El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad pidió que se declare el “estado de emergencia judicial” para que ese poder garantice los principios de “continuidad, justicia pronta y activa” en los procesos a represores de la dictadura. Como corolario de las IV Jornadas Nacionales, de las que participaron más de cien abogados de organismos de todo el país, el colectivo planteó la necesidad de que “la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado”, advirtió que denunciará en ámbitos internacionales “las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad en connivencia con jueces y funcionarios”, y solicitó reuniones urgentes con la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura para exigirles “un diagnostico exhaustivo” y “mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios”.

El auditorio de Abuelas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA estuvo colmado durante dos días por varias generaciones de abogados, por fiscales de todo el país y funcionarios de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El tema central el viernes fueron las dificultades para avanzar en las imputaciones a civiles, con empresarios y magistrados a la cabeza. Se destacó la importancia de usar el protocolo para investigar empresas elaborado por la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó y la necesidad de conformar la Comisión Bicameral de Identificación de Complicidades Económicas y Financieras, que el Congreso creó sólo en teoría. La jornada incluyó un panel sobre la responsabilidad de civiles no empresarios y cerró con una conferencia del jurista Eugenio Zaffaroni. Ayer, en tanto, hubo un panel sobre la investigación periodística como herramienta probatoria y luego una conferencia de prensa con la lectura del documento consensuado.

El gobierno de Macri “niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como ‘Guerra sucia’ y retrotrae las políticas públicas” sobre el tema, advierten. Señalan con preocupación que “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas sobre prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones”, y que a desafíos de vieja data como “la lentitud y fragmentación” de juicios o la necesidad de avanzar sobre responsables civiles se sumó este año la preocupación por “frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri”.

“Cuando el Secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976 o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, busca transformar en olvido símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del Movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad”, explican los abogados. El colectivo repudia además “la persecución política, el hostigamiento, la represión y criminalización de lxs trabajadorxs y militantes populares” por parte del gobierno, en particular la detención ilegal de Milagro Sala y otros militantes de la organización jujeña Tupac Amaru y el frustrado intento de arrestar a Hebe de Bonafini.