El acompañamiento religioso de la Iglesia católica a la represión ilegal de la última dictadura “no consistió en aportes individuales y dispersos de sacerdotes sino en una acción institucional y planificada”, recordó ayer el sociólogo Ariel Lede ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán en la sexta audiencia del juicio por el Operativo Independencia. Coautor junto al historiador Lucas Bilbao del libro “Profeta del genocidio”, el primer estudio sistemático sobre los aportes del vicariato castrense al terrorismo de Estado, Lede explicó que los sacerdotes “eran miembros del Estado remunerados y su función consistía en brindar atención espiritual a los miembros de las fuerzas armadas, en el alivio de las conciencias de las tropas y de los oficiales al momento de ejercer métodos represivos, en especial de las torturas”.

Por la mañana declararon algunos imputados. Jorge Lazarte, que ya suma dos condenas, afirmó por videoconferencia que “estábamos en un gobierno constitucional” y “obedecimos órdenes del Ejecutivo”. Según el portal del Colectivo La Palta, el militar se explayó sobre el contexto de la guerra fría, el PRT-ERP, lo que consideró “acciones subversivas importantes”, y parafraseando a Luciano Menéndez lamentó que “los vencidos que querían imponer el socialismo marxista juzgan a los vencedores”. José Roberto Abba aceptó responder preguntas pero su testimonio se interrumpió por problemas técnicos en la videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido pese al reclamo de los fiscales para que los acusados estén en la sala. Omar Edgardo Parada se presentó como “un general de la Nación imputado falsamente por delitos graves contra las personas” y dijo que no participó “de ningún plan sistemático contra opositores políticos”. “No operé por obediencia debida, fui consciente de mis responsabilidades”, admitió.

Tras un cuarto intermedio, Lede se convirtió en el primer testigo del megajuicio. “Algunos sacerdotes fueron funcionales a los delitos de lesa humanidad a partir del acompañamiento espiritual a las Fuerzas Armadas”, explicó el joven sociólogo, que investigó al vicariato a partir de los diarios del provicario Victorio Bonamín. “El vicariato castrense fue el instrumento principal que tuvo la Iglesia católica argentina para intervenir en la cuestión militar. Primero en la formación religiosa en las épocas previas a la dictadura y luego acompañando la actuación militar desde el Operativo Independencia”, recordó. Luego de afirmar que no se trató de ovejas descarriadas sino “una acción institucional y planificada” y que los sacerdotes cobraban sueldo para asistir a los torturadores, Lede se explayó sobre el despliegue territorial del vicariato. “Se ajustó a cinco zonas con sus cuerpos de Ejército a la cabeza y contó con más de 400 capellanes durante 1975 y 1983”, precisó. “El Operativo Independencia fue también para el vicariato castrense un ensayo”, afirmó, y puso a disposición del tribunal un listado con los nombres de los 42 capellanes que actuaron en Tucumán antes del golpe de Estado.

El segundo testigo fue Rubén Juárez, un ex conscripto que prestó servicios en el Hospital Militar de Tucumán y luego en el Hospital de Famaillá en 1975. Relató que buscaban “heridos y muertos para llevarlos al hospital” y precisó que “algunos eran militares y otros supuestos guerrilleros”. Recordó el traslado de una supuesta guerrillera desde un campamento detrás del ingenio La Fronterita. “Estaba desnuda, muy grave. Perdía mucha sangre por la vagina y tenía los pechos inflamados, moretones y golpes en la cara”, describió. “Estaba detenida, atada en un chiquero”, agregó. “Otra vez me tocó llevar al Hospital Militar entre 13 y 14 cadáveres juntos después de un combate en lugar llamado La Mesada”, indicó Juárez, quien aclaró que “nunca supe qué hacían con los cuerpos, aunque muchos decían que los quemaban”.