías y efectivos de Infantería impidió el ingreso de Martín Sabbatella, funcionarios y directores de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) al edificio en donde funcionó ese organismo hasta la imposición del decreto de necesidad y urgencia que lo disolvió. El equipo de la Afsca se consideró habilitado para “ocupar los puestos de trabajo” por las dos medidas cautelares interinas que el lunes suspendieron el DNU 267/2015 y los otros dos decretos con los que el Gobierno de Mauricio Macri neutralizó parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tanto ellos como quienes solicitaron a la Justicia la suspensión de las modificaciones a la ley entendieron que el impedimento de las fuerzas de seguridad fue una negativa del Poder Ejecutivo a obedecer las órdenes judiciales. “Macri decidió gobernar al margen de la ley”, advirtió el dirigente de Nuevo Encuentro. Desde el Estado informaron que presentaron los informes requeridos por los jueces intervinientes y que, por lo tanto, los DNU dejaron de estar suspendidos. “Sabbatella sigue mediatizando la cuestión. Le pedimos que siga militando, pero nos deje trabajar”, contraatacó Miguel de Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), creado por Cambiemos para reemplazar al Afsca e incluido en la materia afectada por las precautelares.

Los dirigentes de la Afsca intentaron ingresar al edificio de Suipacha 765 pasado el mediodía. Esperaron a que las autoridades públicas fueran notificadas de las cautelares interinas con las que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, y su colega porteño Iván Garbarino suspendieron el lunes los DNU relativos a la ley audiovisual a pedido de una cooperativa de comunicación y una asociación de consumidores. Pero un cordón de 40 efectivos de Gendarmería “con armas, bastones, gases y escudos” se lo impidió. Pese a que Forns envió un escrito insistiendo con la vigencia de su medida precautelar y Garbarino envió a un secretario con el mismo fin, “el comisario Esteban Artola –titular de la comisaría porteña 3ª– mantuvo las dos líneas de miembros de infantería que impidieron el ingreso”, denunciaron desde Nuevo Encuentro. Garbarino solicitó al Estado explicaciones por la presencia de la policía.

“Macri decidió gobernar al margen de la ley, atropellando las libertades ciudadanas, desobedeciendo los fallos judiciales y desplegando la Infantería para impedir que los organismos públicos funcionen como lo ordenan las leyes y los jueces”, denunció Sabbatella tras no poder cumplir su objetivo. El y su equipo jurídico denunciarán penalmente a “funcionarios políticos y policiales” por el no cumplimiento de las normas judiciales.

Los actores que demandaron al Poder Ejecutivo por entender que los DNU son inconstitucionales también evaluaron de la misma manera el episodio de ayer: “Entendemos que el Estado no quiere acatar lo que dice el Poder Judicial. Piensan que pueden hacer lo que quieran”, sostuvo Patricio Enciso, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social –que incluye a la radio comunitaria del conurbano oeste FM En Tránsito y a la revista Guarning!–, quien se presentó ante Forns. “Un Estado debe respetar lo que le ordene un juez, si no destruye la estructura fundamental que lo sostiene”, planteó Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), responsable de la demanda a cargo de Garbarino.

Macri ensayó ayer una vaga respuesta sobre este tema ante la consulta de la prensa: “Creo que ya se han apelado y la apelación le da carácter suspensivo a las medidas que tomaron los jueces”, dijo. En verdad, el Estado presentó los informes que le fueron requeridos en sendas causas y ahora los jueces Forns y Garbarino deberán decidir si dictan la medida cautelar o no. Para el PRO la sola presentación del informe hace caer la medida precautelar pese a que por el momento, los magistrados no habían informado a las partes de ningún cambio en el expediente.

“Al tratarse de medidas interinas, se supone que el juez (o jueza) debe expedirse en lo inmediato para no dejar avanzar la zona gris. Y tiene dos opciones: o de- siste de la medida solicitada por el denunciante, la medida cautelar completa, o avanza en ese sentido”, aseguró a Página/12 el abogado y docente Gustavo Arballo, especialista en derecho público.

Desde el Gobierno descontaban que los magistrados se pronunciarán a favor de los demandantes, por lo que ayer ya estaban preparando las apelaciones para presentarlas hoy mismo. Allí se iniciará una nueva disputa, respecto de las consecuencias de la apelación. Si bien la ley que regula las medidas cautelares, sancionada en 2013, indica que las cautelares se caen con la apelación, en la práctica sucede otra cosa. “Con diferentes argumentos, se suele determinar la inconstitucionalidad de la norma, su inaplicabilidad o indicar excepciones” para mantener el efecto suspensivo de sus cautelares pese a las acciones del Estado, afirma Arballo.

En este contexto, la situación quedaría nuevamente en manos de Forns y Garbarino, quienes deberán determinar en ese caso si la cautelar sigue o no vigente hasta tanto la Cámara resuelva la apelación del Gobierno.

Tanto fuente del Gobierno como del kirchnerismo coincidían en que en las próximas horas podría haber más novedades judiciales, que tendrán sus consecuencias políticas en la aplicación y funcionamiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual.