El gobierno de Mauricio Macri difundió el texto del decreto en el que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar fuerza letal contra aviones que no respondan a las advertencias, como parte de la declaración de emergencia en seguridad. El decreto, de todas formas, aún no fue publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa fue defendida a capa y espada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Desde la oposición, el kirchnerista Agustín Rossi consideró que es “el equivalente a instaurar la pena de muerte sin juicio” y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, pidió que se revise la medida.

Para justificar la decisión, el decreto de Macri indica que la posibilidad de derribar aviones fue autorizada por el gobierno anterior en nueve oportunidades y levanta el secreto militar sobre las reglas que se aplicaron para la cumbre de presidentes en Paraná en diciembre de 2014. Por si quedaban dudas, en la copia que se difundió se subrayan las partes en las que habla de derribar aviones. La decisión del Presidente es extender esa posibilidad a la duración de la emergencia en seguridad (por el momento, un año). Para esto, el decreto pone en vigencia las “reglas de protección aeroespacial”.

Estas reglas indican que las autoridades de aplicación son el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Fuerza Aérea y el comandante operacional de las Fuerzas Armadas. El protocolo que establece ante un avión que no responde a las advertencias es hacer una “demostración de fuerza y, en caso de no obtener respuesta, el uso intimidatorio de la misma por medio del Sistema de Defensa Aeroespacial”. La demostración de fuerza, se aclara después, implica seguir al avión, mostrar el armamento y hacer maniobras intimidatorias. El uso intimidatorio de la fuerza, en tanto, es el uso de armas sobre el avión que puede poner en peligro la vida de los tripulantes.

Si nada de esto funciona, las reglas autorizan al “uso de la fuerza por medio del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. Por uso de la fuerza, se especifica el “empleo de armas en cumplimiento de una misión y que por su naturaleza inherente puede llegar a ser letal”. Se especifican misiles aire-aire y tierra-aire, que sólo se podrán usar “cuando el vector incursor sea declarado hostil”. ¿Qué es un vector incursor? Un avión que circule contraviniendo normas, o que no responda o acate instrucciones del servicio de control de tránsito aéreo o bien que no respondan a las órdenes de la autoridad militar. Y es declarado hostil cuando “en el marco de la situación y exigencias de la misión, implican una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación”. La discrecionalidad para definir esto queda en manos de las autoridades militares.

Misiles tierra-PRO

Los macristas sacaron a sus espadas en seguridad a defender la decisión.

“Hasta ahora no existía un protocolo de actuación claro ante situaciones de vuelos irregulares en nuestro territorio, donde se registran decenas de esos vuelos irregulares semanalmente”, afirmó Burzaco. “En todos los países vecinos, menos Paraguay, existen normas de protección del espacio aéreo”, sostuvo el secretario de Seguridad, quien remarcó que hay siete pasos previos a derribar el avión y matar a sus tripulantes. En su último informe anual, el CELS analizó la aplicación de la ley de derribos en Perú y Venezuela y señaló que tuvieron experiencias muy negativas. En 2001, la fuerza aérea peruana atacó un Cessna en el que viajaban misioneros de Estados Unidos y fueron asesinadas una madre y su beba.

El funcionario PRO trató de “hipócritas” a los kirchneristas ya que “en los últimos diez años se aplicó el mismo protocolo en nueve oportunidades, mediante un decreto secreto, por el cual durante varios días se le permitía a la Fuerza Aérea actuar en este sentido”. Burzaco aclaró que fue durante las cumbres presidenciales. Por su parte, Patricia Bullrich defendió la medida con otro colorido argumento: “Tenemos radares, los identificamos, ¿que hacemos? ¿los saludamos?”.

Los macristas recibieron el respaldo del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien aseguró que “con la ley de intersección de vuelos irregulares y la radarización evitamos que vengan los aviones chicos que son los que traen la droga a nuestro país. Era una necesidad y demoró mucho tiempo”. Schiaretti prefirió pasar por alto que no es una ley, sino un decreto. En cambio, Margarita Stolbizer consideró que “aprobar por decreto el derribo es un enorme error institucional”. “Hoy el negocio de la droga corre más por tierra y fluvial que aéreo. Y cuando va en aviones, sale por aduanas legales. Los países que tienen leyes de derribo no han disminuido el problema del narcotráfico. Es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado”, remarcó la líder del GEN, quien consideró que esta medida “puede tener consecuencias irreversibles” y que es “mucho peor sin debate parlamentario”.

Desde el kirchnerismo, la ex ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó que “es un disparate la ley de derribo, como todo lo que viene haciendo este gobierno. Es inconstitucional y está prohibida bajo los estatutos sobre los cuales la Argentina se negó a que se pusiera la pena de muerte. Esto establece la pena de muerte de personas sin previo juicio”. El ex ministro de Defensa Agustín Rossi coincidió: “Nosotros tenemos una mirada contraria a la ley de derribo. Creemos que se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo”. “El derribo de un avión civil es la posibilidad de la pérdida de vida de víctimas inocentes”, indicó. En el mismo sentido se pronunció el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, quien consideró que “en la Argentina la pena de muerte está prohibida”. Berni indicó que los países que la tienen vigentes “no ha demostrado importantes avances y ha generado costos de vidas inocentes”.

“El DNU que impone ley de derribo vuelve a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas internas, algo que terminó en una masacre y un desastre en México”, indicó el diputado Nicolás del Caño.