La postal más sorprendente de los allanamientos de ayer en Santa Cruz fue la de una excavadora abriéndose paso en la inmensidad de la estancia Cruz Aike en busca de dinero en efectivo de Lázaro Báez que pudiera estar enterrado. El fiscal Guillermo Marijuán dijo que desde un helicóptero había visto algo de tierra “removida” en el lugar y “montículos de piedras” que le habían llamado la atención, y que por eso decidió contratar una máquina que cavara en las profundidades. Por las dudas, como refuerzo, llevó unos perros entrenados para rastrear dinero. Por ahora digamos que no fue la búsqueda más fructífera. En cambio, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia aparecieron un total de 150 propiedades que hasta ahora no figuraban en la causa ni en los 48 procedimientos que componían el operativo inicial de la causa a cargo del juzgado de Sebastián Casanello. Son inmuebles, según dijo Marijuán a Página/12, a nombre del propio Báez de sus tres hijos de las empresas vinculadas a ellos, que “no figuraban declarados en la AFIP” “ni estaban en el expediente”.

La investigación de todos los bienes va a llevar varias semanas, según vaticinan en el juzgado. El objetivo primordial que estableció el juez es lograr la tasación de todas los inmuebles, incautar los bienes y objetos de lujo y rastrear toda propiedad vinculada a Báez, su familia o círculo cercano que no haya entrado en el radar del expediente, en el que están presos el empresario de la obra pública, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, implicados en voluminosas maniobras de lavado de dinero. El objetivo de la tasación e identificación del patrimonio es “recuperar activos” una vez que se demuestre el perjuicio ocasionado por los delitos cometidos. Casanello envió personal de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los del ente recaudador le tiraron un baldazo de agua fría cuando avisaron que no podían hacer tasaciones. El juez consultó al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, y resulta que los únicos dos tasadores que hay están de licencia. Sin otras opciones, según informaron allegados a la causa, tuvo que recurrir al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que ya habría mandado personal.

En los procedimientos participa personal de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ayer hubo allanamientos en viviendas de los tres hijos de Báez (Martín,Leandro, Luciana y Melina), en oficinas y estancias. En la casa particular de Báez se incautaron 91 mil dólares, que no es considerada una cifra significativa para la envergadura de la causa. Una versión indicaba que se halló un bolso con tierra, como si hubiera estado escondido. También se secuestró una biblioteca con una colección de alto valor, algunos incunables. Había libros, por ejemplo, que pertenecieron al Perito Moreno, otros de Evita y uno firmado por Jorge Luis Borges. Las casas de los hijos se encontraban habitadas. Dos de las estancias detectadas, que están a tres kilómetros de distancia entre sí, “tienen cientos de metros cuadrados, y están amuebladas y prácticamente sin uso”, según describió Marijuán a este diario. Entre los bienes de lujo incautados, además, hay diez autos costosos y de alta gama.

Casi nadie cree, ni en los tribunales federales porteños ni en los de Río Gallegos, que Lázaro Báez haya conservado grandes cantidades de dinero en efectivo en alguna parte después de más de cinco años, que es la época en que según Leonardo Fariña escondía billetes en bóvedas o algún rincón de sus estancias. Fariña dijo también desde el comienzo que él mismo colaboró con importantes maniobras del empresario para sacar su fortuna afuera del país, y situó las operaciones entre 2011 y 2012. De hecho fue lo primero que contó en televisión, al igual que el financista Federico Elaskar, y que llevó a la apertura de la investigación. Por todos los indicios que llevan a suponer que la fortuna salió del país o fue invertida y reciclada, desconcertó tamaño despliegue con una excavadora. El propio Marijuán, cuando los medios le preguntaban, dijo que no creía que hubiera dinero enterrado o en bóvedas, pero acotó que no podía descartarlo. Lo justificó así: “vimos desde el aire una zona como una cantera, donde se removió mucho terreno, y particularmente es distinto ese lugar respecto al resto de la planicie de la estancia misma. Queríamos saber qué hay y por eso estuvo trabajando allí una máquina”.

La casa de Martín Báez, paradójicamente, queda en la calle Comodoro Py como aquella en la que están ubicados los tribunales federales porteños, donde lo juzgan, en honor a un marino que defendió la soberanía en la Patagonia, y en especial en Santa Cruz y al parecer allí no se secuestró nada. Martín es socio de su padre en varias empresas y aparecía contando dinero (5,1 millones de dólares) en el famoso video de la cámara interna de la financiera SGI que reavivó el expediente y hasta determinó la detención de su padre. El joven está procesado, al igual que el hijo del contador Pérez Gadín, Sebastián.

Las fuerzas de seguridad empezaron a avanzar hacia otras localidades, como Río Turbio y –a 14 kilómetros de ahí– 28 de noviembre, en busca de más propiedades. La lista de 150 que Marijuán informó que existe surge del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz, que ayer le entregó todos los documentos.

Según revelaron medios uruguayos, una jueza de ese país, Adriana de los Santos, embargó el campo El Entrevero, de Báez, ubicado en José Ignacio, en Maldonado, en una investigación por lavado de dinero que lleva adelante desde 2013. Según declaró Fariña, fue comprado por 16,5 millones de dólares en agosto de 2011.

Marijuán dijo que los 150 inmuebles no estaban declarados.