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La asociación Periodistas denunció que en Santiago del Estero la libertad de expresión está “en estado de emergencia” dado que los que “realizan críticas al statu quo y denuncian violaciones a los derechos humanos son blanco de agresiones, amenazas, hostigamiento, espionaje y persecución judicial, al punto de poner en riesgo su vida”. Tras una visita en la que entrevistaron a más de 60 personas, cuatro miembros de la entidad constataron que la situación interna en la provincia “es mucho más agobiante” que la que habían observado en el año 2000, en una recorrida anterior. La diferencia es que los entrevistados se mostraron mucho más proclives a la denuncia, motorizados por la conmoción generada a partir del avance que tuvo la investigación por el doble crimen de La Dársena.
La delegación de Periodistas, integrada por Nelson Castro, Claudia Acuña, Roberto Guareschi y Mabel Moralejo, concluyó que los testimonios describieron “un clima de terror y amedrentamiento que va más allá de las revelaciones” provocadas por el doble crimen de Leyla Nazar y Patricia Villalba, incluyendo la detención de Musa Azar, vinculado al poder político santiagueño. “Para muchos ciudadanos el miedo es un ‘modus vivendi’ (...) esto genera una actitud, digamos, resignada” aunque “son conscientes de que su dignidad está mancillada y de que se merecen otra vida”. Esto lo dijo el obispo de Santiago, Juan Carlos Maccarone, uno de los entrevistados.
Sobre Musa Azar, el obispo sostuvo que fue “uno de los primeros” que oyó como “símbolo de violencia y temor”. Las críticas exceden el tema de la violencia policial, para avanzar sobre las presiones del poder sobre la libertad de expresión. “El acceso a la información oficial y a los actos y lugares públicos resulta casi infranqueable para los medios comunitarios.” A esos medios de prensa “no sólo no los notifican de cuestiones oficiales sino que en algunos casos les dan datos erróneos”. Los únicos medios que tienen acceso a la información son los matutinos Nuevo Diario y El Liberal, que gozan de publicidad oficial. Por ese motivo, según los entrevistados, los dos diarios “responden a la publicidad oficial, y lo mismo pasa con el único canal por aire, Canal 7”. Un dato importante que se señaló fue que “el dinero que se destina a los avisos del Estado es mayor que el presupuesto de salud”. El Canal 7 recibe “entre 3 y 4 millones de pesos anuales”. Esta emisora es propiedad de Néstor Ick, empresario afín al ex gobernador Juárez y a su esposa y actual gobernadora Mercedes Aragonés.
En el informe se detallan algunos casos paradigmáticos de persecución a la prensa:
u En 1998 el gobierno provincial pidió un estudio psicológico sobre los artículos de una periodista crítica del gobierno. La psicóloga que intervino determinó que las notas provocaban “descontento” e incitaban a la “subversión”. La periodista tuvo que radicarse en Tucumán.
u En 2002 fueron secuestradas dos ediciones del periódico La Verdad, editado por las Madres del Dolor, una entidad que reclama justicia por varios crímenes cometidos por agentes del poder.
u El Liberal, a pesar de su buena relación con el gobierno, en 2000 denunció que había sido víctima de un espionaje organizado por el hoy detenido Musa Azar.