“Eramos prácticamente esclavos.” Luis Fernando Rodríguez Palma es el padre de Harry, de 3 años, uno de los cinco chicos que murieron hace diez años, el 30 de marzo de 2006, en el taller de Luis Viale 1269, en el barrio porteño de Caballito, como consecuencia de un incendio. Además de Harry, fallecieron Luis Quispe, de 4 años; Rodrigo Quispe Carabajal, de 4; Elias Carabajal Quispe, de 10, y Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 años. La sexta víctima fue Juana Vilca, de 25, que estaba embarazada. Hoy comienza el juicio oral, en el que hay sólo dos imputados que siguen en libertad, y el papá de Harry recalca que los diez años transcurridos fueron “muy dolorosos para nosotros” porque, además de las pérdidas humanas, no pueden entender “cómo, habiendo tantas pruebas de cómo trabajábamos y vivíamos hacinados en el lugar, todavía no hay nadie preso y los dueños de la fábrica (de la que dependía el taller) ni siquiera están imputados” en el juicio.

Los que llegan imputados al proceso oral son los dos capataces del taller, el argentino Juan Manuel Correa y el ciudadano boliviano Luis Sillerico Condorí. La querella, además de pretender “una condena ejemplar” para los talleristas que están en el banquillo de los acusados, quieren llegar a un segundo juicio para poder imputar a los dueños de la fábrica textil ubicada en Galicia 1241, a 150 metros del taller incendiado. Ellos son Jaime Geiler y Daniel Fischberg, quienes integraban una sociedad que producía una serie de marcas de indumentaria masculina (JD, Wol y LDV), que se comercializaban en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, y en el Once. Ellos eran los que proveían la materia prima y comercializaban la producción.

En el momento del incendio, que se inició como consecuencia de un cortocircuito y que tuvo su epicentro en el piso superior del inmueble de la calle Viale, en el lugar –además de trabajar– vivían 64 personas, entre ellas 38 menores de edad. Buena parte de los trabajadores provenían de Cantón Cohana, un pueblito muy pobre de Bolivia, a 100 kilómetros de La Paz.

Todos dormían en la planta alta, donde comenzó y se propagó el fuego. En el inmueble había un solo baño con ducha, sin agua caliente; los testigos recordaron largas colas a la madrugada para poder bañarse.

El taller tenía una habilitación del año 2001, pero se afirma que nunca fue inspeccionado en los cinco años siguientes. Todos dormían hacinados, en “habitaciones” hechas con telas y tabiques. Cuando los contrataron, les dijeron que les pagarían entre 70 centavos y un peso 20 por cada prenda confeccionada. El compromiso de pago nunca se cumplió. Los que tenían familia recibían 100 pesos por semana y los solteros sólo 50 pesos. Trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 22 o 23, de lunes a sábados.

Luis Fernando Rodríguez Palma y su esposa, Sara Gómez, habían llegado a la Argentina en 2005, con sus hijos Kevin y Harry, luego de contactarse con Sillerico Condorí, a quien conocían porque eran oriundos del mismo pueblo.

“Primero éramos tres familias nomás, pero después fue llegando más y más gente, y ya veíamos que la situación se ponía fea; muchos se enfermaban, un niño casi se electrocuta y nos queríamos ir, pero no nos pagaban y entonces no teníamos adónde”, recordó Sara.

El matrimonio aseguró que veían llegar “a los inspectores (del Gobierno de la Ciudad), veíamos cómo recibían su paga o se llevaban ropa y se iban lo más contentos, sin tomar ninguna medida. Todos se hacían los ciegos”. Lourdes Hidalgo, por su parte, había llegado de Bolivia en 2005, pero comenzó a trabajar en Luis Viale en enero de 2006. “Cuando conocí el lugar pensé que era una fábrica, era muy grande. Empecé a trabajar muy contenta, y cuando se cumplió el mes me dijeron que la paga se hacía cada tres meses”.

Lourdes alquilaba una pieza en un lugar cercano, pero como no les pagaban, tuvo que irse a vivir al primer piso del taller. “Yo me quejaba, y reclamaba por las condiciones del baño, pero me dijeron que si no me gustaba, que me fuera nomás”. Dijo que no lo hizo porque no les pagaban “y sin dinero no podía irme”. Reconoció que hubo gente que le decía “por qué me quedaba si la puerta estaba abierta par irme, pero no entienden que no tenía ninguna posibilidad más que vivir en la calle: me quedé a terminar 400 prendas porque me dijeron que después de eso me pagaban, pero no fue así”.

El día del incendio, a las cuatro de la tarde, Lourdes se encontraba en el primer piso, recostada mirando una novela porque no se sentía bien, cuando escuchó los gritos de los niños y comenzó a ver el humo. “Fui hasta la pieza de Luis Fernando porque de allí salía mucho humo y vi los colchones que se quemaban, había uno de los nenes, Kevin, lo agarré y me lo llevé conmigo gritando por lo que estaba pasando. Abajo casi no nos escuchaban porque la radio estaba muy fuerte para evitar que los costureros se durmieran”.

El incendio se produjo por el recalentamiento de un sistema eléctrico rudimentario. El fuego se inició en el cable de un televisor y se propagó rápidamente en el primer piso. Cuando los costureros intentaron subir a rescatar a los menores, el humo y la oscuridad se los impidió.

El juicio se inicia hoy, a las 8 de la mañana, en el Tribunal Oral 5, integrado por Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López.

Los abogados querellantes son Gabriel Chamorro, en la causa civil, y Miriam Carsen en el proceso penal. “Sólo hay dos procesados en el juicio y en dos oportunidades la justicia de primera instancia intentó cerrar la causa con juicios abreviados por ‘estrago culposo seguido de muerte’, en los que la fiscalía negoció con ellos que acepten la culpa a cambio de tres años de prisión en suspenso”, recordó Chamorro. “Apelamos y logramos el juicio oral en el que pediremos que se los responsabilice de homicidio con dolo eventual, pero también apuntamos a demostrar que se dio el delito de ‘reducción a servidumbre’”, cargo que hasta hoy no ha sido tenido en cuenta.

Los querellantes dijeron que esperan reunir “pruebas suficientes para que también sean procesados Jaime Geiler y Daniel Fischberg, a quienes ni siquiera se los citó a declarar” como testigos. También pretenden que se investigue “qué pasó con la falta de controles de parte del Gobierno de la Ciudad”. Cuando ocurrieron los hechos ya había sido destituido Aníbal Ibarra, luego del incendio en Cromañón, y su lugar fue ocupado por Jorge Telerman. Desde la asunción de Mauricio Macri, los sobrevivientes apenas recibieron un subsidio de 300 pesos, cuando el salario mínimo era de 800.