El gobierno argentino quedó en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de la audiencia pública sobre libertad de expresión en el país realizada el pasado 8 de abril en Washington, donde un grupo de peticionantes liderado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrado por organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios y universidades pertenecientes a la Coalición por la Comunicación Democrática, se presentaron para denunciar que las modificaciones introducidas por el gobierno de la alianza Cambiemos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) constituyen un atropello al derecho a la comunicación y violan los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Si bien los representantes del gobierno argentino, encabezados por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, argumentaron en la audiencia que las reformas se deben a la “velocidad de los cambios en las tecnologías de la información”, la CIDH dejó en claro ahora en un comunicado de prensa –en el que también se refiere a otros temas– que “toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”.

Fueron los propios representantes del gobierno argentino quienes manifestaron durante la audiencia en Washington que los cambios introducidos por decreto en la LSCA tienen carácter “transitorio” y se comprometieron a realizar consultas a todos los sectores interesados, incluidos los peticionantes, para la elaboración de una nueva norma en materia de servicios de comunicación audiovisual.

No menos significativa es la apreciación de la CIDH subrayando el “principio de no regresividad en materia de derechos humanos” en la materia, advirtiendo sobre el riesgo que implica echar por tierra los avances logrados en los últimos años sobre el tema, en particular a raíz de la aprobación en el 2009 de la LSCA.

El Estado argentino argumentó a su favor que las reformas de la ley introducidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) fueron posteriormente convalidadas por el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados.

Frente a esta declaración, la CIDH reconoció el valor del anuncio del Gobierno en el sentido “de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales”, lo que –de acuerdo a lenguaje diplomático– puede leerse como un señalamiento directo al gobierno argentino para que dichas consultas se realicen efectivamente.

La comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para redactar un proyecto de ley funciona en el marco del Ministerio de Comunicación y está coordinada por la ex diputada radical y hoy en el PRO Silvana Giudici, en la actualidad miembro del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a quien se recuerda como acérrima opositora a LSCA durante su discusión y posterior aprobación en el Congreso.

La comisión está integrada además por el filósofo Santiago Kovadloff; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; el secretario de las Tecnologías y Información y Comunicación, Héctor Huici; el abogado y miembro del directorio de Enacom Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat, el también abogado Henoch Aguiar. Todos los nombrados se han caracterizado por sus críticas a la ley vigente. Hasta el momento no hay noticias de una convocatoria a otros expertos o personas con una perspectiva diferente a la del Gobierno en materia de comunicación y servicios audiovisuales.