“Queremos un artículo IV porque no tenemos nada que ocultar”, afirmó ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. La afirmación del funcionario confirmó la decisión del Gobierno de rehabilitar la auditoría anual de la economía realizada por el staff del Fondo Monetario Internacional. La última vez que el organismo multilateral visitó la Argentina para elaborar ese documento fue en mayo de 2005, siete meses antes del pago anticipado de toda la deuda con el FMI concretada por el ex presidente Néstor Kirchner. La revisión macroeconómica es un requerimiento para los países miembro del Fondo. Si bien se trata de una supervisión técnica de la economía local, esos informes funcionaron históricamente como mecanismos de legitimación para implementar políticas fiscales, monetarias, laborales y cambiarias ortodoxas que no necesariamente eran exigidas por el organismo.

La decisión de permitir la supervisión del Artículo IV no representa un paso hacia la solicitud inminente de un crédito al Fondo. Desde la lógica del Palacio de Hacienda, la “normalización” del vínculo representa un activo adicional ante inversores extranjeros y futuras colocaciones de deuda externa al tiempo que los diferencia de sus antecesores en la Casa Rosada. Así, el anunciado regreso de las misiones del organismo forma parte del proceso de reinserción plena en el sistema financiero buscada por el Palacio de Hacienda, donde también se deben computar otras iniciativas concretas y simbólicas. En ese listado se anotan el desmantelamiento de las regulaciones cambiarias, la reactivación de las conversaciones directas con los fondos buitre, la instalación de un esquema de metas de inflación, el crédito de corto plazo con bancos extranjeros que sería anunciado hoy y la participación del presidente Mauricio Macri con sus colaboradores especializados en el Foro Económico Mundial de Davos.

Fue precisamente desde Suiza donde el ministro Prat-Gay dio la bienvenida al Fondo durante una conversación con la agencia de noticias financiera Bloomberg. Las autoridades del FMI habían expresado en diciembre su intención de restablecer “un diálogo más profundo con las autoridades argentinas sobre las políticas económicas”, pero el inicio del diálogo bilateral informal entre los referentes económicos de Cambiemos y el Fondo se remonta al tramo final de la campaña presidencial. De todas formas, en el FMI indicaron a este diario que “todavía no hay novedades sobre el Artículo IV”.

Hasta el momento, el ingreso de divisas de diferentes fuentes prometido por el ministro Prat-Gay al iniciar su gestión está lejos de cumplirse. El interés del funcionario para revitalizar el vínculo con el cuestionado organismo multilateral de crédito no es novedoso. Al insertarse como referente de la Coalición Cívica en 2008, comenzó a reclamar que el país solicite financiamiento al FMI. De hecho, la iniciativa formó parte de su campaña para diputado nacional al año siguiente. Durante una entrevista con Página/12, el ex banquero central y ex empleado del JP Morgan Chase se refirió a la posibilidad de rehabilitar las supervisiones del artículo IV: “No tendría ningún problema en que me evalúen si hacemos las cosas bien. En la Argentina agrandamos giles y, entre ellos, a los burócratas del Fondo. Uno se sienta, les explica las cosas y los puede convencer. Hoy están dispuestos a prestar casi sin exigencias. Ahora si vamos a ser tan estúpidos de pagarle todo cuando no había que pagarle y después dejar pasar la oportunidad de que nos presten...”.

A pesar de las permanentes tensiones, el acercamiento al FMI tampoco estuvo fuera de la agenda del gobierno anterior. Con una agenda distinta a la de Prat-Gay, los últimos tres ministros de Economía del kirchnerismo –Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof– evaluaron con las autoridades del organismo la posibilidad de permitir nuevamente la realización de los informes anuales. Explicaban que si se evitaba el circo mediático saliente en esas visitas durante los años finales de la convertibilidad, la difusión de un documento técnico crítico no representaba un inconveniente para un gobierno que se mofó de los errores de diagnóstico del FMI y hacía gala de los grados de libertad adquiridos al independizarse del organismo. No se llegó a un acuerdo. De todas formas, el organismo multilateral fue convocado para colaborar con la elaboración de las estadísticas de precios y crecimiento elaboradas por el Indec. Las críticas del organismo conducido por la francesa Christine Lagarde decantaron en una moción de censura contra el país. En junio del año pasado, el Fondo señaló que Argentina “aún no cumple totalmente con su obligación respecto del suministro preciso de datos” y extendió el plazo para alcanzar ese objetivo hasta julio.

Tradición y presente

Las relaciones entre Argentina y el FMI fueron tirantes desde la crisis de 2001-2002, pero las recetas de ajuste se remontan al primer crédito otorgado por la entidad al país en 1958. Durante el kirchnerismo, el organismo cuestionó la nueva orientación macroeconómica y la reestructuración de la deuda. La tensión se profundizó después del pago anticipado de los casi 10.000 millones de dólares de deuda que acumulaba el país en 2006. A pesar del desempeño económico, laboral y distributivo exhibido por el país, los reclamos para ajustar el gasto público, enfriar la demanda y fortalecer el clima de negocios fueron una constante de los informes del Fondo, donde se presentaron sus (fallidos) pronósticos de bajo o nulo crecimiento. A la incapacidad de un FMI para prevenir el estallido de la crisis internacional más grande desde 1930 se sumó la revitalización de sus tradicionales exigencias de ajuste fiscal y monetario junto con reformas estructurales del mercado de trabajo y el sistema previsional a la que están sujetos sus “salvatajes”. Incluso cuando el organismo comenzó a recomendar gastar más para sostener la demanda, una investigación realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) reveló cómo 31 de los 41 créditos otorgados en ese momento a economías de bajos ingresos incluyeron exigencias de políticas fiscales y/o monetarias procíclicas que exacerbaron las recesiones. Como se trataba de países como Burkina Faso, Jamaica, Pakistán, Ucrania, Nigeria y Lituania, no fue sino hasta la erupción de la crisis de la Eurozona que se reveló la voracidad del FMI. Las experiencias de Grecia y España son dos ejemplos recientes de la vitalidad que tienen los tradicionales lineamientos ortodoxos del Fondo que guiaron las orientación macroeconómica (y las crisis) en América Latina durante las décadas del ochenta y noventa.