Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri removió al nieto recuperado y ex diputado nacional Horacio Pietragalla de la dirección del Archivo Nacional de la Memoria. El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, plantea que Pietragalla “fue puesto en funciones cuatro días antes” de la asunción del nuevo gobierno como presidente del Archivo, un cargo “de conducción política que debe adecuarse a los lineamientos fijados” por el Poder Ejecutivo Nacional. Los organismos de derechos humanos ratificaron que están “unidos” para “exigir que no se retroceda en lo hecho y se respondan las necesidades emergentes” que vayan a tener en esta etapa, sobre todo en lo referido al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

El temor que los organismos de derechos humanos tenían los primeros días de Cambiemos en el gobierno nacional fue confirmado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en una reunión con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas: Pietragalla sería reemplazado en el mando de la institución que resguarda información sobre el genocidio de la última dictadura por “una persona de confianza” del nuevo secretario. El abrazo que las agrupaciones organizaron hace algunas semanas a modo de “resistencia”, no hizo mella.

Ayer, a través del decreto 218/2016, el Ejecutivo dejó sin efecto el nombramiento del ex diputado que Cristina Fernández de Kirchner efectuó en los primeros días de diciembre pasado y lo reemplazó por Gustavo Luis Jesús Peters Castro, “quien reúne los requisitos de idoneidad técnica y moral para el desempeño del cargo”, asegura el texto firmado por Macri, que le da al funcionario rango y jerarquía de subsecretario. El flamante titular del Archivo no es ajeno a la ex ESMA, donde tiene asiento la institución, ya que participa del directorio de ese espacio como representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director del disuelto Instituto Espacio para la Memoria y, desde allí, colaboró con la gestión de Avruj en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural porteña.

“No nos agrada este cambio porque es una persona que no forma parte de nuestra historia”, admitió la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en diálogo con este diario. Confesó que Avruj se acercó hace algunas semanas a la casa de las Abuelas. En la reunión, las dueñas de casa, las Madres y los familiares le solicitaron el resguardo del contenido del archivo y la continuidad de Pietragalla “cosa que él desestimó”. “Se comprometió a resolver los reclamos que le hiciéramos de aquí en más, pero dijo que en el Archivo necesitaba a alguien de su plena confianza”, apuntó Carlotto.

Según el texto del decreto firmado por Macri y Garavano, la designación del presidente del Archivo Nacional de la Memoria “no responde a un proceso de selección abierto y de evaluación de antecedentes del candidato propuesto, sino que responde únicamente a una decisión del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, la presidenta de Abuelas compartió con la integrante de Hijos Amy Rice Cabrera la “preocupación” por la continuidad de la protección de “las fotos, las denuncias, los documentos e incluso los objetos de valor personal que las familias de víctimas de la última dictadura depositaron en el Archivo” y la continuidad de los puestos de trabajo que lo hacen funcionar. “Es necesario que se garanticen los puestos de trabajo del Archivo y del Espacio en su totalidad así como que se reincorpore a quienes ya fueron despedidos. Los trabajadores son los que sostienen en cotidiano las políticas construidas en estos años de preservación y construcción colectiva de la memoria”, postuló Rice Cabrera.

El reclamo para que no haya despidos integrará la agenda de temas con la que los organismos de derechos humanos asistirán a una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En realidad, el pedido de audiencia había sido dirigido a Macri, quien lo desestimó. “Alegó apretadísima agenda”, reveló Carlotto. Pero habrá reunión, de todos modos. Los recibirá el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el 27 de febrero. “Nos preocupa que desde el Gobierno se garanticen los juicios, la investigación de la pata civil del terrorismo de Estado, la búsqueda de los nietos que falta encontrar, el proceso de verdad sobre el destino de los desaparecidos a través del reconocimiento de sus restos y la continuidad de la gestión en los sitios de la memoria, en muchos de los cuales hoy se encuentra comprometida la presencia del Estado”, enumeró la integrante de Hijos. “Si el Estado no nos respeta, que tampoco espere un respeto absoluto de parte nuestra. Estamos defendiendo los derechos que tenemos por vivir en democracia”, concluyó Carlotto.