En la primera reunión de Consejo de la Magistratura desde que consiguió la mayoría de siete asientos, el oficialismo buscará desestimar investigaciones abiertas contra el juez federal Claudio Bonadio y contra los magistrados que revocaron el procesamiento de Carlos Blaquier por delitos de lesa humanidad. Además, los consejeros del PRO y sus aliados estudian tomar la decisión de echar a hasta 60 trabajadores y reformar áreas clave de la estructura de ese organismo para desactivar mecanismos de control establecidos en los últimos años.

Aunque en su mensaje de apertura de sesiones del año legislativo Mauricio Macri anunció una nueva reforma del ente encargado de designar y controlar a los jueces, no esperó a que estuviera lista. Luego de conseguir que el diputado Pablo Tonelli asumiera como consejero, alcanzando el número necesario para sesionar y aprobar automáticamente la mayoría de las resoluciones del Consejo, el Presidente decidió comenzar inmediatamente a utilizar ese recurso para premiar a jueces cercanos y dar un mensaje de advertencia a los díscolos.

No es casualidad que mañana por la mañana, cuando se reúna la comisión de disciplina, se trate la desestimación de tres denuncias que recaen sobre el juez Bonadio, quien encabeza la ofensiva judicial contra funcionarios del gobierno anterior y convocó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el kirchnerismo no dudan que exista un vínculo entre ambas noticias y que al magistrado le limpiaron las investigaciones en su contra como pago por los servicios prestados.

Uno de los lastres que buscan sacarle de encima a Bonadio es el pedido de jury de enjuiciamiento que realizó el año pasado el abogado Gregorio Dalbón por supuesto prevaricato y denegación y retardo de justicia a causa del papel que jugó el juez en la causa que investiga lavado de dinero en la firma Hotesur, vinculada a la familia Kirchner. En el marco de la misma denuncia, se le achaca malversación de fondos públicos por el traslado injustificado de agentes de la Policía Metropolitana hasta Santa Cruz para realizar un allanamiento que tuvo copiosa cobertura periodística.

También se tratará la desestimación de otra denuncia, realizada por el abogado del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por mal desempeño de sus funciones. Lo acusa de rechazar in límine todos los pedidos de la defensa, de cursar mal las notificaciones y actuar fuera de días y horarios judiciales sin habilitar feria y de no haber dado intervención al fiscal. La tercera investigación en contra de Bonadio se inició por la denuncia de un particular que, tras haber sido sobreseído por el juez, se presentó más de siete veces ante el juzgado para obtener su certificado de sobreseimiento, que nunca se le expidió.

Otros que se verán beneficiados por la mayoría del PRO en el Consejo de la Magistratura son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que dictaminaron falta de mérito en el expediente que investiga a Carlos Blaquier por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Denunciados en su momento por esa decisión, de no mediar sorpresas hoy quedarán libres de culpa y cargo. Lo mismo corre para el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, también cuestionado por su actuación en juicios por crímenes durante el terrorismo de Estado: las tres denuncias en su contra quedarán archivadas si se aprueba lo propuesto en el temario para hoy.

Pero además, por propuesta del consejero Luis María Cabral, se buscará convocar a declarar al juez Norberto Oyarbide por haber suspendido un allanamiento a una casa de cambio luego de que los policías que lo llevaban a cabo le pidieran sobornos a los responsables del local. Si bien el macrismo no cuenta con la mayoría calificada de nueve miembros para iniciar un jury, la citación a Oyarbide tiene la misma lógica que la limpieza de causas en contra de jueces amigos y contiene un mensaje para todo el Poder Judicial: los que están con nosotros pueden quedarse tranquilos, los que no van a tener problemas.

En tanto, en el plenario del Consejo se intentará avanzar con el achicamiento de la planta de personal. Hasta ayer a última hora se estaban diagramando los cambios y los miembros que representan a la oposición trataban de reducir los daños, pero estaban en discusión sesenta fuentes de trabajo. Eso aparece relacionado a la reforma de dos áreas clave para el funcionamiento del organismo, y que también se discutirán hoy en la reunión que está citada a las ocho de la mañana, según figura en la orden del día.

Por un lado, la integración del equipo de auditores, que se ocupa de determinar irregularidades en el Poder Judicial. El peronismo había desplazado el año pasado al cuerpo anterior, encabezado por el radical Germán Krieguer, luego de una denuncia de Ricardo Monner Sans por irregularidades de hasta 35 millones de pesos en obras pagadas y nunca realizadas. El Frente para la Victoria denuncia que luego de destituir a los actuales investigadores, Cambiemos quiere volver a poner en su lugar a Krieguer y su equipo.

Por otra parte, el oficialismo buscará desarmar la dirección de Seguridad Informática, creada el año pasado para centralizar los recursos de protección del sistema que hace funcionar en línea al Poder Judicial, y volver a centralizar esas tareas en la Dirección de Tecnología, que está a cargo de un hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti.