Los trabajadores despedidos del programa Conectar Igualdad fueron ayer al Ministerio de Educación para pedir su reincorporación y terminaron golpeados, insultados y fotografiados por personal civil en un intimidatorio operativo policial propio de un régimen dictatorial. Muchos de sus compañeros –aquellos que todavía conservan sus puestos en la cartera de Esteban Bullrich– se vieron privados de solidarizarse con los cesanteados porque les cerraron el acceso al Palacio Sarmiento para que no se sumaran al acto que se realizaba a sus puertas. Hubo mujeres golpeadas. Al delegado del programa, Iván Kondratzky, le rompieron su teléfono celular de un palazo. También resultó agredido el secretario general de la junta interna de ATE en el ministerio, Rodrigo Recalde. El discurso de una trabajadora despedida, Florencia Alvarez, tuvo que interrumpirse por la represión, en el marco de una actividad que los despedidos definieron como “legítima y pacífica”.

El dispositivo de la Policía Federal que se montó en el acceso del ministerio por Marcelo T. de Alvear “fue planificado, no se improvisó. Había unos veinte efectivos y tenemos filmado a uno con el arma reglamentaria, además del personal vestido de civil que apareció en varias motos”, dijo Marcos Domínguez, uno de los 60 despedidos del equipo central del programa que todavía permanece en su lugar de trabajo, en un edificio muy próximo al ministerio, sobre la avenida Callao.

Sucede que a este personal contratado todavía se lo mantiene en un limbo. No se les asigna tareas a sus integrantes, se les informaron sus despidos en forma verbal el 3 de marzo pasado y no cobran sus salarios desde enero cuando tenían contratos hasta mayo próximo. Cuando ayer se presentaron en el Palacio Sarmiento para intentar que les dieran una respuesta a su reclamo, el personal de seguridad les impidió el ingreso. En todos los casos, las cesantías se las comunicaron dos coordinadoras del programa. Entre los trabajadores afectados por la medida de Bullrich hay profesionales de distintas especialidades (sociólogos, filósofos, docentes) y personal administrativo.

Todos ellos habían planificado un acto a metros del hall de ingreso que tiene el ministerio. Desde la mañana, ya no se les permitía entrar. El personal de seguridad estaba sobre aviso. La actividad había sido difundida por los medios. Pero a la prohibición de ingreso al edificio, se agregó por la tarde el bloqueo del acceso para salir. Por eso, los trabajadores denunciaron en un comunicado que “los funcionarios del ministro Esteban Bullrich, a través de un cordón policial, privaron ilegítimamente de la libertad a una inmensa cantidad de compañeros del Palacio Sarmiento que querían solidarizarse con nuestro reclamo”.

Domínguez describió: “No entraba ni salía nadie. Y a los que estaban adentro del ministerio les decían: ‘si salís, no volvés a entrar’”. Mientras esto ocurría, se juntaron unas 400 personas en el lugar. A los despedidos los acompañaban referentes de ATE, los gremios docentes de UTE y Suteba, la FES y otras organizaciones que respaldan el reclamo de reincorporación y cuestionan el desmantelamiento del programa educativo. Estuvieron los gremialistas docentes Eduardo López y Roberto Baradel y el dirigente de izquierda Alejandro Bodart.

Cuando Florencia Alvarez, una de las trabajadoras de Conectar Igualdad, estaba leyendo un comunicado donde recordaba que “el presidente Mauricio Macri dijo en su cuenta de Twitter que sueña con poner computadoras desde primer grado en todo el país para que los chicos tengan las mismas oportunidades”, el operativo pasó a la faz represiva. Los despedidos denunciaron que sobre el acceso de la calle Marcelo T. de Alvear “el mismo cordón policial se utilizó para reprimir a los que nos encontrábamos afuera, dejando como saldo manifestantes heridos, compañeras violentadas con forcejeos, empujones y otros métodos utilizados para increparlas. A una de ellas le dijeron: ‘Si fueras chabón te recontra cagaría a trompadas’”.

Los trabajadores le contaron a Página/12 que evalúan la posibilidad de presentar denuncias penales bajo la figura de privación ilegítima de la libertad contra los funcionarios públicos que participaron del operativo.

El comunicado de los despedidos se siguió leyendo media hora después de que fuera interrumpido. Un puñado de oradores cerró la actividad, entre ellos, Eduardo López, de UTE y un joven de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES). A esa altura, varios de los presentes se reponían de los golpes, sofocones y agresiones recibidas en la puerta del Ministerio de Educación. Ningún funcionario había salido desde su interior para dar explicaciones. Los trabajadores sintetizaron esa ausencia en una frase: “Bullrich habla sólo por los medios, no lo hace con nosotros”.

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