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Con mucha cautela por parte de los representantes legales de las familias de las víctimas fue recibido el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba, que archiva la hipótesis del accidente y plantea la del atentado en la investigación de las explosiones ocurridas en noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejaron un saldo de siete muertos y más de 300 heridos. “En el fallo, los tres jueces emitieron votos coincidentes, pero a la vez independientes, de manera que hay que analizar muy bien los argumentos utilizados para poder dar una opinión”, dijo ayer a Página/12 Ana Gritti, abogada querellante y viuda de una de las víctimas. Los jueces coincidieron en que la primera explosión “aparece como provocada, razón por la cual el o los autores deberían responder no sólo por el estrago mismo, sino también por sus consecuencias”. En el fallo se dejó sentado que “no debería dejarse al margen el ambiente político-económico e internacional vigente en la época de la explosión”, a fin de “evitar cualquier impunidad de quien sea”.
En ese párrafo del fallo se alude, en forma implícita, al ex presidente Carlos Menem, a varios de sus ex colaboradores e incluso al ex titular del Ejército general Martín Balza, implicados en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Todos serían llamados a prestar declaración, aunque no se sabe todavía si como testigos o como imputados. El expediente volvió ahora a manos del juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, que tuvo a su cargo la investigación y que la había elevado a juicio oral bajo la carátula de “estrago culposo”.
Ahora, Martínez está obligado a enderezar la investigación hacia la hipótesis de un acto delictivo y de ninguna manera accidental. Ante esta instancia, el juez podría apartarse de la causa, dado que emitió opinión respecto de un presunto accidente, o podría ser recusado por los abogados de las familias afectadas. Lo concreto es que el Tribunal 2, integrado por José María Tribuzzio, José María Pérez Villalobo y Octavio Cortez Olmedo, le devolvió el expediente y le ordenó una nueva investigación.
Si bien la resolución fue tomada por unanimidad por los tres miembros del tribunal, cada uno de ellos expuso argumentos independientes. El vocal Pérez Villalobo fundó su decisión en las pericias que determinaron que la voladura de la planta fue “provocada, programada y ejecutada” por expertos en explosivos, que eran “conscientes” de los efectos que provocaría.
El juez Tribuzzio sostuvo, por su parte, que “la instrucción suplementaria” realizada por el tribunal arrojó “resultados que modifican el estado del proceso”. Cortés Olmedo opinó que la primera explosión “aparece como provocada, razón por la cual el o los autores deberían responder no sólo por el estrago mismo, sino también por sus consecuencias”. La decisión abre un interrogante respecto de la situación procesal de los cinco imputados por “estrago culposo”. Tres de los involucrados son los coroneles Jorge Cornejo Torino y Edberto González de la Vega, y el mayor Diego Gatto.
“Yo siempre dije que era un atentado y me tomaban por loca. Ahora lo dice el tribunal, pero todavía no queremos abrir una opinión definitiva, porque los tres jueces dan opiniones independientes y hay que analizar muy bien los términos antes de hablar”, dijo la abogada Ana Gritti. “La parte resolutiva es muy escueta, hay que analizarla bien, y después tomar posición y ver cómo se sigue avanzando para garantizar que, de una buena vez, se haga justicia”, afirmó Gritti.