El metropolitano Ricardo Ayala seguirá detenido acusado de haber disparado tres veces a Lucas Cabello en la puerta de su casa, en La Boca, con su arma reglamentaria y por una supuesta discusión mientras el uniformado estaba de consigna por una custodia a una vecina del mismo edificio. El fallo, de la Casación Penal Nacional, a cargo de Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín y Luis García, rechazó el pedido de excarcelación de la defensa del metropolitano, que sostiene que había disparado en legítima defensa. Casación sostuvo también el cambio de calificación del delito tal como lo revisaran los jueces Mario Filozof y Marcelo Lucini, de la Cámara de Apelaciones, quienes consideraron que disparar tres veces contra alguien desarmado, las dos últimas cuando la víctima ya estaba herida e indefensa en el piso, era erróneo. Como decir un exceso excesivo y una defensa que no fue legítima por inexistente.

El fallo de Casación, fechado el viernes pasado, rechazó el pedido de la defensa y dejó confirmada la resolución de Filozof y Lucini, de fines de diciembre.

El 9 de noviembre pasado, Ricardo Ayala, con su uniforme y de consigna, disparó tres veces contra Lucas Cabello. Una bala le dio en la ingle, y cuando el joven cayó de espaldas al piso y comenzó a retorcerse, Ayala se acercó y disparó dos veces más. Un proyectil dio en el bazo y el tercero en la pera, quedando alojado en las cervicales.

El juez de instrucción porteño Osvaldo Rappa había ordenado el procesamiento de Ayala por tentativa de homicidio, con exceso de la legítima defensa, y había dispuesto su libertad. La prueba aportada por la defensa, que Rappa tomó como cierta, fue la existencia de un arma plateada en la cintura de Cabello, arma que sólo vieron el acusado y su protegido, el hijo de la vecina, con quien había obvios vínculos de amistad. Ni el testigo que presenció los dos últimos disparos, ni los que declararon por las tres detonaciones, ni las tres únicas vainas recogidas por los investigadores peritadas como pertenecientes al arma de Ayala, ni la única arma hallada en la escena (la del uniformado) pudieron sostener la versión de la defensa. Pero Rappa le dio crédito igual y liberó a Ayala, pese a que una testigo denunció que era presionada por los metropolitanos para que ayudara “al pibe” Ayala.

Además de la argumentación de la excesiva, pero legítima al fin, defensa, Ayala contaba con un despliegue de apoyos institucionales al mayor nivel: desde el ministro de Justicia de por entonces, Guillermo Montenegro, hasta la actual gobernadora bonaerense y por entonces vicejefa porteña María Eugenia Vidal, pasando por el estratégico silencio del presidente Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno porteño.

Filozof y Lucini ordenaron a fines de diciembre la inmediata detención de Ayala, luego de aceptar los pedidos de la fiscal Susana Calleja, el titular de Procuvin, Miguel Palazzani y la fiscal ante Apelaciones, Verónica Fernández de Cuevas. Antes, rechazaron la hipótesis de la defensa, al sostener que “excluyen de la legítima defensa los casos de lesiones inusitada o aberrantemente desproporcionada” y al cambiar la calificación por tentativa de homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad”.

“El medio empleado por el indagado –sostuvieron los dos jueces– muestra una grosera desproporción e irracionalidad entre aquello que presuntamente pretendió evitar y lo que causó.” Y agregaron que “los mayores conocimientos técnicos y el especial entrenamiento de los integrantes de las fuerzas de seguridad hacen que les sea exigible una mayor precisión a la hora de evaluar la necesidad de la defensa”, y consideraron que se trató de una “gravísima violación de los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente”.

La confirmación de Casación ahora no determina, pero abre las puertas al juicio oral.

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