Laura Alonso está en el ojo de la tormenta por su cuestionada gestión al frente de la Oficina Anticorrupción. Desde casi todo el arco opositor reclamaron su renuncia luego de que la funcionaria salió a defender a Mauricio Macri por su participación en una empresa offshore en una guarida fiscal –según reveló la filtración internacional Panama Papers– en lugar de abrir una investigación. Pero Alonso aún tiene pendientes otras tareas relacionadas con su gestión a las que también les restó importancia institucional. El senador chubutense Juan Mario País (FpV-PJ) reclama que Alonso se expida sobre la posible “situación de incompatibilidad y/o de conflictos de intereses” que, de acuerdo con la Ley de Etica Pública, podría corresponder a los ex CEO de empresas multinacionales que desembarcaron en el gobierno nacional. La lista abarca a ministros, secretarios y directores que pasaron a manejar información sensible del Estado con la que podrían favorecer a sus ex patrones o a las empresas de las que son accionistas.

“Solicitar al Poder Ejecutivo que, por donde corresponda, envíe copias autenticadas de los dictámenes, informes, memorandos, documentos o actuaciones equivalentes que se hubieren realizado en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en los que se haya analizado a la luz de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la existencia de incompatibilidades y/o conflictos de intereses respecto de las personas que se mencionan en el artículo siguiente, que han sido designadas en distintos cargos de la Administración Pública Nacional desde el 10 de diciembre de 2015”, dice el pedido de informes que País presentó en el Senado.

El segundo artículo detalla una lista de una docena de funcionarios macristas que llegaron al Gobierno con el curriculum de CEO de multinacionales y corporaciones ahora desparramados en áreas centrales del Estado nacional.

La nómina va desde el ministro de Energía, el ingeniero Juan José Aranguren, “ex CEO y aún accionista de la empresa petrolera Shell” hasta el “procesado por la causa denominada Megacanje” de la deuda externa, Federico Sturzenegger, ahora al frente del Banco Central de la República Argentina.

La lista continúa. David José Tezanos González, actual interventor del Ente Nacional Regulador del GAS, fue presidente de Metrogas SA, compañía de distribución de gas natural que se quedó con una de las porciones más grandes de la desguazada Gas del Estado. El contador Juan Antonio Garade, vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y “ex Director de Planificación, Control y regulación de Edesur y ex miembro de G & P Management Consultants”, que desde los Estados Unidos realiza “análisis de negocios” y “planificación estratégica” para empresas. El ingeniero Ricardo Sericano, también vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y “ex gerente de Edenor”, la otra compañía de distribución eléctrica en la que se dividió la privatizada empresa estatal Segba.

Aunque conocida, la lista no deja de sorprender: los hombres que manejaron compañías multinacionales y monopólicas privadas radicadas en el país pasaron a ser ahora quienes deben “controlar” desde el Estado a sus ex patrones, a quienes hasta hace muy poco defendieron hasta llegar a los más altos cargos directivos de esas empresas.

El desembarco, de los CEO en el gobierno nacional es multitudinario. El secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el licenciado Gustavo Lopetegui, era el CEO de la empresa LAN Argentina, la principal competidora de la estatal Aerolíneas Argentinas en vuelos de cabotaje y distintas rutas internacionales: él también figura en la lista confeccionada por el senador chubutense. Lo mismo que Matías García Oliver, actual subsecretario de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de la Nación –que comanda Marcos Peña– y anterior director de Asuntos Públicos de DirecTV Argentina.

También figuran en el pedido de informes José Ignacio García Hamilton, responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación y ex director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour. Osvaldo Norte Sabino, subinspector General de Justicia y ex socio del Estudio Jurídico Marval, O’Farrell & Mairal: “Nos distingue nuestra clara trayectoria en asesoramiento a empresas multinacionales e instituciones financieras internacionales en sus operaciones y transacciones en la Argentina y en el mundo. Además, nos caracteriza la experiencia en las complejidades de las transacciones que involucran más de una jurisdicción”, dice la página web institucional del estudio que participó de las negociaciones de la deuda externa argentina.

La nómina continúa con Rocío Balestra, actual directora de la Comisión Nacional de Valores y ex asesora legal en Transportadora Gas del Sur. Otro abogado, Manuel Alvarez Trongé, actual director de Aerolíneas Argentinas, fue representante de Latam, que fusionó parte de la compañía chilena LAN y la brasilera TAM, competidoras de la línea aérea de bandera.

Los abogados que defendieron a los bancos denunciados por fuga de divisas y lavado de activos en el país fueron nombrados por el presidente Macri para dirigir la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar y denunciar esos delitos. María Eugenia Talerico, vicepresidente de la UIF, fue abogada del HSBC en casos de lavado de dinero denunciados a nivel internacional y que involucran a 204 argentinos con cuentas bancarias en Ginebra. También será director de la UIF Mariano Federici, “quien trabajaba como técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF”.

“La presente Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”, dice el senador País en los fundamentos de su pedido. Entre los artículos de esa ley, el inciso b del artículo 14 establece que los funcionarios públicos deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años o tenga participación societaria”. Alonso debería responder.