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Especialista en seguridad ciudadana y defensa nacional, el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín es una de las voces más relevantes en materia de políticas públicas para combatir el narcotráfico. En diálogo con Página/12, Saín cuestionó en duros términos la Emergencia en Seguridad decretada por Mauricio Macri y retrucó los argumentos del PRO en favor de la iniciativa, cuyo punto central es el control del espacio aéreo y la habilitación a las Fuerzas Armadas para derribar una aeronave considerada “hostil”. “Están intentando encubrir deficiencias, establecer mecanismos de control y endosarle al kirchnerismo parte de la responsabilidad de este desmadre”, asegura el docente universitario, quien advierte que las estrategias implementadas por el PRO fueron abandonadas en otros países del mundo como Estados Unidos porque “fracasaron”.

–El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, calificó de “hipócritas” a los que criticaron la habilitación del derribo de aviones porque el kirchnerismo la utilizó en nueve oportunidades. ¿Qué le responde?

–Hay una gran diferencia. Las veces que se utilizó fue en cumbres de presidentes. Lo que se hacía era declarar una zona de defensa aeroespacial durante la cumbre y en un campo de 200 kilómetros a la redonda, donde iban a residir los mandatarios. Eso comienza con la Cumbre de las Américas en el 2005, y termina con la reunión del Mercosur en Paraná. Era un mecanismo llevado a cabo por el ministerio de Defensa, con unidades militares abocadas a eso, en el campo de la Defensa Nacional. Nunca se utilizó para lo que es interdicción en materia de control de narcotráfico.

–Algunos juristas consideraron que el decreto viola las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, ¿es así?

–La ley de Defensa Nacional incluye a las Fuerzas Armadas como un instrumento contra un ataque militar de otro Estado y de las Fuerzas Armadas de otro Estado sobre el nuestro. O un ataque de una fuerza irregular, pero con un sentido análogo. Lo que la ley establece es “agresión externa”. Nosotros fuimos los autores del decreto 727 del año 2006, que reglamenta eso de manera absolutamente precisa. Ese es el decreto de Nilda Garré. Fuimos muy cuidadosos y no dejamos ningún tipo de duda. La ley de Seguridad Interior solo habilita en tres situaciones excepcionalísimas la intervención de unidades militares en seguridad interior. En ninguna de ellas las Fuerzas Armadas pueden intervenir como policía.

–Si una aeronave no está en regla ni responde a las advertencias, ¿por qué no podría derribársela?

–¿Por qué suponés que la no comunicación de la aeronave y la persistencia de una actitud hostil implica que lleva drogas? ¿Quién se hace cargo si no lleva droga y lleva cuatro mujeres secuestradas para trata de personas? Además, el Gobierno no sabe si el grueso de la droga que ingresa al país lo hace por vía aérea. No tienen un diagnóstico claro de la situación del narcotráfico en nuestro país, y particularmente de lo que es el tráfico transfronterizo de drogas desde el exterior. No tienen un dispositivo de inteligencia compleja, integrada. Y además, la introducción de drogas de una jurisdicción a otra, implica una red narcotraficante en el país de destino. Ellos están dejando de lado la estructura narcotraficante local.

–¿Cómo analiza el reemplazo del escudo norte por el “operativo frontera”?

–La estrategia que dan en el “operativo frontera” es la interdicción aérea, que busca evitar el ingreso de droga al país. Creer que así se va a neutralizar es no conocer la experiencia de los tres mercados de cocaína más importantes y grandes del mundo, que son Estados Unidos, Europa y Brasil. Ellos no producen la cocaína sino que la introducen a través de sus fronteras. Son los países más sofisticados en sus sistemas de control satelital, radárico y de seguridad de su frontera. Sin embargo, Estados Unidos abandonó la interdicción como estrategia hace 20 años porque fracasó. Además, la interdicción por la que optó el gobierno deja de lado la interdicción terrestre, fluvial o marítima.

–Entonces, más allá de la cuestión legal, ¿no es una política efectiva en la lucha contra el narcotráfico?

–No. Y además deja de lado por completo el elemento de mayor daño e importancia social e institucional que es la estructuración de organizaciones criminales en las grandes ciudades, que además tienen la particularidad de que tienen protección del propio Estado porque las policías regulan esos mercados. Eso está por fuera de la emergencia de seguridad pública. No hay grupo narcotraficante que regentee el mercado interno que no tengan protección policial. Esto, que es el problema más grave de la argentina está fuera de la emergencia. No están dispuestos a ir sobre la corrupción policial. Ellos justifican la emergencia por una situación de peligro colectivo, generado por el crimen organizado. Acá genera más muertes la violencia de género, y sobre eso no hay ningún tipo de declaración de emergencia. Están magnificando el problema del narcotráfico porque están intentando encubrir deficiencias, establecer mecanismos de control y endosarle al kirchnerismo parte de la responsabilidad de este desmadre.

–Burzaco afirmó que “no es posible controlar el espacio aéreo sin involucrar a las fuerzas armadas”...

–Argentina no tiene aviones para hacer interceptación de aeronaves. La Fuerza Aérea cuenta con cuatro cazas que ahora han sido desactivados porque el explosivo de ejección del asiento está catalogado como cancerígeno y además está vencido. Lo único que hay son aviones incompetentes para estos procedimientos que son los Pucará. Si hay un vuelo furtivo de una aeronave más o menos veloz, lo que hace un Pucará es saludarlo.