Desde hace más de cuatro meses, las cooperativas de la construcción no reciben fondos del Estado para las viviendas sociales. El parate mantiene a unas dos mil quinientas obras sin terminar. Por esto, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo realizará hoy movilizaciones en catorce provincias, frente a las sedes del Instituto de la Vivienda. Reclaman que el Gobierno pague los certificados de obra pendientes y que garantice la continuidad de los programas de construcción de viviendas, ya que su interrupción dejaría sin empleo a 35 mil trabajadores autogestionados.

“Las cooperativas hoy están paradas, en todo el país. En algunos casos las obras quedaron por la mitad, en otros faltan techos o las últimas etapas. Pero lo que más nos preocupa, porque creemos que eso finalmente se va a pagar, es qué va a pasar con nosotros como trabajadores, porque no hay una visión de poner en marcha nuevos proyectos después de junio”, explicó a Página/12 Cristian Miño, presidente de la CNCT.

Los programas suspendidos dependen de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que conduce Domingo Amaya y del ministerio del Interior y Obras Públicas a cargo de Rogelio Frigerio. “Desde diciembre estamos pidiéndoles audiencias. No nos dieron una sola”.

Estas cooperativas de trabajo comenzaron a ser armadas en el año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, como una forma de crear empleo en las zonas donde la pobreza estaba más enraizada. Capacitaron en el oficio de la construcción a miles de desocupados. Una parte de ellos, una vez formados, migraron a la actividad privada. Otra se quedó en las cooperativas, que mostraron que podían lograr un porcentaje de finalización de obras por encima del de mercado. “No se da el mismo proceso que en las empresas de capital, porque nosotros tenemos una responsabilidad social, los trabajadores son de la localidad, viven en el territorio, parte de las viviendas son muchas veces para los propios cooperativistas o sus vecinos; en cambio, las empresas de capital cuando no tienen más rentabilidad se borran”, apunta Miño. Y asegura que si los auditan, “van a encontrar que el 99 por ciento de las viviendas que ejecutamos se terminaron”.

En la CNCT recuerdan, para poner en situación lo que esto significa, casos como el del barrio Las Margaritas, en Florencio Varela, donde una empresa concesionada en 2006 para construir 742 viviendas abandonó la obra en 2010. El barrio fue recuperado y terminado después por 16 cooperativas organizadas en una federación.

De los programas suspendidos, dice Miño, el principal es el de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), que además la construir viviendas apunta al mejoramiento urbano de los barrios periféricos. Otros programas afectados son los de Cloacas y Agua más Trabajo y Mejor Vivir.

Tras la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, fueron suspendidos los pagos de certificados de obras (en este sistema de construcción, las cooperativas van cobrando a medida que realizan y certifican tramos del trabajo). Esto dejó a miles de familias sin ingresos.

Las protestas frente a las sedes del Instituto de la Vivienda se realizarán desde las 11 de la mañana en catorce capitales provinciales. En cada lugar, representantes de las cooperativas entregarán un petitorio. “Estos programas sirvieron durante muchos años para dar capacitación en oficios y gestión a miles de desocupados. Con ellos, los cooperativistas pudieron tener mejores ingresos que un plan social y acceder a trabajo genuino”, indican en él. “Se abrieron a nuevas posibilidades de futuro que hoy están viendo afectadas”. La discontinuidad de los programas de vivienda golpean así a las familias de los 35 mi cooperativistas como a las que esperan acceder a sus futuras viviendas, cuya entrega está demorada. Y en un marco más general, perjudica también a las economías regionales, beneficiarias de estos movimientos.